/Eunice Rendón/
Esta semana se hizo público el secuestro y aparición de 32 migrantes que viajaban a bordo de un autobús de pasajeros en la autopista Reynosa-Matamoros, en Tamaulipas. Inicialmente se habló de su rescate gracias al trabajo conjunto de autoridades estatales, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Sin embargo, con posterioridad el presidente AMLO reconoció que fueron liberados por sus captores. Hasta el momento no hay claridad acerca de lo que ocurrió, más allá de que fueron localizados y que se encuentran a salvo y eso es una buena noticia.
Este hecho puso luz sobre una situación que por desgracia no es nueva y que ha afectado gravemente a las personas en movilidad. Cabe hacer una precisión: a pesar de que el delito de secuestro ha disminuido a nivel nacional, ha aumentado en contra de los migrantes. Sin embargo, se desconoce su magnitud ya que, dada su condición de indocumentados y por temor a los criminales o por desconfianza en las autoridades, muchos no denuncian.
Actualmente las redes dedicadas al tráfico de seres humanos están encabezadas por los grandes cárteles del crimen, los cuales han encontrado en este ilícito un negocio muy redituable, haciendo de los trayectos experiencias aún más traumáticas y vulneradoras de los derechos de las personas migrantes.
Durante 2022 y 2023 en la coalición de organizaciones Agenda Migrante, recibimos diversas peticiones de ayuda y testimonios por parte de migrantes o sus familiares por secuestro, extorsión o amenazas en el estado de Tamaulipas. Y no se trata únicamente del tramo carretero en el que estos 32 migrantes fueron sustraídos, sino que son varios los puntos de riesgo y de ocupación por parte de los cárteles más poderosos y sanguinarios del país que están presentes en la zona. El control del territorio en Tamaulipas se ha visto marcado por una sucesión de grupos armados provenientes de distintas fragmentaciones. Domina el Cártel del Noreste, ramificación de los Zetas, que a su vez proviene del Cártel del Golfo; el secuestro y la extorsión de migrantes han sido su sello. Sin embargo, se ha hablado también de la presencia de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa con la intención de expandirse a dicha región.
Basta con darse una vuelta a la estación de autobuses de algunas ciudades como Nuevo Laredo para constatar la presencia permanente de halcones que revisan y detienen a personas ajenas al lugar o que piden claves a los migrantes que arriban, a falta de las cuales muchas veces son llevados sin que se conozca su paradero.
Defensores de derechos humanos y religiosos en el nordeste del país han señalado la colusión y colaboración entre grupos criminales y autoridades locales. Esto coincide con una de las líneas de investigación seguidas en el caso de los 32 migrantes, que implica a elementos de la policía estatal en el secuestro por encargo del Cártel del Golfo.
Los secuestros y extorsiones son parte importante del modus operandi de los grupos criminales. Se ha vuelto común que una vez en la frontera les quiten los celulares y llamen a sus familiares para pedir rescates a cambio de concluir el cruce. Incluso, aprovechando que la red de apoyo de muchos migrantes se encuentra en Estados Unidos, los grupos criminales han hecho pasar los rescates por remesas, ordenando a las familias que lo envíen bajo ese concepto. Migrantes han atestiguado transferencias que van desde los mil hasta los 2 mil 500 dólares.
El secuestro y extorsión de migrantes ha sido una realidad sistemática en Tamaulipas. Para hacer frente a las redes de traficantes se requiere la puesta en marcha de una estrategia intersectorial, que incluya trabajo de inteligencia con actores clave en las localidades y la colaboración con otros países. Profundizar en el modo en que operan los grupos criminales y rastrear el dinero que manejan, son estrategias necesarias para atender la situación de raíz.
