A juicio de Amparo.
MARÍA AMPARO CASAR.
Son muchos los análisis que han llenado los medios con las consecuencias ya presentes y las evidentemente venideras del COVID-19 para la salud física y financiera de los mexicanos: insuficiencia de camas, médicos, hospitales y equipamiento, escasez de medicamentos, despidos, disminución del consumo, cierres de negocios familiares o restricción de los cruces fronterizos y decrecimiento de la economía de entre 2 y 4 por ciento.
También han recibido atención la dilación en la puesta en operación de medidas para cuidar a la población, el mal ejemplo que, hasta ahora, ha puesto el Presidente y las señales contradictorias y descoordinadas de la administración. Para el Presidente, la vida parece transcurrir como business as usual o casi. Tan sólo este último fin de semana estuvo de gira supervisando la obra de dos tramos carreteros y de gira para celebrar el 214 aniversario del natalicio de Juárez. Por suerte, buena parte de la población lo ha rebasado y no ha seguido su ejemplo. Se ha autoimpuesto un encierro racional y voluntario. Lo mismo han hecho los gobiernos de los estados. Pero una crisis de la envergadura que viene requiere una política nacional con los ajustes necesarios, según de la entidad o capa de la población de que se trate.
Sin duda, no se equipara al valor de la salud física y financiera de las personas, pero hay otro ángulo que se ha dejado de lado, porque el COVID-19 algún día se irá y las consecuencias de las decisiones tomadas se quedarán.
El Estado de derecho siempre ha sido nuestro talón de Aquiles. Desobedecer la ley, torcerla, buscarle recovecos que, claramente, violan su espíritu, modificarla para favorecer intereses particulares o de coyuntura y abusar del poder son prácticas cotidianas. Siempre sin consecuencias.
Durante los 16 meses que llevamos de gobierno, la ilegalidad ha sido parte de los usos y costumbres en el ejercicio del poder. Tan sólo del 1º de diciembre de 2018 al 1º de diciembre de 2019, Causa en Común y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han documentado 27 ilegalidades abiertas, 25 acciones del Ejecutivo de dudosa legalidad, pero sujetas a interpretación, y tres leyes a modo (la evidencia puede consultarse en las páginas web de ambas organizaciones y en los números de julio de 2019 y marzo de 2020 de la revista Nexos).
A este recuento de un año ya habría que agregar otras ilegalidades: el pase de charola entre empresarios, el decretazo para importar medicinas sin registro sanitario en México o el cambio de las Leyes de Bienes Nacionales y de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público para sortear el avión presidencial, entre otras.
En una situación catastrófica, esto puede agravarse. La prensa, las organizaciones sociales, el sector privado e incluso la academia están volcados, como nunca, en el día a día que está secuestrado por la emergencia sanitaria. Nadie está pendiente de lo que hoy se consideran “minucias”, pero que pueden acentuar las acciones fuera de la ley y el abuso de poder.
El fin de semana se llevó a cabo la consulta para decidir sobre la construcción de la planta cervecera en Mexicali. No sólo un desperdicio de dinero, daño patrimonial e ilegalidad, sino una pésima señal que deja en claro que invertir en México es un volado. Sí: un miniTexcoco, porque el monto invertido era mucho menor, pero una maxiseñal, porque los contratos en México son papel mojado.
Pero hay muchas otras cosas que habrá que mirar con lupa: la creación de una sociedad mercantil —si la SCT otorga la concesión— con un Consejo de Administración presidido por un subsecretario de la Defensa; la letra chica de la reglamentación de la reelección de los legisladores; la posposición de la elección de cuatro consejeros del INE; la postergación de la discusión y resolución sobre la Ley Bonilla; el ejercicio del presupuesto; el destino de los Fondos de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) y Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Estos son tan sólo algunos ejemplos. Pero hay y habrá muchos más: bolas rápidas que pasará el gobierno entre la opacidad reinante, la excusa de la emergencia y la distracción entendible de todos con el COVID-19.
Es imperativo que, ante esta situación, la sociedad, el sector privado, los colegios de profesionistas, la Corte y el Congreso estén pendientes. No hay mejor caldo de cultivo para la corrupción y el abuso que una crisis como la que se avecina.
