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08.10.2026 Washington, EUA.- El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que transmitirá en directo la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el expsiquiatra del Ejército condenado por matar a 13 personas y herir a otras 32 durante un tiroteo en la base militar de Fort Hood, Texas, en noviembre de 2009. La ejecución está programada para el 3 de diciembre de 2026 en esa misma instalación y, si se lleva a cabo en la fecha prevista, será la primera ejecución militar estadounidense en más de 65 años.
La confirmación de la transmisión se conoció el jueves 8 de octubre, después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunciara que el procedimiento sería público. Otro funcionario del Pentágono confirmó posteriormente a medios estadounidenses que el fusilamiento se difundirá en directo, aunque las autoridades no han detallado todavía la plataforma, las condiciones de acceso ni los mecanismos técnicos de la transmisión.
“Se transmitirá en directo. Los detalles vendrán después”, indicó el funcionario a la agencia Associated Press (AP), bajo condición de anonimato.
Un día antes, Hegseth había adelantado su intención de permitir que el público presenciara el procedimiento. “Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público, porque la gente necesita entender que hay consecuencias graves para este tipo de actos”, declaró durante una entrevista con el medio conservador Real America’s Voice.
El anuncio coloca la ejecución de Hasan en el centro de un debate sobre la aplicación de la pena de muerte, el carácter público de los castigos estatales y la decisión de transmitir por internet un procedimiento que habitualmente permanece restringido a un grupo limitado de testigos.
La fecha fue establecida por el Ejército después de que el presidente Donald Trump aprobara la sentencia de muerte el 2 de octubre. El secretario interino del Ejército, Adam Telle, ordenó el 6 de octubre que la ejecución se realizara mediante un pelotón de fusilamiento el 3 de diciembre, a la una de la tarde, hora central de Estados Unidos, en Fort Hood.
La aprobación presidencial se produjo después de que concluyera el proceso de apelaciones militares. Sin embargo, la fecha anunciada no elimina la posibilidad de nuevos recursos judiciales que podrían retrasar la ejecución.
El caso tiene un antecedente histórico: el Ejército estadounidense no ejecuta a un militar desde el 13 de abril de 1961, cuando el soldado John A. Bennett fue ahorcado tras ser condenado por violación e intento de asesinato. El fusilamiento de Hasan sería, además, la primera ejecución militar por ese método desde el final de la Segunda Guerra Mundial, según los reportes de AP.
La diferencia entre ambos antecedentes es importante: la ejecución de Hasan no sería la primera de un militar estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, sino la primera desde 1961 y la primera por fusilamiento desde 1945.
El anuncio también supone un cambio respecto de la práctica habitual de las ejecuciones militares, cuyos testigos están sujetos a normas y restricciones. La confirmación de una transmisión abierta plantea interrogantes sobre quién podrá verla, si existirá algún tipo de control de acceso y cómo se evitará que las imágenes circulen fuera del contexto institucional.
La decisión ha generado cuestionamientos entre especialistas en derecho militar y pena capital. Deborah Denno, profesora de Derecho de la Universidad Fordham, consideró que una transmisión podría hacer más transparente el procedimiento y permitir que la población conozca las condiciones en las que el Estado aplica la pena de muerte. Otros especialistas han advertido sobre las implicaciones legales y éticas de convertir la ejecución en un acontecimiento transmitido para una audiencia masiva.
El profesor de Derecho Brenner Fissell, de la Universidad Villanova, señaló a AP que el fusilamiento puede considerarse un método más rápido que otras formas de ejecución, pero cuestionó que esa sea la razón principal de la decisión. A su juicio, el uso del pelotón también tiene una carga simbólica relacionada con la cultura militar y la demostración de fuerza.
Elisabeth Semel, codirectora de la Clínica de la Pena de Muerte de la Universidad de California en Berkeley, planteó dudas sobre la dignidad del condenado, los criterios para permitir que determinadas personas presencien el procedimiento y las motivaciones del Gobierno para convertirlo en un espectáculo público. También destacó que no recuerda otro caso en el que el propio Gobierno haya impulsado la difusión de una ejecución de esta manera.
Hasan, quien alcanzó el rango de mayor y trabajó como psiquiatra del Ejército, fue declarado culpable en agosto de 2013 por los 42 cargos que enfrentó en una corte marcial. Cinco días después, el jurado militar determinó que debía recibir la pena de muerte.
El ataque ocurrió el 5 de noviembre de 2009 en el Centro de Preparación de Soldados de Fort Hood, donde militares esperaban para recibir vacunas y completar evaluaciones médicas antes de su despliegue. Hasan abrió fuego contra quienes se encontraban en el lugar. Trece personas murieron y 32 resultaron heridas.
Durante el juicio, Hasan prescindió de sus abogados y asumió su propia defensa. Reconoció que había sido el autor de los disparos y sostuvo que buscaba impedir que soldados estadounidenses fueran enviados a Afganistán para combatir a musulmanes. El tribunal no le permitió utilizar esa postura como justificación legal del ataque.
Hasan quedó paralizado de la cintura hacia abajo después de que agentes de seguridad le dispararan durante su detención. Desde entonces ha permanecido bajo custodia militar y utiliza una silla de ruedas.
La posibilidad de que presente nuevos recursos constituye uno de los factores que podrían modificar el calendario. Expertos consultados por AP señalaron que todavía podría recurrir a una petición de habeas corpus ante tribunales civiles para cuestionar la legalidad de su detención o del procedimiento. Una impugnación de ese tipo podría retrasar la ejecución durante un periodo prolongado.
John Galligan, abogado que ha representado a Hasan en asuntos civiles posteriores al juicio, expresó preocupación por el procedimiento seguido para notificarle la aprobación presidencial de la sentencia. Según el relato que Hasan le habría transmitido, la notificación se realizó en presencia de un capellán, pero sin un abogado. El Ejército respondió que intentó contactar a los defensores correspondientes y que actuó conforme a sus normas.
La decisión de transmitir la ejecución también contrasta con declaraciones anteriores de Trump sobre las ejecuciones públicas en otros países. AP recordó que el presidente había criticado la posibilidad de que las autoridades iraníes ejecutaran públicamente a manifestantes. La comparación ha alimentado las preguntas sobre la justificación política y ética de permitir que una ejecución militar estadounidense sea vista en directo.
La pena capital continúa siendo legal en el sistema federal y en el ámbito militar estadounidense bajo procedimientos específicos. Sin embargo, las ejecuciones militares son excepcionales: la última se realizó hace más de seis décadas y el fusilamiento no se utiliza en las Fuerzas Armadas desde la Segunda Guerra Mundial.
Agencias