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08.10.2026., EUA.- La administración del presidente estadounidense Donald Trump buscará a cualquier persona que ayude o colabore con los cárteles del narcotráfico, sin importar si ocupa una gubernatura o trabaja en un pequeño comercio, advirtió Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP).
“Si ayudan o son cómplices de los cárteles, si colaboran con organizaciones terroristas, no nos importa si son el gobernador o si son la persona que trabaja en la plaza, en una pequeña tienda. Los encontraremos, iremos por ustedes y nos aseguraremos de que paguen las consecuencias”, declaró Carter en una entrevista con Voz Media difundida esta semana.
La funcionaria reiteró el mensaje este jueves 8 de octubre, en medio de las tensiones entre Washington y el Gobierno mexicano por las acusaciones estadounidenses contra políticos y funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales. La advertencia no estuvo dirigida exclusivamente a servidores públicos: Carter sostuvo que la persecución alcanzaría a cualquier persona que colabore con esos grupos.
La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas difundió la entrevista en sus redes sociales y subrayó que la estrategia estadounidense contempla actuar contra funcionarios corruptos y otros presuntos colaboradores de los cárteles. El mensaje busca dejar claro que, para el Gobierno de Trump, el cargo político o la posición social no deben representar un obstáculo para investigar a quienes faciliten las actividades criminales.
“No habrá un solo día en los próximos dos años y medio, y probablemente mucho más allá de esta administración, en que cualquiera de esos miembros de los cárteles, o cualquiera que trabaje con ellos, pueda dormir tranquilo”, afirmó Carter.
La directora de la ONDCP agregó que la estrategia involucra a distintas dependencias federales estadounidenses. “Puedo prometerles esto, como zar antidrogas y como alguien que trabaja con todo el gobierno, eso significa desde el Departamento de Guerra hasta Salud y Servicios Humanos, que vamos tras ellos”, sostuvo.
La advertencia también estuvo acompañada de un llamado a reforzar la cooperación entre México y Estados Unidos. Carter reconoció que ambos gobiernos mantienen colaboración en materia de seguridad y que se han realizado operaciones conjuntas, pero consideró que los esfuerzos deben ampliarse para combatir a las organizaciones criminales y las redes que les permiten operar a ambos lados de la frontera.
“Únanse a nosotros, detengan esto. Podemos ponerle fin a los cárteles trabajando juntos. Podemos encontrar áreas de terreno común sobre las cuales construir”, planteó.
Carter insistió en que Washington busca una coordinación más estrecha con las autoridades mexicanas y mencionó la necesidad de aumentar los recursos destinados a las Fuerzas Armadas y a las corporaciones de seguridad. La exigencia coincide con la postura expresada por Trump en septiembre, cuando su gobierno consideró insuficiente la inversión de México en las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico.
La funcionaria también cuestionó la falta de resultados frente a las redes de distribución de drogas y el lavado de dinero dentro de Estados Unidos. Su planteamiento fue que el combate a los cárteles requiere acciones en ambos países, tanto contra las organizaciones que producen y transportan narcóticos como contra quienes facilitan sus operaciones o reciben ganancias de ellas.
Las declaraciones se producen en un contexto de fricción bilateral por las acusaciones de autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos. Uno de los casos más relevantes es el de Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia como gobernador de Sinaloa después de que fiscales estadounidenses lo señalaran, junto con otros funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.
La acusación de Estados Unidos sostiene que los señalados habrían proporcionado protección a integrantes de la facción conocida como Los Chapitos. Sin embargo, esas imputaciones no equivalen a una sentencia condenatoria. El Gobierno mexicano ha cuestionado la suficiencia de los elementos presentados por Washington y ha sostenido que cualquier actuación debe sujetarse a los procedimientos legales correspondientes.
El caso ha colocado en el centro del debate la cooperación judicial entre ambos países, los requisitos para solicitar detenciones o extradiciones y los límites que establece la legislación mexicana para la intervención de autoridades extranjeras en territorio nacional.
Otro antecedente es la sanción anunciada en septiembre por el Departamento del Tesoro estadounidense contra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. La autoridad estadounidense lo señaló por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por utilizar supuestamente su influencia política en favor de esa organización. Se trata de señalamientos de Washington que deben distinguirse de una resolución judicial sobre responsabilidad penal.
Carter no anunció en la entrevista una nueva operación específica contra un gobernador mexicano ni presentó nombres adicionales de funcionarios que serían investigados. Su mensaje fue una advertencia general sobre la intención de la administración Trump de perseguir a quienes considere colaboradores de organizaciones criminales.
La referencia a una persona que trabaja en una pequeña tienda amplía el alcance de la declaración, aunque no significa que cualquier comerciante que viva bajo amenazas de un grupo criminal sea automáticamente considerado su colaborador. En contextos de extorsión, por ejemplo, los negocios pueden verse obligados a pagar cuotas para seguir operando. La responsabilidad penal depende de los hechos concretos y de las pruebas sobre una posible participación voluntaria en actividades delictivas.
La distinción resulta relevante porque la frase de Carter coloca en una misma advertencia a gobernantes, funcionarios y personas que trabajan en comercios, sin explicar qué criterios utilizaría Estados Unidos para diferenciar entre quienes participan en una organización y quienes son víctimas de sus amenazas.
La funcionaria tampoco detalló en la entrevista qué instrumentos legales emplearía su gobierno en cada caso. La persecución puede incluir investigaciones, sanciones financieras, acusaciones penales y solicitudes de cooperación internacional, pero cada medida está sujeta a requisitos legales y jurisdicciones específicas.
El Gobierno de Trump ha designado a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una clasificación que amplía las herramientas disponibles para las autoridades estadounidenses contra las organizaciones y las personas que, conforme a la legislación de ese país, les proporcionen apoyo material. Esa designación, sin embargo, no autoriza por sí sola a las agencias estadounidenses a detener personas en México al margen de los mecanismos legales y de la soberanía mexicana.
Carter sostuvo que la estrategia no se limitará a los integrantes de las organizaciones. También contempla a quienes, de acuerdo con las investigaciones, les proporcionen apoyo o protección. La advertencia busca alcanzar tanto las estructuras criminales como las redes de colaboración que pueden facilitar el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
Por ahora, las declaraciones constituyen un endurecimiento retórico de la postura de Washington, acompañado de una invitación a profundizar la cooperación con México. No se presentaron en la entrevista nuevas órdenes de captura ni un calendario de acciones contra funcionarios específicos.
Agencias