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31.07.2026 Michoacán.- La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, señalado por las autoridades como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no cerró la investigación. Por el contrario, abrió una nueva etapa en un expediente que, además de reconstruir la operación criminal detrás del homicidio, mantiene bajo escrutinio las posibles conexiones políticas que rodearon al caso.
Tras conocerse la detención de Álvarez Ayala, ocurrida en Atotonilco el Alto, Jalisco, la presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, reaccionó en redes sociales con un mensaje en el que dejó claro que considera insuficiente la captura de uno de los principales señalados: “La justicia comienza, pero aún no termina”.
La alcaldesa acompañó la publicación con una fotografía en la que aparecen el exgobernador de Michoacán y actual diputado federal Leonel Godoy Rangel y Roldán Álvarez Ayala, hermano de Ramón Álvarez Ayala. La imagen volvió a colocar sobre la mesa los cuestionamientos políticos que han surgido alrededor del asesinato de Manzo, aunque hasta ahora no existe una imputación pública contra Roldán Álvarez por el homicidio.
La precisión resulta relevante. El parentesco entre Roldán Álvarez y “El R1”, así como su trayectoria política y su militancia partidista, han generado atención pública, pero esos elementos por sí solos no constituyen prueba de participación criminal. Cualquier responsabilidad penal deberá establecerse mediante investigaciones ministeriales y, en su caso, ante los tribunales.
La detención de “El R1” representa, sin embargo, un avance sustancial para las autoridades. Ramón Álvarez Ayala es identificado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como dirigente de “Los R”, una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en Michoacán. La investigación sostiene que habría dado la instrucción para ejecutar a Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante las celebraciones de Día de Muertos en el centro de Uruapan.
El caso comenzó a revelar su estructura desde los primeros meses posteriores al homicidio. Las autoridades detuvieron a integrantes de la célula que habría participado en la planeación, vigilancia y ejecución del ataque. Entre ellos se encuentra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, a quien García Harfuch identificó como uno de los autores intelectuales y quien habría señalado a “El R1” como su superior.
De acuerdo con las investigaciones difundidas por las autoridades, “El Licenciado” habría coordinado mediante mensajes las acciones de seguimiento contra Manzo y transmitido instrucciones a quienes participaron en el ataque. Posteriormente, la pesquisa avanzó hacia otros presuntos colaboradores, incluidos funcionarios y personas que habrían tenido acceso a información sobre los movimientos del entonces presidente municipal.
Para junio de 2026, la Fiscalía de Michoacán había informado de 24 personas detenidas en relación con el expediente, entre ellas funcionarios señalados por presuntamente proporcionar información a integrantes de la estructura criminal. Con la captura de “El R1”, los reportes más recientes ubican en 31 el número de detenidos relacionados con el caso.
La investigación también ha establecido que Ramón Álvarez Ayala ya había sido detenido en 2012 junto con otros integrantes de su familia y permaneció aproximadamente una década en prisión. En noviembre de 2022 recuperó su libertad por una resolución judicial, antecedente que volvió a cobrar relevancia después de que las autoridades lo identificaran como una de las figuras centrales en la operación contra Manzo
El asesinato del alcalde ocurrió en un contexto particularmente delicado para Uruapan. Carlos Manzo había construido su trayectoria política fuera de las estructuras tradicionales de los partidos y había hecho de sus denuncias contra la extorsión y la presencia del crimen organizado uno de los ejes de su discurso público.
Después de su muerte, Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal y se convirtió también en una de las principales voces que han exigido que el expediente no se limite a identificar a quienes ejecutaron el ataque, sino que determine quiénes facilitaron la operación y cuál fue el móvil completo del homicidio.
La propia Secretaría de Seguridad ha sostenido que las investigaciones apuntan a una acción de una célula criminal vinculada con el CJNG. García Harfuch explicó recientemente que, a partir de las declaraciones y comunicaciones obtenidas durante las pesquisas, el grupo criminal habría interpretado algunas de las acciones de Manzo como una “provocación”. Esa versión coloca el enfrentamiento del alcalde con las organizaciones criminales como uno de los elementos que las autoridades investigan para establecer el móvil.
Pero el expediente tiene también una dimensión política que permanece abierta.
Roldán Álvarez Ayala, cuya fotografía junto a Leonel Godoy fue difundida por Grecia Quiroz después de la captura de su hermano, tiene una trayectoria política de varios años en Michoacán. Fue presidente municipal de Apatzingán por el PRD y ocupó cargos durante administraciones estatales encabezadas por Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy. También ha sido relacionado con procesos internos y candidaturas de Morena.
Su militancia en Morena fue documentada desde marzo de 2023, de acuerdo con reportes basados en el padrón partidista. También existen antecedentes de su participación en procesos para candidaturas plurinominales, aunque algunas versiones periodísticas han presentado de manera distinta su situación en las listas definitivas.
En ese contexto, la imagen difundida por Quiroz adquiere una lectura política, pero no debe confundirse con una acusación judicial. La alcaldesa volvió a poner bajo la lupa las relaciones políticas de personas que aparecen alrededor de la historia de los hermanos Álvarez Ayala, mientras la investigación ministerial continúa determinando responsabilidades individuales.
La aparición de Leonel Godoy en la publicación tampoco significa que exista una acusación formal en su contra por el asesinato. El exgobernador y actual diputado federal sí fue citado en mayo de 2026 por la Fiscalía de Michoacán para declarar dentro de las investigaciones relacionadas con el homicidio de Carlos Manzo. La citación, por sí misma, no equivale a una imputación ni acredita responsabilidad penal.
Este punto es particularmente importante porque el caso ha estado acompañado de versiones, acusaciones políticas y señalamientos difundidos en redes sociales que no necesariamente forman parte de las conclusiones oficiales de la investigación.
Lo que sí está confirmado es que la Fiscalía ha continuado ampliando el expediente y que las autoridades han buscado reconstruir no solamente quién disparó contra Manzo, sino la cadena completa que permitió preparar el ataque. Esa ruta llevó de los autores materiales a los reclutadores, coordinadores, presuntos facilitadores de información y finalmente al hombre señalado como responsable de dar la orden.
La captura de “El R1” cambia ahora el escenario. El presunto jefe criminal se encuentra bajo custodia y las autoridades tendrán que presentar ante un juez los elementos que sustenten las acusaciones en su contra. A partir de su detención también podría obtenerse información relevante para esclarecer qué ocurrió antes y después del asesinato y si existieron otros participantes.
Para Grecia Quiroz, la captura constituye un avance, pero no representa el punto final. Su mensaje y la fotografía difundida después del arresto muestran que su demanda continúa orientada a que el expediente avance hacia todos los niveles posibles, incluidos aquellos que pudieran haber facilitado el crimen desde ámbitos distintos al estrictamente criminal.
El caso Carlos Manzo, por ello, entra en una nueva fase. La captura de Ramón Álvarez Ayala responde una de las principales preguntas de la investigación: quién es señalado por las autoridades como el hombre que habría ordenado el ataque. Quedan pendientes otras interrogantes: quiénes participaron directamente, quiénes proporcionaron información, qué motivó exactamente el homicidio y si existieron responsabilidades adicionales que todavía no han sido judicializadas.
Hasta que esas preguntas sean respondidas con pruebas y resoluciones judiciales, las relaciones políticas, familiares o personales que aparecen alrededor del expediente deben mantenerse dentro del terreno de las líneas de investigación y no presentarse como culpabilidades acreditadas.
En Uruapan, mientras tanto, la muerte de Carlos Manzo continúa teniendo consecuencias políticas. Grecia Quiroz asumió el gobierno municipal después del asesinato de su esposo y ha mantenido una postura pública de exigencia hacia las autoridades para que el crimen sea esclarecido en su totalidad. La captura de “El R1” representa para ella un paso importante, pero su mensaje deja claro que espera que la investigación continúe hasta conocer toda la cadena de responsabilidades.
La justicia, como planteó la alcaldesa, comienza con una captura. Pero para que el caso quede realmente esclarecido, todavía falta que las autoridades conviertan las sospechas y líneas de investigación en pruebas, acusaciones formales y sentencias.
La nota mantiene separados los hechos confirmados de los señalamientos políticos y evita presentar como responsables a personas que no han sido imputadas judicialmente.