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31.07.2026. Ciudad de México.- El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, habría sido ordenado por una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como respuesta a lo que integrantes de esa organización consideraron provocaciones del entonces presidente municipal, de acuerdo con las investigaciones expuestas este viernes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacaron la importante detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, presunto líder de una facción del CJNG
Con esta captura y la de “El Chuy”, suman 31 las personas aprehendidas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán
Durante la última conferencia matutina de julio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, García Harfuch explicó que las autoridades obtuvieron información relevante a partir de las declaraciones de personas detenidas por su presunta participación en el homicidio y otros casos como el feminicidio de la influencer Valeria Márquez
Según el funcionario, los entrevistados en caso de homicidio de Carlos Manzo utilizaron el término “provocación” para referirse a las acciones públicas del ex alcalde de Uruapan contra grupos criminales.
El secretario explicó que esa expresión apareció durante los interrogatorios y que los detenidos describieron como una de las razones del ataque la postura que mantenía el alcalde frente a las organizaciones delictivas que operaban en la región.
“Es el término al que se refieren ellos, los detenidos”, explicó García Harfuch al hablar de la llamada provocación. El funcionario señaló que, de acuerdo con los testimonios recabados, los integrantes del grupo criminal interpretaban como una confrontación directa algunas de las acciones y declaraciones públicas realizadas por Manzo.
El secretario puso como ejemplo la presencia del alcalde durante operativos en los que fuerzas federales realizaban detenciones. Según su explicación, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Guardia Nacional capturaban a integrantes de grupos delictivos, Manzo acudía o se pronunciaba públicamente sobre esos hechos y hacía referencias directas a las organizaciones criminales.
Ese comportamiento, de acuerdo con las declaraciones incorporadas a la investigación, habría generado molestia dentro de la estructura criminal
En el caso de la influencer Valeria Márquez el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que buscan al hijo de Ramón Ángel N R1, acusado de ordenar el feminicidio de la influencer, ocurrido en mayo del año 2025.
Las indagatorias apuntan a que el hijo de R1 amenazó previamente a la influencer envarias ocasiones, y le habría solicitado a su padre cometer el crimen, el sujeto permanece prófugo y es buscado por las autoridades.
Las revelaciones se produjeron después de la captura de Ramón Ángel “N”, identificado por las autoridades como “El R1”, a quien García Harfuch señaló como el principal autor intelectual del homicidio de Manzo.
El funcionario explicó que las investigaciones apuntan a que este individuo financió la operación para asesinar al presidente municipal y que tenía capacidad para ordenar las acciones de la célula que ejecutó el ataque.
La captura de “El R1” representa un avance relevante en una investigación que desde el asesinato del alcalde había buscado establecer no solamente quién disparó contra Manzo, sino quién ordenó, financió y coordinó la operación.
Carlos Manzo fue asesinado durante un acto público en Uruapan, en un crimen que provocó una fuerte reacción política y social en Michoacán. El entonces alcalde había construido parte de su imagen pública alrededor de sus críticas a la inseguridad y de sus reclamos a las autoridades federales y estatales para reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en el municipio.
La investigación federal ha sostenido que el homicidio fue resultado de una operación criminal organizada y no de una agresión aislada.
En noviembre de 2025, García Harfuch ya había informado que Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, era uno de los autores intelectuales del crimen y que habría organizado al grupo encargado de ejecutar el asesinato. En ese momento, las autoridades señalaron que la investigación continuaba para identificar a quienes se encontraban por encima de esa estructura.
La posterior identificación de “El R1” permitió a las autoridades avanzar hacia un nivel superior de la estructura criminal.
Según la información presentada ahora por García Harfuch, “El R1” habría sido quien financió la operación y ordenó el asesinato de Manzo. El secretario lo ubicó dentro de la estructura del CJNG y explicó que el grupo responsable tenía una relación con esa organización criminal.
La investigación también alcanzó al fallecido líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. García Harfuch afirmó que existen indicios de que Oseguera tuvo conocimiento de los planes para asesinar al alcalde.
El señalamiento tiene especial relevancia porque “El Mencho” murió en febrero de 2026 durante un operativo de fuerzas federales en Jalisco, por lo que la información presentada ahora corresponde a una investigación sobre hechos ocurridos meses antes de su muerte.
Harfuch fue cuidadoso al referirse a este punto. No presentó a Oseguera como quien habría ordenado directamente el homicidio, sino que habló de indicios de que conocía los planes. La diferencia es relevante dentro de una investigación criminal, pues una cosa es tener conocimiento de una operación y otra haberla ordenado o participado directamente en su ejecución.
La línea de investigación coloca a “El R1” como la figura central en la organización del ataque.
De acuerdo con la explicación oficial, el móvil identificado hasta ahora no se relaciona únicamente con una disputa económica o territorial. Los testimonios apuntan a una reacción de la organización criminal ante las acciones públicas de Manzo, quien durante su administración mantuvo un discurso particularmente confrontativo contra los grupos delictivos.
El alcalde había denunciado públicamente la presencia de organizaciones criminales en Uruapan y había solicitado en diversas ocasiones mayor respaldo de las instituciones de seguridad.
Uruapan, además, es uno de los municipios estratégicos de Michoacán por su actividad agrícola, comercial y su ubicación en una zona de importancia para las rutas de comunicación del estado. La presencia de grupos criminales en distintas regiones michoacanas ha convertido al control territorial en uno de los principales factores detrás de la violencia.
En ese contexto, la postura pública de Manzo lo convirtió en una figura incómoda para las organizaciones que pretendían mantener influencia en el municipio.
La expresión “provocación”, utilizada por los detenidos y retomada por García Harfuch, debe entenderse dentro de esa lógica criminal. No significa que las autoridades consideren que el alcalde fuera responsable de su propio asesinato. Se trata, específicamente, de la explicación que algunos integrantes de la estructura investigada dieron sobre las razones que habrían motivado al grupo para ordenar el ataque.
El propio secretario hizo énfasis en que esa palabra provenía de las declaraciones de los detenidos.
“Es el término al que se refieren ellos”, precisó, al explicar que los integrantes de la célula criminal describieron así las acciones de Manzo.
La investigación también ha permitido reconstruir parte de la operación que llevó al asesinato. Las autoridades han señalado previamente que los responsables utilizaron una célula para ejecutar el ataque y que hubo personas encargadas de distintas funciones dentro de la operación.
En noviembre pasado, Harfuch había explicado que “El Licenciado” organizó al grupo que cometió el homicidio y que existían evidencias integradas a la carpeta de investigación para sostener esa participación.
La captura de “El R1” modifica ahora el alcance de la investigación porque permite ubicar a una persona que, según las autoridades, habría estado por encima de quienes ejecutaron materialmente el ataque.
El secretario de Seguridad también destacó que la investigación se ha desarrollado a partir de distintas fuentes de información, entre ellas las declaraciones de personas detenidas, trabajos de inteligencia y elementos incorporados a la carpeta correspondiente.
La información dada a conocer este viernes, por tanto, no significa que todos los aspectos del caso estén judicialmente concluidos. Se trata de la versión de las autoridades sobre el avance de una investigación criminal que deberá ser presentada ante los tribunales y sustentada mediante pruebas.
El asesinato de Manzo se convirtió desde noviembre en uno de los casos de mayor impacto político y de seguridad en Michoacán. Su muerte generó protestas, exigencias de justicia y cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en las que desarrollaba sus actividades como presidente municipal.
La relevancia del caso aumentó porque Manzo había hecho de la denuncia pública contra la inseguridad uno de los ejes de su actividad política. Su asesinato fue interpretado como un ataque contra una autoridad local que mantenía una confrontación abierta con grupos criminales.
La explicación ofrecida ahora por García Harfuch agrega un elemento nuevo: la hipótesis de que precisamente esa confrontación pública fue utilizada por la estructura criminal como argumento para justificar el homicidio.
Sin embargo, el Gobierno federal no ha señalado que la conducta pública de Manzo sea la causa jurídica del crimen. La responsabilidad penal corresponde a quienes hayan planeado, financiado, ordenado y ejecutado el asesinato.
El papel atribuido a “El R1” será ahora particularmente relevante. La Fiscalía deberá sostener ante un juez las acusaciones correspondientes y acreditar, mediante pruebas, la participación que las autoridades le atribuyen.
También queda pendiente determinar con precisión cuál fue el grado de participación o conocimiento que habría tenido Nemesio Oseguera. García Harfuch habló de indicios sobre su conocimiento de los planes, pero no afirmó que hubiera ordenado directamente el homicidio.
La muerte de “El Mencho” tampoco elimina la importancia de esa línea de investigación. García Harfuch ha explicado en meses recientes que el CJNG continúa operando pese a la muerte de su antiguo líder y que atraviesa un proceso de fragmentación interna.
En ese escenario, el caso Manzo permite observar cómo las estructuras criminales regionales pueden mantener operaciones y vínculos con organizaciones de mayor alcance, aun cuando sus principales dirigentes cambien o mueran.
Para la investigación, la captura de “El R1” representa una oportunidad para conocer con mayor precisión cómo se tomó la decisión de matar al alcalde, quiénes participaron en la planeación, cómo se financió la operación y qué otros integrantes de la estructura pudieron intervenir.
El objetivo declarado por las autoridades es llegar no solamente a los responsables materiales, sino a toda la cadena de mando.
Según la investigación federal, el asesinato habría sido una operación financiada y ordenada por “El R1”, ejecutada por una célula vinculada al CJNG y motivada, de acuerdo con los testimonios de detenidos, por lo que el grupo criminal consideraba una confrontación pública del alcalde.
La investigación continúa y será la autoridad judicial la que determine, con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, la responsabilidad penal de los acusados.