*IMPRONTA.
/ Carlos Miguel Acosta Bravo /
Aunque las elecciones de 2027 todavía parecen lejanas, los principales partidos políticos ya comenzaron a mover sus estructuras, promover aspirantes y organizar procesos internos para definir candidaturas. Todo esto ocurre nueve meses antes del inicio formal de las precampañas y de las campañas electorales.
Los partidos tienen derecho a organizarse, realizar reuniones y preparar sus estrategias. Sin embargo, una cosa es la vida interna y otra muy distinta utilizar ese argumento para iniciar campañas disfrazadas, posicionar nombres y obtener ventajas antes de que comiencen los tiempos legales.
Frente a este escenario, el silencio del Instituto Nacional Electoral resulta preocupante. Aunque la falta de un pronunciamiento no significa una autorización jurídica, en los hechos puede ser interpretada por los partidos como una especie de permiso para avanzar sin límites claros.
El primer riesgo es que las candidaturas se definan antes de las precampañas. Quienes ocupan cargos públicos, controlan estructuras partidistas o cuentan con mayores recursos pueden realizar giras, organizar reuniones, aparecer constantemente en medios y promover su imagen en redes sociales. Cuando llegue el periodo oficial, algunos aspirantes llevarán meses de ventaja.
Así, las precampañas podrían convertirse únicamente en un trámite para confirmar decisiones tomadas con anticipación. La competencia interna dejaría de ser equitativa y favorecería a quienes tienen más dinero, poder político o cercanía con las dirigencias.
Otro problema es la falta de transparencia en los gastos. Antes de las etapas formales resulta más difícil conocer quién paga los recorridos, los espectaculares, la publicidad digital, las encuestas o los eventos. También existe el riesgo de que funcionarios utilicen personal, vehículos, programas sociales o recursos públicos para construir candidaturas.
Esta situación podría colocar en desventaja a los dos nuevos partidos políticos, que apenas comenzaron a organizarse. Mientras las fuerzas tradicionales ya tienen estructuras, gobiernos y aspirantes conocidos, las nuevas organizaciones deberán construir presencia territorial y buscar candidatos cuando sus adversarios llevan meses posicionándose.
Pero el mayor riesgo es la pérdida de autoridad del propio INE. Cuando una autoridad permite durante meses una conducta y después intenta detenerla, sus decisiones pueden parecer tardías, selectivas o políticamente motivadas.
Los partidos podrían preguntarse por qué se les sanciona después de haber actuado durante tanto tiempo sin advertencias claras. Incluso podrían ignorar los llamados, impugnar cada medida y acusar al Instituto de actuar con parcialidad.
Esto podría provocar una elección altamente judicializada, con denuncias por cada gira, reunión, entrevista o anuncio. En lugar de discutir propuestas y soluciones, los partidos podrían concentrarse en presentar quejas ante el INE y recursos ante el Tribunal Electoral.
El Instituto no necesita prohibir toda actividad política ni intervenir excesivamente en la vida interna de los partidos. Lo que debe hacer es establecer límites claros y aplicarlos por igual.
Debe precisar cuándo una reunión partidista se convierte en un acto anticipado, cómo se fiscalizarán los gastos previos y qué consecuencias tendrá el uso de recursos públicos para promover aspiraciones personales.
El respeto a la autonomía de los partidos no debe confundirse con pasividad. La libertad de organización termina cuando se afecta la equidad de la competencia.
Si el INE continúa guardando silencio, las elecciones de 2027 podrían comenzar con candidaturas prácticamente decididas, gastos difíciles de comprobar y aspirantes con ventajas indebidas. Una autoridad que llega tarde puede conservar sus facultades legales, pero perder la fuerza política y moral necesaria para hacerlas respetar.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.