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/Por Miguel Ángel Cristiani /
En México hay una regla no escrita que parece sobrevivir a todos los cambios de gobierno: cuando el discurso promete combatir la corrupción, los contratos públicos comienzan a fluir con una generosidad que pocas veces resiste el escrutinio. Cambian los colores, cambian los discursos y cambian los protagonistas, pero el libreto permanece intacto.
El caso de las Viviendas para el Bienestar en Veracruz merece algo más que una nota informativa. Exige una investigación seria, explicaciones convincentes y, sobre todo, la voluntad política de demostrar que la transparencia no es únicamente un eslogan de campaña.
La investigación publicada por *Eme equis* documenta que Infonavit Constructora asignó, mediante adjudicación directa, contratos superiores a 2 mil 900 millones de pesos para construir 5 mil 275 viviendas en Veracruz a empresas vinculadas con integrantes de la familia Ramírez Capó. Los convenios fueron firmados en menos de ocho meses durante la administración de Octavio Romero Oropeza al frente del Infonavit.
Hasta aquí los hechos documentados.
Pero son precisamente esos hechos los que obligan a formular preguntas incómodas.
¿Por qué recurrir a adjudicaciones directas para contratos de semejante magnitud cuando la regla constitucional privilegia la licitación pública como mecanismo para garantizar competencia, mejores condiciones económicas y transparencia en el gasto? La excepción terminó convirtiéndose, una vez más, en costumbre.
El reportaje añade otro elemento que resulta imposible ignorar. Las mismas empresas que obtuvieron los contratos de construcción también participaron en la venta de los terrenos donde se desarrollarían las viviendas. En uno de los casos documentados, una empresa constituida apenas unos meses antes adquirió un predio y lo revendió al Infonavit prácticamente de inmediato, el mismo día en que se formalizó el contrato de construcción.
Legalidad no siempre significa legitimidad.
Cuando las operaciones muestran una concentración de beneficios entre un reducido círculo de empresas, la obligación del Estado no consiste en pedir confianza ciega, sino en abrir completamente los expedientes para despejar cualquier duda.
Porque el dinero que administra el Infonavit no pertenece al gobierno.
Pertenece a millones de trabajadores que durante años aportan parte de su salario con la esperanza de acceder a una vivienda digna.
Cada peso comprometido en esos contratos proviene del esfuerzo cotidiano de personas que difícilmente entenderían por qué los procesos de competencia abierta fueron sustituidos por adjudicaciones directas de miles de millones de pesos.
Y como si las interrogantes administrativas no fueran suficientes, apareció la realidad.
El desarrollo Bosques de Río Medio, vinculado por la investigación con este esquema contractual, registró un enorme socavón tras las lluvias del pasado 8 de julio. Calles fracturadas, banquetas colapsadas, infraestructura dañada y vecinos que desde tiempo atrás advertían filtraciones, cuarteaduras e inundaciones presuntamente asociadas a las modificaciones del escurrimiento natural del agua.
Es cierto: un socavón no demuestra por sí mismo una responsabilidad administrativa o técnica. Pero sí obliga a revisar con extremo rigor la calidad de los estudios de mecánica de suelos, los proyectos ejecutivos, la supervisión de obra y el cumplimiento de las especificaciones constructivas.
Porque cuando una obra pública presenta fallas apenas iniciada, lo primero que se derrumba no es el pavimento: es la confianza ciudadana.
Más preocupante aún resulta que esta investigación se inserta en un patrón más amplio. Entre enero y septiembre de 2025, el Infonavit adjudicó 96 contratos para construir alrededor de 100 mil viviendas por un monto cercano a los 50 mil millones de pesos, concentrando una parte importante de esos recursos en un reducido grupo de constructoras.
La concentración del gasto público siempre merece vigilancia.
La concentración sin competencia merece auditorías.
Y la concentración acompañada de operaciones inmobiliarias entre empresas relacionadas exige una revisión institucional exhaustiva.
El gobierno federal sostiene que el programa Vivienda para el Bienestar busca garantizar un derecho social. Nadie discute ese objetivo. Lo que está en debate es si los recursos públicos destinados a cumplirlo están siendo administrados con los principios de legalidad, eficiencia, imparcialidad, economía, transparencia y honradez que exige el artículo 134 de la Constitución.
Porque la mejor política de vivienda no se mide por el número de inauguraciones ni por las fotografías del corte de listón.
Se mide por la solidez de las casas, la limpieza de los contratos y la confianza que generan sus instituciones.
**Cuando los contratos se adjudican sin competencia y las viviendas empiezan a hundirse antes que las explicaciones oficiales, lo que se derrumba no es el suelo: es la credibilidad del gobierno.