- La madre tuvo que investigar su feminicidio luego de que la fiscalía dictaminara que fue un “suicidio”.
/Redacción Manati.mx/
Puebla, Pue. 21 mayo 2021.- Familiares de víctimas de feminicidio y activistas fueron agredidas y rociadas con gas pimienta por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras protestaban para exigir una reunión con el fiscal Gilberto Higuera Bernal para esclarecer la muerte de Zyanya Figueroa Becerril.
La agresión de agentes ministeriales y policías también alcanzó a periodistas que se encontraban dando cobertura a la protesta realizada por la tarde de este viernes 21 de mayo en la sede de la Fiscalía de Puebla.
Al intentar encadenarse a las rejas del exterior del inmueble, por lo menos una docena de policías y agentes ministeriales golpearon, agredieron y rociaron con gas a las manifestantes, como ha quedado consignado en videos.
Las manifestantes exigen que la muerte de Zyanya, registrada el 15 de mayo de 2018, sea investigada con perspectiva de género, pues hasta ahora la Fiscalía de Puebla ha intentado dar carpetazo al caso asegurando que ésta fue producto de un suicidio.
Sin embargo, existen indicios —entre ellos cuatro dictámenes elaborados por médicos forenses contratados por la familia de Zyanya— que dan cuenta de que la joven de 26 años pudo ser víctima de un feminicidio.
La familia de Zyanya, asesores legales y activistas acudieron a exigir una reunión con Higuera Bernal para solicitar que la casa en la que la médico fue encontrada no deje de estar resguardada para preservar pruebas que puedan esclarecer el caso.
Fotografía: Daniel Chazari | @dannychazari
Un juez de control ordenó el jueves 20 de mayo que se retirara el resguardo del inmueble, sin que hasta ahora se haya efectuado la reconstrucción de los hechos que la familia ha solicitado.
“Hemos colaborado por más de año y medio con la renta con tal de que el inmueble estuviera preservado y pudieran llevarse a cabo las diligencias necesarias”, narró Patricia Becerril frente a la Fiscalía de Puebla.
Entre el grupo de activistas también se encontraban representantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) e Irinea Buendía, cuya búsqueda por justicia en el feminicidio de su hija Mariana Lima hizo posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara que toda muerte violenta de mujer en México sea investigada como probable feminicidio.
Fotografía: Daniel Chazari | @dannychazari
“Me patearon, me empujaron, me golpearon, me gasearon, pero dicen que no es verdad. Nosotras llegamos pacíficamente e inmediatamente quisieron aventarnos”, narró Irinea Buendía desde la Fiscalía de Puebla.
Cerca de las 6 de la tarde al lugar acudió personal de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla y, horas más tarde, informó a través de Twitter que se encontraba dando seguimiento a la queja de las personas agraviadas.
Alrededor de las 8:30 de la noche, la familia de Zyanya Figueroa Becerril y los representantes del OCNF accedieron a una reunión privada con el fiscal general del estado.
Para entonces, la represión efectuada por la Fiscalía de Puebla ya había sido denunciada por múltiples organizaciones y colectivas de derechos humanos, como el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), de la Ibero Puebla, que condenó el actuar de la Fiscalía y exigió que se respete el derecho de la libre expresión.
