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Ciudad de México, 29 de abril de 2026. La Embajada de Estados Unidos en México fijó postura oficial sobre la acusación penal presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, subrayando que el combate a la corrupción y al crimen organizado transnacional constituye una prioridad compartida entre ambos países.
Mediante una declaración firmada por el embajador Ronald Johnson, la representación diplomática estadounidense confirmó que Washington toma nota formal de la presentación de cargos penales contra Rocha Moya y otras personas vinculadas a la investigación judicial, destacando que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la transparencia, el Estado de derecho y la cooperación bilateral en materia de seguridad.
En el documento, la embajada enfatiza que tanto Estados Unidos como México mantienen el compromiso de hacer cumplir leyes anticorrupción, reforzar instituciones y proteger a sus ciudadanos frente a estructuras criminales que operan a ambos lados de la frontera. Johnson señaló que la rendición de cuentas es una exigencia ciudadana y una responsabilidad fundamental de ambos gobiernos.
La declaración también precisa que, aunque la embajada no emitirá comentarios sobre detalles específicos del proceso judicial en curso, existe una posición contundente respecto a la corrupción que facilita al crimen organizado. Según el pronunciamiento, cualquier acto de corrupción que favorezca actividades criminales transnacionales y entre dentro de la jurisdicción estadounidense será investigado y procesado.
Asimismo, Washington reiteró que continuará colaborando estrechamente con autoridades mexicanas para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las capacidades institucionales y promover la seguridad y prosperidad compartida. Esta postura refuerza la dimensión política internacional del caso, al convertirlo en un símbolo del endurecimiento de la estrategia estadounidense contra funcionarios extranjeros presuntamente vinculados al narcotráfico.
La declaración de la embajada se produce en un momento de máxima tensión política, luego de que la acusación federal contra Rocha Moya colocara por primera vez a un gobernador mexicano en funciones en el centro de una ofensiva judicial estadounidense por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Analistas consideran que el mensaje diplomático no solo respalda el proceso penal abierto en Nueva York, sino que también envía una advertencia a estructuras políticas regionales en México sobre las consecuencias internacionales de la corrupción asociada al crimen organizado.
Con esta postura, Estados Unidos busca dejar claro que su estrategia de seguridad ya no se limita a perseguir a líderes criminales, sino también a funcionarios públicos que presuntamente permitan, faciliten o protejan operaciones del narcotráfico, consolidando así una nueva fase en la cooperación y presión bilateral en materia de justicia y seguridad.
