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29.04.2026 NY. EUA.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este 29 de abril de 2026 una acusación federal histórica contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve altos funcionarios y exfuncionarios de su administración, señalándolos como parte de una red de corrupción política al servicio del Cártel de Sinaloa.
La acusación fue presentada en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y desclasificada por la Fiscalía estadounidense, encabezada por el fiscal federal Jay Clayton, junto con la DEA. Según el expediente, Rocha Moya y sus colaboradores habrían conspirado con líderes de la facción de Los Chapitos para facilitar el tráfico masivo de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos millonarios, respaldo político y protección institucional.
La acusación incluye cargos por conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, posesión y conspiración para facilitar armas de alto poder, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos, además de participación en estructuras criminales transnacionales
Bajo la legislación federal estadounidense, estos delitos pueden derivar en penas mínimas obligatorias de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua. Para Rocha Moya y varios de los imputados, el expediente sostiene que utilizaron posiciones de poder dentro del gobierno sinaloense para garantizar protección política y operativa al cártel, asegurando el flujo de drogas y armamento a través de la frontera.
Entre los coacusados figuran el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, exsecretarios de gobierno, responsables de seguridad pública, mandos ministeriales y autoridades municipales, entre ellos Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
Este último enfrenta cargos adicionales particularmente graves por secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar, en represalia por cooperación con autoridades estadounidenses.
El fiscal Jay Clayton declaró que el caso demuestra que el narcotráfico internacional no podría operar a gran escala sin el respaldo de funcionarios corruptos, subrayando que “el apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico de drogas mortales debe terminar”.
Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, afirmó que el Cártel de Sinaloa actúa como una estructura criminal sostenida por corrupción, soborno y violencia, y que la ofensiva judicial busca atacar no solo a los traficantes, sino también a sus aliados políticos.
La acusación representa un golpe sin precedentes contra una administración estatal mexicana en funciones, ya que coloca a un gobernador en activo bajo jurisdicción penal estadounidense por delitos de narcotráfico y crimen organizado. Aunque ninguno de los acusados se encuentra bajo custodia estadounidense por ahora, el proceso abre la puerta a solicitudes de captura internacional, extradición y sanciones diplomáticas adicionales.
También incrementa la presión sobre el gobierno mexicano ante las acusaciones de que redes políticas locales han servido como estructuras de protección para una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.
En términos políticos y judiciales, el caso redefine la relación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, elevando la persecución de corrupción política vinculada al narcotráfico a un nuevo nivel
La acusación contra Rocha Moya no solo implica presuntos delitos de narcotráfico, sino también la presunta conversión de estructuras gubernamentales en instrumentos operativos del crimen organizado transnacional. La magnitud del expediente podría tener consecuencias profundas para la estabilidad política de Sinaloa, para Morena y para la cooperación judicial internacional en la región.
