* Había denunciado corruptelas en la dependencia, cuando se contagió de COVID, aprovecharon para correrla.
* La justicia laboral en la 4 T: escasa e inhumana.
Redacción MX Político/ 08 agosto 2020.- Un oprobioso caso de injusticia laboral, se difunde profusamente en redes sociales en las últimas horas.
Es el caso de Mara Elenes Sauceda, empleada de la Administración General de Aduanas (AGA), madre soltera y empleada ejemplar, reconocida por propios y extraños como eficiente y honrada, fue súbitamente despedida de su puesto tras 23 años de servicio ininterrumpido y luego de un largo historial laboral, ejecutando embargos de cargamentos en avionetas repletas de “fayuca”, falsificación de documentos oficiales, vuelos sin revisión e importación de helicópteros ficticios.
Mara es una servidora pública por quienes sus compañeros de la Aduana del Aeropuerto Internacional de Culiacán, abogan con énfasis, pues consideran una verdadera injusticia lo que se comete con ella, en perjuicio de su derecho al trabajo, de su patrimonio y de su buena fama pública, ganada a pulso desde el puesto más modesto, hasta alcanzar el de subadministradora de esa instancia hacendaria al interior del aeropuerto de la capital sinaloense, instancia que depende organigramáticamente de la Aduana de Mazatlán.
Mara Elenes, había develado avonetas completamente cargadas de “fayuca”. Comenzó a denunciar ante autoridades federales diversas corruptelas al interior de la institución.
Lo hizo al menos desde enero de 2019, recién iniciada la 4T, según consta en correos electrónicos y otros documentos enviados al SAT y a la Administración General de Aduanas (AGA). Se volvió, dice, “una piedra en el zapato” para el engranaje de transas y sobornos.
El 23 de mayo de este año se contagió de COVID. Su convalecencia se prolongó hasta el 29 de junio. Al regresar, le fue informada su salida de la dependencia, sin explicación ni retribución alguna, después de 23 años de servicio: había iniciado “desde abajo”, como verificadora de mercancía, en 1997, según lo consigna sendo reportaje aparecido en La Crónica, en su edición de este jueves 06 de agosto.
“Aprovecharon la enfermedad y la crisis sanitaria para quitarme del camino, porque estaba reportando todas las anomalías”.
En su relatoría -conformada de casi 100 hojas- aparece involucrado Álvaro López Naranjo, el administrador de la Aduana de Mazatlán, un político metido a tecno-burócrata del rubro aduanero; es un sobreviviente del gobierno de Enrique Peña Nieto, que burló los procesos de depuración de los dos anteriores titulares de la AGA: Ricardo Peralta y Ricardo Ahued.
Antes de la purga de Peralta, a unas semanas del arranque de la gestión lopezobradorista, tramitó una incapacidad y, en apariencia, dejó el control en manos de un subalterno, aunque fue simple fachada: se mantuvo al mando de todas las actividades aduaneras.
“Se incapacitó el 7 de diciembre de 2018, porque según se resbaló en una posada y, el papel lo extendió hasta el 1 de agosto de 2019. En realidad, siempre estuvo en funciones, con presencia permanente en la Aduana, todo mundo lo veía ir y venir, pero a nivel central la versión era que no estaba”, cuenta Mara.
Más allá de la injusticia laboral, su expediente alude el principal desafío del subsecretario del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Horacio Duarte, con apenas tres meses como Administrador: la limpieza de fondo y sin simulación del sistema aduanero, hoy controlado por una red de funcionarios envilecidos, crimen organizado y delincuentes de cuello blanco.
El probable motivo de su despido
Elenes Sauceda asumió la subadministración en marzo de 2018: fue asignada a la sección aduanera del Aeropuerto Internacional de Culiacán, “que por cierto, lo están usando para traficar lo que quieren, es paso libre, hasta el personal que atiende vuelos internacionales les sirve para el trasiego de drogas”, afirma.
En el último año y medio, previo a su despido del 1 de julio, develó -conforme a reportes dirigidos a autoridades centrales- avionetas desbordadas de “fayuca”, falsificación de documentos oficiales, vuelos sin revisión e importación de helicópteros ficticios.
“El 22 de julio de 2019 embargué una avioneta que venía de Tucson, Arizona, con matrícula EVRC; traía 25 cajas, siete maletas y venía un solo piloto, que sólo podía viajar con sus cosas personales. Llegué a la oficina de imprevisto, simplemente con cambiar el rol de una supuesta colaboradora se destapó la cloaca. Me exigían desde Mazatlán establecer los horarios del personal con 15 días de anticipación, ¿por qué? Lunes, martes y miércoles son los días que trafican en el aeropuerto”, describe.
“El 12 de febrero de 2019 usaron la sala internacional como si fuera una bodega y lo denuncié ante el SAT: bajaron, dizque por equivocación, 14 maletas que se cruzaron en un vuelo desde Tijuana, misteriosamente las agarraron con 40 kilos de cocaína. Si no hay vuelo internacional, no tenían por qué bajar otros equipajes”.
Antes, había frenado el arribo de otra aeronave propiedad de un piloto a cargo de la torre de control, con diversa mercancía ilegal.
En el embargo del 22 de julio, por ejemplo, estuvo al tanto el Almirante en retiro Juan Ramón Alcalá Pignol, de la Central de Operación Aduanera (quien falleció en enero de este año): “Fue él quien me instruyó detener esa avioneta y, a partir de ahí inició el acoso. En un par de ocasiones llegaron a mi casa unos muchachos para hacerme la visita cordial: ´muchas veces hemos pasado así, y no ha habido problema´, me dijeron. El administrador del puerto ordenó que se regresara la mercancía a cambio de un pago de 100 mil pesos y terminó importándose por Mazatlán. Están utilizando los aeropuertos de trampolín”.
Y más recientemente se empezaron a presentar vuelos sin revisión autorizados por la Administración aduanera local, como el del pasado 6 de mayo, “cuando un piloto salió sin avisarme, sin checar Aduanas, ¿qué llevaba?, ¿dinero, armas, drogas?”.
Mara descubrió que su correo institucional estaba direccionado a subordinados con actividades sospechosas; y sus teléfonos, intervenidos. Elementos de la Policía Federal le seguían los pasos: “A la mayoría no los han movido desde hace 4 o 5 años, y es el mismo modo de operación”.
Mara Elenes Sauceda sólo pide justicia en el plano personal (su caso) e institucional, porque en la Administración General de Aduanas sí hay gente que debe irse.
“Ahora estoy enferma y sin trabajo, sin liquidación ni nada, pero no tengo miedo”, relata quien también es madre soltera y carga con la responsabilidad de su hogar familiar y el de sus padres, también enfermos.
“Simplemente yo estorbaba… ya no me querían ahí”, dice en una mezcla de ironía y desolación.
Desolada porque dice haberse inspirado en el discurso de campaña del presidente López Obrador, en cuanto a la lucha contra la corrupción, pero sobre todo, en la búsqueda de justicia y lealidad para todos los ciudadanos sin distingo alguno.
“Yo realmente pensé que se iba a actuar en sentido distinto; que se iba a acabar la corrupción; que los pillos de siempre se iban a ir del Gobierno y sólo los que vivimos de nuestro sueldo y que tenemos deseos de seguir viviendo de nuestro trabajo íbamos a continuar”, dice la también abogada.
Y aclara sin que sea una amenaza, sólo como un razonamiento: “Tengo un cerro de papeles con información valiosa, es cuestión de jalar el hilo, aunque, si yo tengo esos datos… seguramente los tiene el SAT o la AGA, ¿a poco no?
