*Ya logra aval de 18 congresos.
29.05.2026 Ciudad de México.- Morena y sus aliados consumaron la noche y madrugada del Jueves en el Senado de la República la aprobación de un paquete de reformas electorales y judiciales oficialistas en medio de acusaciones de “fast track”, desaseo legislativo y violaciones al procedimiento parlamentario por parte de la oposición.
Acto seguido, en cuestión de horas las reformas enviada por cámara de diputados y que se aprobaron sin debate, sin mover una coma y en casos ni pasaron por dictaminarse, comenzaron a ser avaladas por congresos estatales hasta alcanzar, al menos, 18 aprobaciones locales, suficientes para cumplir el requisito constitucional y avanzar hacia su promulgación.
La sesión en la Cámara Alta se prolongó durante la madrugada entre reclamos del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, cuyos legisladores denunciaron que las iniciativas fueron discutidas y votadas sin análisis suficiente, con reservas incorporadas de último momento y modificaciones negociadas sobre la marcha por la mayoría oficialista integrada por Morena, PT y PVEM.
Entre las reformas aprobadas destaca la modificación al artículo 41 constitucional para establecer como nueva causal de nulidad electoral la “intervención o injerencia extranjera” en elecciones federales y locales. La iniciativa fue impulsada por el bloque oficialista bajo el argumento de proteger la soberanía nacional frente a campañas de desinformación, financiamiento ilícito o presiones externas promovida por Ricardo Monreal, que retiró la iniciativa para concretar las leyes secundarias, en una jugada para dejarle al alineado tribunal electoral, a quien regalaron 17 años de relecciones, para que según su arbitrio decida que procede en cada caso que presenten de este tema.
La oposición y sociedad acusaron que la redacción de la reforma es ambigua y podría utilizarse de manera discrecional para impugnar resultados electorales incómodos para el gobierno. Legisladores opositores alertaron además sobre posibles riesgos para la libertad de expresión y la cobertura internacional de procesos electorales.
Otro de los puntos más controvertidos fue la modificación que permitirá a magistrados electorales cercanos al oficialismo extender su permanencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante la posibilidad de reelegirse en 2028 y mantenerse en funciones hasta 2033 o 2034. La medida generó incluso resistencias dentro de Morena y fue señalada por críticos como un “premio político” para perfiles alineados con la llamada Cuarta Transformación.
Durante el debate, senadores opositores acusaron al oficialismo de convertir al Congreso en una “oficialía de partes” del Ejecutivo y de imponer reformas constitucionales sin deliberación pública ni consensos democráticos. Morena respondió defendiendo las reformas como parte de un proceso de “transformación institucional” y aseguró que buscan acabar con privilegios, fortalecer la soberanía y corregir vacíos legales del sistema electoral.
Pese a la confrontación parlamentaria, el bloque oficialista logró la mayoría calificada necesaria en ambas cámaras y envió de inmediato los decretos a los congresos estatales para su ratificación. En cuestión de horas, legislaturas locales controladas por Morena y sus aliados comenzaron a aprobar las reformas en sesiones exprés, algunas de ellas desarrolladas durante la madrugada o sin discusión prolongada, replicando el mecanismo de aprobación acelerada utilizado previamente en otras reformas constitucionales del sexenio.
Hasta ahora, al menos 18 congresos estatales han dado su aval a las modificaciones constitucionales, superando el mínimo de 17 legislaturas requerido por el artículo 135 de la Constitución para validar reformas constitucionales. Entre los estados que ya aprobaron los cambios se encuentran Veracruz, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Campeche, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México, entre otros.
Con ello, el Senado quedó en condiciones de emitir la declaratoria de constitucionalidad y remitir el decreto al Diario Oficial de la Federación para su publicación y entrada en vigor.
La rapidez con la que avanzaron las reformas provocó nuevas críticas de organizaciones civiles, especialistas electorales y sectores de oposición, quienes advirtieron que se está consolidando un modelo legislativo donde las mayorías parlamentarias aprueban cambios de alto impacto sin suficiente deliberación pública ni parlamento abierto.
Mientras el oficialismo sostiene que las modificaciones fortalecen la soberanía y combaten viejas estructuras de privilegio, sus detractores consideran que representan una concentración de poder político y un debilitamiento de los contrapesos institucionales en materia electoral y judicial.