* El Gobierno de Pablo lemus dejó a la marcha casi sin vigilancia para evitar problemas.
* En Guadalajara quedó patente que exite una ciudadanía que se niega a ser arrastrada a la violencia.
18.10.2026 Guadalajara, Jalisco.- La segunda megamarcha por agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara comenzó este domingo 18 de octubre con una confrontación que dejó al descubierto el disgusto ciudadano por la presencia de varios grupos de choque mientras miles de familias buscaban volver a colocar en el centro de la discusión la calidad del agua que llega a sus hogares.
La presencia de grupos de encapuchados, algunos del llamado bloque negro. Otros no, pero todos estos sujetos que no dan la cara, se presentaron con palos, martillos y artefactos explosivos, lo que provocó el rechazo de quienes pretendían mantener la movilización al margen de la violencia.
Esta vez, fueron los propios manifestantes quienes se opusieron a la incorporación de esos grupos en el contingente ciudadano. En lugar de permitir que se mezclaran con las y los ciudadanos asistentes a la movilización les exigieron retirarse, cuestionaron que ocultaran sus rostros y trataron de impedir que sus acciones arrastraran a toda la protesta hacia un escenario de confrontación, como ocurrió la pasada protesta.
La escena contrastó con lo ocurrido una semana antes, cuando la primera marcha por el agua, realizada el 11 de octubre, terminó en enfrentamientos con policías estatales, detenciones arbitrarias y denuncias por uso excesivo de la fuerza. El saldo oficial inicial fue de 39 personas detenidas, entre ellas estudiantes, jóvenes y participantes de la movilización cuya intervención en hechos violentos quedó sujeta a revisión.
Este segundo encuentro ciudadano no solo buscaba insistir en la exigencia de agua de calidad. También reclamaba justicia para las personas detenidas arbitrariamente, el esclarecimiento de las agresiones denunciadas y garantías para que una protesta social, no se criminalice y no volviera a terminar bajo gases lacrimógenos, golpes o arrestos cuestionados.
La movilización partió del Parque de la Revolución, conocido como Parque Rojo, con dirección al Palacio de Gobierno de Jalisco. Desde antes de las 11:00 horas comenzaron a reunirse ciudadanos, colectivos y familias con pancartas que reivindicaban el agua como un derecho y rechazaban su contaminación y privatización. Entre las consignas también figuraron las demandas de rendición de cuentas por la actuación policial de la semana anterior y hasta la revocación del mandato del gobernador Pablo Lemus.
Sin embargo, la incorporación de personas encapuchadas alteró el comienzo de la jornada. De acuerdo con los reportes de medios locales, grupos de varias decenas de individuos cada uno, intentaron sumarse al contingente. La resistencia de los asistentes derivó en empujones, discusiones y momentos de tensión que retrasaron la salida.
El contingente ciudadano se deslindó de los violentos sujetos encapuchados que portaban palos y martillos, mientras también se informó de la detonación de artefactos explosivos y del lanzamiento de objetos pirotécnicos, cuando estos “bloques negros” avanzaron por delante de ellos por lo que optaron por quedarse en el parque rojo. Ciudadanía denunció que mientras vandalizaban los grupos de choque la escasa policía que se asomaba no intervino.
La presencia de estas personas generó temor entre participantes que habían acudido a manifestarse en familia por un problema que afecta su vida cotidiana: el agua contaminada e insalubre que reciben en sus viviendas.
La respuesta de una parte del contingente fue directa: no querían que los encapuchados marcharan junto a ellos. Las expresiones de rechazo incluyeron llamados a quitarse las capuchas y abandonar la movilización. En videos difundidos durante la jornada se observó a ciudadanos intentando apartar a quienes consideraban ajenos al carácter pacífico de la protesta.
La confrontación no fue un asunto menor. Cuando una movilización ciudadana debe detenerse para enfrentar a personas que pretenden incorporarse en medio de actos violentos, la exigencia original corre el riesgo de quedar relegada como sucede en marchas feministas, de las madres buscadoras u otros segmentos sociales. El debate público deja de concentrarse en el acceso al agua segura, las y los desaparecidos, la violencia contra mujeres y niñas etc. y se desplaza hacia los daños, los enfrentamientos y la actuación de las fuerzas de seguridad.
Por eso, el rechazo de los propios asistentes a los encapuchados adquirió un significado político. Una parte de la ciudadanía buscó establecer que protestar por un servicio público deficiente no implica aceptar agresiones, saqueos ni destrucción de bienes.
La exigencia de agua limpia no necesitaba actos vandálicos para tener legitimidad, ni la presencia de personas violentas debía convertirse en una razón para descalificar a todos los participantes.
El agua, el reclamo que originó las protestas
Detrás de la movilización hay un problema que no desaparece con el repliegue de un grupo de encapuchados ni con el despliegue de policías antimotines. Los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara llevan meses denunciando la mala calidad del agua que reciben en sus casas y exigiendo explicaciones, soluciones y garantías para su salud.
La primera megamarcha, el domingo 11 de octubre, reunió a miles de personas. El Gobierno de Jalisco estimó entonces una participación cercana a las 10 mil. La movilización comenzó con una exigencia relacionada con el abastecimiento y la calidad del agua, pero terminó marcada por enfrentamientos frente a Casa Jalisco, el uso de la fuerza policial y las detenciones.
Las versiones sobre lo sucedido y las responsabilidades de cada participante han sido motivo de controversia. El Gobierno estatal señaló inicialmente la presencia de grupos violentos, mientras manifestantes, familiares y organizaciones denunciaron que policías golpearon y detuvieron a personas que no estaban cometiendo delitos.
El gobernador Pablo Lemus reconoció posteriormente deficiencias en el operativo y admitió que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas, por lo que anunció investigaciones. La Fiscalía estatal abrió indagatorias y también se informó de investigaciones contra agentes policiales.
La dimensión de los hechos llevó a organismos de derechos humanos a intervenir. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que realizaba diligencias en Guadalajara y documentaba testimonios sobre las detenciones y las condiciones en que permanecieron las personas retenidas. También señaló afectaciones físicas y psicológicas que debían investigarse.
La segunda marcha se desarrolló bajo ese antecedente. Para sus participantes, impedir que la jornada se convirtiera otra vez en una confrontación era también una manera de proteger a quienes habían acudido a exigir agua de calidad y a reclamar por las detenciones de la semana anterior.
El bloque negro y la disputa por el significado de una protesta
La presencia de personas vestidas de negro y con el rostro cubierto volvió a plantear una cuestión recurrente en las movilizaciones mexicanas: cómo distinguir a quienes participan legítimamente en una protesta de quienes realizan actos violentos dentro o alrededor de ella para intereses oscuros.
La expresión “bloque negro” suele utilizarse para describir a grupos de manifestantes que recurren al anonimato y, en determinados casos, a la acción directa contra bienes, comercios o fuerzas policiales. Sin embargo, vestir de negro, llevar una capucha o cubrirse el rostro no demuestra por sí mismo que una persona haya cometido un delito ni permite establecer quién la convocó, quién la financia o si actúa por encargo de alguien.
En Guadalajara, los hechos concretos reportados este domingo fueron suficientes para provocar el rechazo de numerosos asistentes: hubo tensión por la incorporación de encapuchados, se reportó la detonación de artefactos explosivos y se difundieron imágenes de personas que intentaban mantenerlos separados del contingente ciudadano. La Jornada informó que los encapuchados avanzaron por su cuenta hacia el centro de la ciudad, mientras otros reportes dieron cuenta de daños en establecimientos y del presunto robo de mercancías.
Esos hechos deben investigarse de manera individual. La identificación de los responsables corresponde a las autoridades, mediante testimonios, grabaciones y otras pruebas, no a una atribución colectiva basada exclusivamente en la vestimenta.
Pero tampoco puede ignorarse el efecto de estos episodios sobre una movilización social. Cuando se producen agresiones o destrozos, la cobertura pública suele desplazarse desde la demanda original hacia las imágenes de violencia. El problema del agua queda en segundo plano, mientras los participantes pacíficos deben explicar que no comparten las acciones de quienes provocan los disturbios.
Ese desplazamiento puede beneficiar políticamente a quienes desean reducir la protesta a un problema de orden público, aunque no basta para concluir que todos los grupos violentos actúan coordinados con las autoridades o que son utilizados deliberadamente para desacreditar una manifestación. Una acusación de esa naturaleza requiere pruebas específicas.
En la Ciudad de México y en otras entidades, el uso de la fuerza durante protestas, las detenciones y los daños provocados por grupos de encapuchados han alimentado durante años una discusión sobre la criminalización de la movilización social. En ese contexto, resulta fundamental que las investigaciones distingan entre quienes ejercen su derecho a manifestarse y quienes cometen actos ilícitos, sin utilizar las acciones de unos para atribuir culpabilidad a todos.
Lo ocurrido en Guadalajara dejó una imagen distinta a la que suele dominar cuando una protesta termina en enfrentamientos: ciudadanos que no solo reclamaban al Gobierno, sino que también intentaban establecer límites dentro de su propia movilización.
La exigencia de que los encapuchados se retiraran expresó el rechazo de una parte de los asistentes a que terceros definieran el rumbo de la jornada mediante la intimidación o los actos violentos. No fue una resolución judicial ni una identificación definitiva de responsables, pero sí una manifestación pública de que los participantes no estaban dispuestos a aceptar que la protesta por el agua quedara subordinada a quienes buscaban confrontación.
La autoridad, por su parte, tenía la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas, prevenir agresiones y actuar conforme a la ley. Los reportes sobre la presencia policial y las vallas instaladas en torno al Palacio de Gobierno deberán contrastarse con las actuaciones registradas durante los distintos momentos de la movilización. La intervención de los propios ciudadanos no sustituye las obligaciones del Estado.
El desafío para el Gobierno de Jalisco no consiste únicamente en evitar nuevos disturbios. También debe responder a las denuncias sobre la calidad del agua y esclarecer los hechos del 11 de octubre, incluidas las detenciones y las agresiones denunciadas. Si las autoridades se concentran solamente en los episodios violentos, sin resolver la demanda que llevó a miles de personas a las calles, el conflicto seguirá abierto.
En esta segunda megamarcha, los ciudadanos que expulsaron o intentaron apartar a los encapuchados dejaron claro que no querían que su reclamo fuera absorbido por los disturbios. La exigencia de agua limpia continuó siendo el motivo central de la movilización, junto con el reclamo de justicia por la actuación policial de la semana anterior.