Sara Lovera*
La violencia contra las mujeres es resultado de la discriminación y la minusvalía para la mitad de la población. Un fenómeno cultural enraizado y normalizado profundamente. Por ello, es ingenuo suponer su solución con la premura y eficacia necesarias. Posible, desde el poder, es disminuir la impunidad y desarrollar políticas capaces para encararlo, previniendo, atendiendo y sembrando el camino para su erradicación.
Nada de ello sucede en México. En cambio, se desestima esta crisis humanitaria, la realidad dice otra cosa. En ocho meses de pandemia covid-19, las llamadas de auxilio por violencia machista frisan en las 200 mil. También ocurrieron mil 500 asesinatos contra mujeres. Es creciente la violencia en pareja, la violencia sexual, el acoso, el abuso infantil y un repertorio simbólico que reafirma la normalización de la violencia de género, que se sigue viendo como algo natural.
Hoy hablamos de insuficiencia de refugios y de servicios esenciales de atención a violentadas, menos sustento a las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. De los centros de Justicia para las Mujeres, algunos abandonados, se redujo la capacitación. Ello prueba una política pública incoherente y sin visión feminista.
Las acciones de emergencia son sustituidas con entrega de dinero y políticas asistencialistas. Mientras, la violencia feminicida crece a consecuencia de la violencia estructural. En dos años, el gobierno de la 4t desmanteló planes, programas e instituciones. Disminuyó la atención a embrazadas y el reparto de anticonceptivos.
Es inminente replantear las políticas gubernamentales para que respondan a la enorme movilización de mujeres en colectivo, activistas, expertas, académicas y legisladoras.
Cumplir con la ley y abandonar los discursos vacíos fuera de la realidad. El gobierno, está interpelado, cargará con la huella de madres de hijas asesinadas y desaparecidas, de jóvenes heridas y contestatarias. Pasará a la historia como una administración que no oyó ni atendió el grave fenómeno de la violencia machista.
Miente la frase: “Como nunca antes se atiende a las mujeres del pueblo”, porque las dádivas no abonan al desarrollo, la libertad y la independencia; más bien, recrean dependencia y mantienen intactas las desigualdades.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia plantea una política pública integral, en camino de la erradicación de la violencia de género, reeduca a todas y todos. Hoy está desechada.
Esta semana, contradictoriamente, y con fuerza feminista, se aprobaron dos modificaciones legislativas, una en el Senado y otra en la Cámara de Diputados, una esperanza. Nace constitucionalmente el Sistema Nacional de Cuidados, dando fin a la histórica división sexual del trabajo, y se modifican once leyes para recuperar igualdad salarial entre hombres y mujeres, – en la Constitución desde 1917-. Igualdad laboral y no violencia: dos expresiones, dos textos revolucionarios que en ley, teóricamente podrían ser pilares transformadores de la realidad. Sin recursos y voluntad política, se antojan imposibles. Veremos.
*Periodista, directora del portal feminista, SemMéxico.mx
