Alguien como tú.
Gladys de L. Pérez Maldonado.
De acuerdo a datos proporcionados por la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay 25 694 928 (veinticinco millones seiscientos noventa y cuatro mil novecientos veintiocho) de ciudadanos indígenas, que representan el 21.5% de la población total del país, 51.3% mujeres y 48.7% hombres. Después de 5 años la población ha seguido creciendo y seguramente estamos cerca de los 30 millones de indígenas mexicanos.
En México, 7 382 785 (siete millones trescientos ochenta y dos mil setecientos ochenta y cinco) personas de 3 años y más edad hablan alguna lengua indígena, las más habladas son el Náhuatl, Maya y Tseltal.
En reiteradas ocasiones nos hemos manifestado en relación a la violencia indiscriminada y latente que se genera contra la mujer en México, la cual es una realidad cotidiana a la que se enfrentan las féminas de cualquier edad en la casa, el trabajo, la escuela, calle, hospitales, asambleas comunitarias, esto es, tanto en espacios públicos como privados, y hemos profundizado dando a conocer el marco jurídico con enfoque de género nacional que las protege como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a nivel internacional los estatutos del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer (Belem Do Para) .
Sin embargo, el caso de la vulneración en los Derechos Humanos contra las mujeres indígenas es muy particular, pues además de ser violentadas física, psicológica o emocional, patrimonial, económica, sexual, violencia obstétrica y política por ser mujeres, se les discrimina por ser indígenas y pertenecer a un grupo poblacional de alto índice de pobreza, a pesar de todos los adelantos en los sistemas jurídicos nacional e internacionales mencionados.
Ante tales marginaciones sociales, la pandemia del Covid-19 constituye una grave amenaza para la salud de las mujeres, adolescentes y niñas de los pueblos indígenas en nuestro país.
Reconocer el impacto de la crisis social y sanitaria generada por el Covid-19 en las mujeres y niñas indígenas, identificando sus necesidades, -que particularmente, debido a la intersección de múltiples desigualdades se torna más difícil-, es central para fortalecer los esfuerzos de mitigación y recuperación, así como para asegurar una respuesta efectiva que garantice sus derechos.
La seguridad alimentaria de las mujeres y niñas indígenas puede verse afectada por las dificultades de acceso de alimentos a sus comunidades debido a los cierres de servicios de escuelas y carreteras.
Las medidas de aislamiento social pueden implicar la cancelación de actividades económicas, por ejemplo, el cierre de mercados o del “día de la plaza”, que representan un ingreso importante para cubrir las necesidades alimenticias de las familias en las comunidades. Esto resulta más impactante para las madres sin pareja corresidente, de los hogares indígenas, 23.4% tienen jefatura femenina.
En los momentos de crisis, los hombres, más que las mujeres, permanecen en los empleos formales y aún en la informalidad tienen mayores posibilidades de tener ingresos propios porque asumen en menor medida responsabilidades familiares de cuidado, con independencia que la tasa de participación económica (PEA) de las mujeres indígenas es menor al total de las mujeres a nivel nacional y se ubica en 23.5% en contraste con 33.5%.
El cierre de las escuelas generado por la emergencia sanitaria implica tareas de cuidado adicionales que recaen en las mujeres de las comunidades indígenas, acrecentando las 25 horas semanales que las mujeres y adolescentes indígenas dedican al cuidado de las personas enfermas y además puede provocar el abandono escolar de las adolescentes indígenas, de acuerdo a experiencias previas de epidemias en las comunidades.
La crisis sanitaria ya esta teniendo impacto en la salud y la seguridad de las mujeres para acceder a servicios básicos de salud sexual y reproductiva, y en el caso de las mujeres indígenas puede ser mayor , al no contar en los centros de salud con personas que hablen su mismo idioma y al tener un promedio más alto de hijos nacidos vivos por mujer -3.3 en contraste con 2.2 de las mujeres no hablantes de la lengua indígena- aunado a que la fecundidad en las adolescentes indígenas de 15 a 19 años de edad es más alta.
Las mujeres indígenas y mujeres que viven en zonas rurales o asentamientos informales pueden enfrentar riesgos aún más elevados u obstáculos adicionales para acceder a servicios esenciales o para huir de situaciones de violencia dentro del hogar durante el confinamiento y aumentar en caso de violencia sexual, embarazos en adolescentes.
Las mujeres indígenas que migraron a la ciudad cuentan en su mayoría con poca escolaridad, trabajan en el sector informal de la economía, sin prestaciones sociales y suelen vivir al día, la disminución en sus ingresos tiene consecuencias negativas inmediatas, como la dificultad de pagar una renta o incluso la alimentación cotidiana para ellas y en ocasiones para sus hijas e hijos que las acompañan, están viviendo el resguardo en casa solas y el regreso a sus comunidades de origen no es sencillo. En algunos casos, el precio del traslado no lo pueden cubrir por falta de recursos económicos; en otros, las líneas de transporte han suspendido varios trayectos.
La sociedad mexicana debe ser empática con la situación que enfrentan las mujeres indígenas en tiempos del Covid-19, se deben visibilizar las condiciones de carencia y vulnerabilidad en la que viven, tales como el acceso a seguridad social, a vivienda digna, alimentación, salud y educación.
Las instituciones del Gobierno deben multiplicar las visitas a sitios de trabajo y albergues, para garantizar que las condiciones en que se encuentran les permitan respetar y realizar todas las medidas de auto-cuidado recomendadas a toda la población para evitar el contagio del Covid-19 para ellas y sus hijas e hijos, y además, para aquellas mujeres indígenas que así lo desearan o necesitaran, proporcionarles algún medio de transporte para regresar a sus comunidades de origen.
Debemos aprender a vivir desde la interculturalidad y la perspectiva de género, las mujeres indígenas son nuestra historia, llevan en sus entrañas la lucha, la sabiduría, la alegría, la fortaleza y la dignidad de nuestro México.
En el año 2001, en el artículo 2 de la Carta Magna se reconocieron formalmente los derechos del pueblo indígena en nuestro país, hagámosle honor al texto Constitucional.
