*Episcopado pide proteger derechos de las audiencias sin censura.
13.08.2026 Ciudad de México.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llamó a participar en la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y planteó que cualquier regulación en materia de comunicación debe partir del respeto a la libertad, la verdad, el diálogo y la posibilidad de que las personas reciban información sin imposiciones.
En un mensaje dirigido “al Pueblo de Dios que peregrina en México, a las audiencias y a los comunicadores, a nuestros hermanos y hermanas de las diversas confesiones religiosas de nuestra patria, y a todas las personas de buena voluntad”, el Episcopado fijó su posición frente al proceso abierto por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
El documento, identificado como mensaje del Episcopado Mexicano, con el número de protocolo 348/26 y titulado “Conocerán la verdad y la verdad los hará libres”, aborda desde una perspectiva religiosa y comunicativa la discusión que actualmente se desarrolla en torno a los derechos de quienes reciben contenidos de radio y televisión.
La consulta pública de los lineamientos comenzó el 27 de julio y permanecerá abierta hasta el 21 de agosto de 2026. La CRT informó que pueden participar radioescuchas, televidentes, académicos, organizaciones civiles, concesionarios y cualquier persona interesada en presentar observaciones y propuestas al proyecto.
El anteproyecto busca establecer mecanismos para que las audiencias puedan hacer efectivos derechos reconocidos en la legislación, entre ellos recibir información veraz y oportuna, distinguir entre información noticiosa y opinión, identificar la publicidad y contar con mecanismos para formular quejas ante los concesionarios de radio y televisión.
Dentro del esquema planteado por la CRT también se contempla que los concesionarios cuenten con un Código de Ética y con una persona defensora de las audiencias encargada de recibir y atender las inconformidades del público. El organismo regulador señaló que el propósito es que las audiencias sean consideradas sujetos activos de la comunicación y no únicamente receptoras de contenidos.
El mensaje del Episcopado aborda este proceso desde la relación histórica entre la Iglesia y la comunicación. En el documento, los obispos sostienen que la institución religiosa no permanece al margen de los procesos comunicativos porque una parte de su misión consiste precisamente en transmitir un mensaje.
“La Iglesia no es ajena al mundo de la comunicación. Vive de comunicar”, señala el texto presentado por la CEM.
A partir de esa premisa, el Episcopado plantea que la experiencia acumulada por la Iglesia también implica reconocer los riesgos que pueden presentarse cuando la comunicación deja de respetar la libertad de las personas.
El documento recuerda las palabras de Jesucristo recogidas en el Evangelio de Juan: “Conocerán la verdad y la verdad los hará libres”. La CEM explica que, desde su perspectiva, esa afirmación no supone imponer una determinada verdad a quien escucha o recibe un mensaje.
“Cuando el Señor dijo que la verdad nos haría libres, no estaba prometiendo una verdad impuesta”, señala el Episcopado. El texto agrega que el procedimiento de Jesús fue “proponer, preguntar, no pararbolar”, dejar que las personas eligieran y que “Nunca obligó a nadie a creer”.
El planteamiento constituye uno de los ejes del posicionamiento episcopal frente a la discusión sobre los derechos de las audiencias. La CEM establece una diferencia entre comunicar una convicción y obligar a aceptarla, y sostiene que una verdad impuesta deja de cumplir la función liberadora a la que hace referencia el Evangelio.
“Una verdad forzada deja de ser liberadora en el momento mismo en que se fuerza”, expone el documento.
La posición adquiere relevancia dentro de un proceso regulatorio que ha provocado una discusión entre autoridades, empresas de comunicación, organizaciones y sectores relacionados con la libertad de expresión.
La CRT ha sostenido que los lineamientos no tienen como finalidad establecer censura sobre los contenidos de radio y televisión. La comisionada presidenta del organismo, Norma Solano Rodríguez, declaró que la libertad de expresión está garantizada y que la propuesta pretende establecer procedimientos para hacer efectivos derechos de las audiencias.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también rechazó que el proyecto constituya un mecanismo de censura. La mandataria explicó que el modelo planteado se basa en la autorregulación de los medios y que los códigos de ética serán definidos por los propios concesionarios.
La discusión se produce después de una reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que estableció nuevas responsabilidades para los concesionarios y dio paso a la creación de la CRT. Los nuevos lineamientos buscan desarrollar mecanismos para hacer operativos derechos que ya están reconocidos en el marco jurídico mexicano.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la relación entre los medios y sus audiencias. Bajo el esquema propuesto, una persona que considere vulnerados sus derechos podrá recurrir a la defensoría correspondiente y presentar una inconformidad. Los concesionarios deberán contar con mecanismos para recibir y procesar esas reclamaciones.
La CRT ha explicado que, si una persona no está conforme con la determinación del defensor de las audiencias o si el medio no atiende la recomendación correspondiente, el organismo regulador podrá intervenir.
El proyecto contempla obligaciones para concesionarios de radio y televisión comercial, pública y social. Los medios deberán registrar y difundir su Código de Ética y proporcionar información a sus audiencias sobre los mecanismos disponibles para formular quejas.
Otro de los elementos incluidos en la propuesta es la obligación de diferenciar entre información noticiosa y opinión. La finalidad es que las audiencias puedan identificar cuándo están recibiendo información periodística y cuándo se trata de una valoración o comentario.
El anteproyecto también contempla distinguir publicidad y contenido, así como garantizar condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad. Entre los derechos identificados en la explicación oficial se encuentra además el derecho de réplica frente a información falsa o inexacta que pueda afectar a una persona.
La CEM coloca estos asuntos dentro de una reflexión más amplia sobre la función social de la comunicación. En el documento, los obispos sostienen que la Iglesia ha tenido que aprender a comunicar a través de diferentes épocas y medios y que ese proceso también le ha permitido reconocer errores propios y la importancia de escuchar.
El mensaje señala que el anuncio de la Iglesia “sólo es fecundo cuando respeta la libertad de quien escucha”.
La CEM también retoma un pronunciamiento del papa León XIV ante representantes de los medios de comunicación, realizado el 12 de mayo de 2025. De acuerdo con la referencia incluida en el documento episcopal, el pontífice planteó como desafío construir una comunicación capaz de superar la “torre de Babel” de los lenguajes sin amor, así como los mensajes caracterizados por enfrentamientos ideológicos y falsedades.
En esa referencia, el Episcopado destaca una concepción de la comunicación que no se limita a la transmisión de información. El documento cita al Papa para señalar que comunicar implica también crear una cultura y generar espacios humanos y digitales que permitan el diálogo y el contraste.
La cita adquiere importancia dentro del mensaje porque la CEM vincula el debate sobre los derechos de las audiencias con la forma en que se construyen los espacios de comunicación contemporáneos. La discusión no se reduce, desde la perspectiva episcopal, a las obligaciones que deben cumplir los medios, sino que incluye la manera en que los contenidos influyen en las relaciones entre quienes comunican y quienes reciben la información.
El documento también está dirigido expresamente a los comunicadores. Con ello, la CEM incorpora a periodistas, medios y otros participantes del proceso comunicativo en la reflexión sobre la responsabilidad que implica transmitir información a la sociedad.
La consulta pública de la CRT se desarrolla precisamente bajo un esquema que permite que esos sectores presenten observaciones antes de que se emita la versión definitiva de los lineamientos. El objetivo oficial es recibir comentarios y aportaciones para perfeccionar el proyecto regulatorio.
El plazo establecido por la autoridad comprende del 27 de julio al 21 de agosto. La CRT habilitó un portal para recibir las propuestas y estableció que pueden participar personas interesadas, integrantes de la academia, organizaciones civiles, concesionarios y miembros del público.
El proceso también ocurre en medio de cuestionamientos de representantes de la industria de la radio y la televisión. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión expresó preocupación por los lineamientos y señaló posibles riesgos relacionados con las sanciones y con la libertad de expresión. Ante ello, la CRT ha insistido en que el proyecto no pretende imponer censura.
La autoridad reguladora ha señalado que los códigos de ética y los criterios editoriales continuarán correspondiendo a los propios medios, mientras que la defensoría de las audiencias funcionaría como un mecanismo para atender inconformidades del público.
El mensaje de la CEM se incorpora a esta discusión desde un ángulo diferente. No presenta el debate únicamente como una cuestión técnica de regulación de radio y televisión, sino como un asunto relacionado con la libertad, la responsabilidad y la búsqueda de la verdad.
En el documento, el Episcopado sostiene que su postura nace de una convicción que coloca “al Evangelio antes que del derecho” y que, desde esa perspectiva, orienta su participación en la discusión pública sobre la comunicación.
La intervención de la Iglesia católica se produce así mientras continúa abierta la etapa para recibir propuestas sobre los lineamientos. Una vez concluido el periodo de consulta, la autoridad deberá revisar las observaciones recibidas y definir el contenido final de las disposiciones que regularán los mecanismos para ejercer y proteger los derechos de las audiencias de radio y televisión.
El mensaje de la CEM deja planteada, dentro de ese proceso, una posición centrada en la libertad de quien escucha, la responsabilidad de quien comunica y la necesidad de que la búsqueda de la verdad no se convierta en una imposición.