**A juicio de Amparo.
/ María Amparo Casar /
A los señores y señoras legisladores de oposición habría que decirles que no gasten un minuto de su tiempo en analizar la iniciativa de reforma electoral del Presidente.
Que no se desgasten en tratar de discutir o negociar. Que simplemente voten en contra de ella.
Nunca pensé aconsejar algo tan ajeno a la democracia como el llamado a no dialogar o a no negociar, pero estos tres años nos han enseñado que no hay espacio para ello. El Parlamento Abierto para la reforma eléctrica fue pura pantalla, a pesar de los sólidos argumentos de los participantes.
Aun si se rompiera el principio de que “a mis iniciativas no se les mueve ni una coma” y aun teniendo aspectos positivos, hay motivos para desechar la iniciativa en su conjunto.
Para ignorarla porque es simplemente una trampa para la oposición. Me explico.
Primera trampa. La iniciativa comienza descalificando a las autoridades electorales “por su falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad” y calificándolas de servir a las élites económicas y políticas.
Desde un inicio estuvo en su proyecto destruir al INE como lo conocemos. Quizá no mandó la iniciativa al inicio de su mandato pensando que en 2021 mantendría la mayoría.
No siendo así y después de la experiencia de la reforma energética, encuentro dos motivaciones. Probar que ahora sí podrá romper la coalición o recargar su arsenal de descalificaciones contra sus adversarios. Rechazarla en parte o en su totalidad sirve al propósito de desprestigiar a la oposición y poder llamar traidores a la democracia a todos aquellos que se opongan a ella.Va por México y Movimiento Ciudadano seguirán siendo antidemócratas y guardianes de sus privilegios.
Segunda trampa. Toda ley tiene algo rescatable. Por ejemplo, no parece una mala idea compactar algunas de las funciones y unidades del INE. Pero negociar artículo por artículo de la reforma es muy peligroso. López Obrador –con la absoluta disciplina de su bancada– jugará muy bien sus cartas. La oposición tiene capacidad de veto, esto es, de impedir que se apruebe la reforma, pero no tiene capacidad para que sus propuestas prosperen. Por ejemplo, la propuesta para quitar el dinero a los partidos y que se vuelvan autosustentables es muy popular. Suena bien ahorrar muchos pesos, sobre todo cuando eres el partido en el poder y puedes desviar recursos. Pero ¿qué sucederá en el Congreso? Este punto se someterá a votación a sabiendas de que no lo dejará pasar la oposición, López Obrador dará instrucciones a su bancada de votar en favor del ahorro y culpará a la oposición de que prefirió seguir con sus privilegios que destinar el poco dinero que tenemos para los pobres. En contrario sensu, si la oposición dice, por dar un ejemplo, apoyar la reducción de 200 diputados en el Congreso, pero manteniendo la proporcionalidad de 60% de mayoría y 40% de representación proporcional, no conseguirá los votos de Morena. Perder-perder para la oposición.
Tercera trampa, y la más peligrosa desde mi punto de vista. Toda reforma constitucional deja lagunas y, sobre todo, espacio para que las leyes secundarias aterricen los detalles de la norma. Por ejemplo, en no menos de 10 ocasiones, la iniciativa dice: “De acuerdo a lo que la ley determine”. Y qué pasa con esto, que la ley requiere mayoría simple y esa mayoría la tiene Morena y sus aliados.
Si abren la puerta a través de la reforma constitucional, Morena aprovechará las lagunas y las leyes electorales para torcer la Constitución.
Éstas son las tres razones por las que sugiero no perder el tiempo en la discusión y negociación. Pero hay otras.
De entrada, la reforma tiene un intento deslegitimador de las autoridades electorales. Para seguir, si bien tanto el sistema electoral como el andamiaje institucional en que se sustenta tienen espacios de mejora, funcionan y funcionan bien. ¿Por qué no concentrar los esfuerzos en mejorar los desastrosos indicadores que padece el país. Los cambios electorales son siempre motivo de disenso cuando lo que necesitamos en México son consensos: para crecer, combatir la pobreza, recomponer los sistemas de salud y educación o disminuir la violencia. Ahí están los problemas de
México que el Ejecutivo no quiere discutir. Más que un distractor, la iniciativa es una provocación que el Presidente utilizará política y discursivamente en contra de sus adversarios. Para terminar, una pregunta: ¿para qué una nueva legislación y un nuevo instituto si el Presidente no tiene intención de obedecer las leyes ni la autoridad de los consejeros tal y como lo demostró en la revocación de mandato?
Por todo esto, lo mejor sería una oposición unida para que, como en la reforma eléctrica, no se alcancen los dos tercios de la votación.
