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10.11.2026. Ciudad de México- El organismo electoral renovó su infraestructura de seguridad mediante un contrato asignado por adjudicación directa. El proyecto contempló cámaras de videovigilancia, torniquetes y sistemas electrónicos de identificación en ocho inmuebles centrales y las 32 juntas locales del país y la sala para periodistas. La contratación también quedó bajo cuestionamientos por la reserva de información sobre sus características y justificación.
En medio de las exigencias de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos, el Instituto Nacional Electoral (INE) destinó 227 millones de pesos a la modernización de sus sistemas de videovigilancia y control de acceso en varios inmuebles, entre ellos, 40 sedes distribuidos en todo el territorio nacional.
Reportes periodísticos habían denunciado las cámaras de video y voz que Taddei instaló en todas las áreas del instituto, incluida la sala de redacción destinada a la prensa. Fueron las y los empleados quienes revelaron el espionaje dentro del instituto.
La contratación, identificada con el número INE/050/2025, fue formalizada el 5 de diciembre de 2025 y asignada directamente a la empresa AMPS para la Integración y Articulación SAPI de CV, sin recurrir a una licitación pública abierta, de acuerdo con información documental difundida por investigaciones periodísticas.
El proyecto denominado Centro Estratégico de Seguridad Integral abarca ocho instalaciones centrales del organismo, entre ellas los inmuebles de Tlalpan, Tláhuac, Zafiro, Insurgentes, Quantum, Moneda y el Centro de Cómputo y Resguardo Documental, además de las 32 juntas locales ejecutivas.
La inversión contempla la incorporación de cámaras de seguridad, torniquetes, dispositivos para controlar el ingreso vehicular y mecanismos electrónicos de identificación. Los equipos buscan sustituir una infraestructura que, según las autoridades electorales, presentaba rezagos tecnológicos y deficiencias para supervisar adecuadamente las instalaciones.
Uno de los aspectos que generó controversia fue la decisión de reservar información relacionada con el contrato y sus especificaciones técnicas. El argumento institucional fue que divulgar determinados detalles podría comprometer la seguridad de los inmuebles y las actividades estratégicas del organismo.
Sin embargo, la falta inicial de información pública sobre el proveedor, los costos y las características del proyecto abrió interrogantes sobre la transparencia de una contratación financiada con recursos públicos.
En enero de 2026, funcionarios del INE defendieron la modernización y explicaron que los sistemas anteriores tenían alrededor de 15 años de antigüedad. También rechazaron que la instalación respondiera a una amenaza específica contra el Instituto y aseguraron que las cámaras estaban destinadas exclusivamente a labores de seguridad, con la función de audio deshabilitada.
La tecnología instalada corresponde a equipos de la marca Verkada, fabricante especializado en soluciones de videovigilancia. El sistema incorpora herramientas tecnológicas para mejorar el monitoreo de las instalaciones.
El contrato tiene una vigencia del 5 de diciembre de 2025 al 5 de diciembre de 2026 y representa un desembolso de 227 millones de pesos, IVA incluido.
El monto y la modalidad de asignación colocaron el proyecto bajo el escrutinio público, particularmente por tratarse de una institución cuya responsabilidad es garantizar la organización de los procesos electorales y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
La discusión sobre el gasto también adquirió una nueva dimensión en este noviembre de 2026, cuando se reportó el retiro de cámaras y torniquetes instalados durante la administración de Guadalupe Taddei, particularmente en espacios de la sede central del organismo.