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22.10.2026.- EUA.- Un jurado federal de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Iván “N”, alias “El Tanque”, señalado como uno de los operadores regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por presuntos delitos relacionados con el tráfico de cocaína y metanfetamina, así como por posesión de armas de fuego vinculadas con actividades de narcotráfico.
La acusación fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia y anunciada este jueves 22 de octubre por el Departamento de Justicia estadounidense. De acuerdo con la información difundida, el expediente atribuye al acusado actividades criminales durante un periodo que se extiende de 2005 a 2025.
La acción judicial coloca a “El Tanque” ante un proceso penal en Estados Unidos, mientras permanece detenido en México tras su captura en Zapopan, Jalisco, el pasado 5 de octubre. Las autoridades mexicanas lo identifican como un presunto mando regional del CJNG con operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.
Aunque la acusación fue anunciada por el Departamento de Justicia, no debe confundirse con una imputación formal del Departamento de Estado: la presentación de cargos corresponde al ámbito judicial federal estadounidense. Tampoco significa que el acusado haya sido declarado culpable; esa determinación deberá establecerse mediante el proceso correspondiente.
La acusación estadounidense contempla dos cargos principales. El primero es conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína y 500 gramos de metanfetamina destinados a su importación a Estados Unidos. El segundo se relaciona con el uso, portación, exhibición y disparo de un arma de fuego en conexión con la presunta conspiración de narcotráfico.
Según el Departamento de Justicia, los hechos atribuidos a Cazarín Molina abarcan dos décadas, de 2005 a 2025. Si es declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas. Se trata de las sanciones previstas para los cargos, no de una condena ya impuesta.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) participa en la investigación. Su titular, Terrance Cole, sostuvo que el expediente busca responsabilizar a mandos criminales por las redes de tráfico de drogas que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, han operado mediante violencia e intimidación.
El caso también representa una nueva acción de Estados Unidos contra la estructura de mando del CJNG, organización que el Departamento de Estado designó como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025. Esa clasificación amplía las herramientas legales disponibles para perseguir a la organización y a quienes presuntamente colaboran con ella.
En México, la detención de “El Tanque” fue anunciada el 6 de octubre por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El funcionario informó que el arresto se realizó un día antes en Zapopan, mediante un operativo que involucró a fuerzas federales y trabajos de inteligencia.
Las autoridades mexicanas también lo relacionan con presuntos delitos de delincuencia organizada, secuestro, tráfico de drogas, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, homicidio, extorsión, lavado de dinero y robo de hidrocarburos. Por estas investigaciones, un juez federal lo vinculó a proceso y le impuso prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Uno de los antecedentes que vinculan a Cazarín Molina con Veracruz es la investigación estadounidense sobre el robo y contrabando de combustibles. En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de personas sancionadas por sus presuntos vínculos con el CJNG y describió una red que extraía combustible de ductos de Petróleos Mexicanos, lo almacenaba en instalaciones cercanas al puerto de Veracruz y lo comercializaba mediante empresas y estaciones de servicio.
Según ese señalamiento, las ganancias del robo de hidrocarburos constituían una fuente importante de recursos para el operador y el grupo criminal. El Tesoro también sostuvo que el combustible era vendido a intermediarios que podían introducirlo al mercado estadounidense, particularmente en Texas.
La acusación penal anunciada este jueves es distinta de aquellas sanciones financieras. Mientras las medidas del Tesoro buscan bloquear bienes e impedir transacciones con las personas y empresas designadas, el proceso federal abierto en Washington pretende establecer responsabilidad penal por delitos específicos relacionados con el narcotráfico y las armas.
La presentación de los cargos tampoco equivale a una solicitud formal de extradición ni confirma que ese procedimiento ya haya comenzado. Hasta ahora, la información publicada sobre el caso distingue la acusación penal estadounidense de las actuaciones judiciales que Cazarín Molina enfrenta en México.
Para Veracruz, donde las autoridades han documentado investigaciones relacionadas con el robo de combustible y las operaciones regionales del CJNG, el expediente vuelve a colocar bajo escrutinio las redes que presuntamente combinan actividades ilícitas con estructuras empresariales de apariencia legal.
El proceso en Estados Unidos deberá determinar si las pruebas permiten demostrar los delitos que se le atribuyen a Iván Cazarín Molina. Mientras tanto, el acusado conserva la presunción de inocencia, tanto respecto de los cargos federales estadounidenses como de las imputaciones que enfrenta en México.