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En México, miles de mujeres, adolescentes, niñas y niños aparecen cada año en registros de desaparición o no localización mientras las autoridades enfrentan otro fenómeno que puede cruzarse con esas ausencias: la trata de personas con fines de explotación sexual. No todas las desapariciones están relacionadas con este delito y tampoco todas las víctimas de trata son personas desaparecidas, pero los organismos especializados advierten que existen puntos de contacto que obligan a investigar cada caso con perspectiva de género y de infancia.
El problema tiene una dimensión que rebasa las cifras de carpetas de investigación pues según estimaciones de colectivos el 91 por ciento no denuncia. La explotación sexual puede comenzar con una promesa de empleo, una relación afectiva, una conversación en redes sociales, una amenaza, un chantaje o incluso dentro del círculo familiar. En el caso de niñas, niños y adolescentes, las nuevas tecnologías han abierto además mecanismos de captación y abuso que pueden desarrollarse sin que la víctima abandone inicialmente su entorno.
El 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, coloca esa realidad nuevamente en el centro del debate. En México, los datos disponibles muestran un delito que tiene víctimas identificadas, investigaciones abiertas y sentencias, pero también una brecha entre los casos que llegan a conocimiento de las autoridades y la dimensión que organismos y organizaciones especializadas atribuyen al fenómeno.
En 2024, el gobierno mexicano reportó 661 nuevas investigaciones por trata de personas. De ellas, 392 correspondieron a explotación sexual. Ese mismo año se iniciaron procesos judiciales contra 162 personas, entre ellas 84 por presunta trata con fines sexuales. Las autoridades reportaron además 98 condenas por trata de personas, 52 de ellas relacionadas con explotación sexual.
El mismo informe registró 860 víctimas de trata identificadas durante 2024. De ese total, 343 fueron clasificadas como víctimas de explotación sexual. El desglose disponible contabilizó al menos 162 mujeres adultas, nueve niños y 112 niñas entre las víctimas de explotación sexual. También fueron identificados seis hombres. La propia información gubernamental utilizada para elaborar el reporte advierte que algunos estados no entregaron datos completos y otros no proporcionaron información.
Ese punto resulta fundamental para interpretar las estadísticas. Los registros oficiales no representan necesariamente a todas las personas que pudieron ser víctimas. Son los casos que fueron detectados y registrados por las instituciones.
La brecha también aparece en la protección. Durante 2024, autoridades federales y estatales informaron que al menos 80 víctimas fueron remitidas a proveedores de servicios. Otras 381 recibieron servicios gubernamentales o apoyo oficial. Organizaciones de la sociedad civil reportaron haber atendido por su cuenta a 282 víctimas, entre ellas 126 víctimas de explotación sexual. El informe internacional señaló que los servicios generales proporcionados por el Estado continuaban siendo insuficientes y que los mecanismos de canalización variaban entre entidades.
La situación adquiere otra dimensión cuando se observa específicamente a la infancia.
Entre enero y junio de 2026, las autoridades registraron 123 víctimas de trata de personas menores de 18 años. Treinta fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual: 28 mujeres y dos hombres. Es decir, nueve de cada diez menores identificados en ese delito eran mujeres.
Siete de cada diez víctimas menores de edad de explotación sexual tenían entre 13 y 17 años, mientras que una cuarta parte tenía entre cero y 12 años. Durante esos seis meses se registraron, en promedio, cinco casos de trata sexual de niñas, niños y adolescentes cada mes.
La distribución territorial tampoco es homogénea. Entre enero y junio de 2026, Baja California concentró dos de cada cinco casos de trata sexual de menores. Si se agregan Estado de México y Ciudad de México, estas tres entidades concentraron tres de cada cinco casos registrados a nivel nacional. Tijuana concentró por sí sola aproximadamente uno de cada tres casos detectados.
Quintana Roo, Baja California y Estado de México fueron las entidades con mayor número total de víctimas menores de edad de trata durante el primer semestre del año. En el ámbito municipal aparecieron entre los principales registros Benito Juárez, Tijuana y Tulum.
Las cifras muestran, además, una concentración particularmente fuerte entre adolescentes mujeres. Pero existe un problema adicional: la explotación sexual ya no depende necesariamente de que una víctima sea trasladada físicamente a otro lugar.
La captación ocurre también en internet.
Un estudio de UNICEF, ECPAT International e INTERPOL presentado en México en 2026 encontró que 13 por ciento de los usuarios de internet de entre 12 y 17 años sufrieron explotación o abuso sexual facilitados por la tecnología durante 2023 y 2024. La estimación equivale a alrededor de 1.6 millones de adolescentes.
El estudio encontró que 64 por ciento de las víctimas conocían a la persona agresora. En muchos casos se trataba de amistades, parejas o familiares. Menos de uno por ciento de los casos llegó a ser denunciado ante la policía, mientras que 32 por ciento de los adolescentes que experimentaron esas situaciones no lo comunicaron a ninguna persona. Entre las razones identificadas aparecieron la vergüenza, el miedo y el desconocimiento sobre dónde pedir ayuda.
Ese dato modifica la idea tradicional de explotación sexual como un delito que ocurre exclusivamente en determinados establecimientos, calles o zonas turísticas. El teléfono celular puede convertirse en una herramienta para establecer contacto, obtener imágenes, generar dependencia emocional, amenazar a la víctima o trasladar posteriormente la violencia al ámbito físico.
El informe estadounidense sobre trata de personas correspondiente a 2025, elaborado con información proporcionada por autoridades mexicanas y organizaciones, documentó que los tratantes recurren cada vez más a videojuegos, redes sociales, páginas de internet y aplicaciones de citas para buscar víctimas. También registró denuncias sobre el uso de imágenes sexuales de menores generadas mediante inteligencia artificial para ejercer coerción.
La misma fuente señala que más de 45 por ciento de las personas que recurrieron a una línea de atención contra la trata entre 2022 y 2024 dijeron haber sido reclutadas inicialmente mediante sitios web o redes sociales, de acuerdo con una organización no gubernamental.
El escenario se vuelve todavía más complejo cuando se observa el número de niñas, niños y adolescentes que han sido reportados como desaparecidos o no localizados.
Al 8 de junio de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumulaba 126 mil 524 reportes correspondientes a personas de entre cero y 17 años que habían sido desaparecidas, no localizadas o posteriormente localizadas. De ellas, 18 mil 104 permanecían desaparecidas o no localizadas.
Dos de cada tres registros correspondían a mujeres: 84 mil 092 niñas y mujeres adolescentes habían sido incluidas en el registro en algún momento. Entre quienes continuaban desaparecidos o no localizados había 9 mil 082 mujeres menores de edad y 8 mil 991 hombres.
La edad es otro dato que sobresale.
De las 18 mil 104 niñas, niños y adolescentes que permanecían desaparecidos o no localizados al corte de junio, 13 mil 046 tenían entre 12 y 17 años. Es decir, siete de cada diez eran adolescentes.
En el caso de las mujeres menores de edad, el número de desapariciones aumenta de manera marcada durante la adolescencia. El registro contabilizaba 6 mil 685 mujeres de entre 12 y 17 años desaparecidas o no localizadas, frente a cifras considerablemente menores en los grupos de menor edad.
Durante 2025 se registraron 2 mil 018 reportes de niñas, niños y adolescentes desaparecidos o no localizados, una cantidad que se mantuvo prácticamente igual a la de 2024 y que, de acuerdo con el análisis de REDIM basado en el RNPDNO, representó la cifra más elevada para un año concluido desde que existen registros comparables.
El dato no significa que 2 mil 018 menores permanezcan desaparecidos. Se trata de reportes registrados durante ese año. La mayoría de los casos históricos termina con la localización de la persona.
Sin embargo, tampoco todos los desenlaces son iguales.
Hasta el 8 de junio de 2026, mil 297 niñas, niños y adolescentes registrados históricamente como desaparecidos o no localizados habían sido encontrados sin vida. REDIM señala que el RNPDNO no proporciona información suficiente para conocer el estado de todas las personas localizadas con vida, por lo que la estadística tampoco permite determinar cuántas pudieron haber sufrido algún tipo de violencia durante su ausencia.
Las desapariciones de niñas y adolescentes no pueden interpretarse automáticamente como casos de trata sexual. Las causas pueden ser múltiples y cada investigación debe determinar qué ocurrió. Pero organismos internacionales han advertido que las desapariciones pueden estar vinculadas, dependiendo de cada caso, con delitos como trata, explotación sexual, reclutamiento forzado, violencia sexual y feminicidio.
Por esa razón, la reacción institucional ante una desaparición constituye también una medida de prevención.
México cuenta con mecanismos específicos para la búsqueda. La Alerta Nacional de Búsqueda permite difundir información y coordinar a distintas instituciones. También existen la Alerta Amber para niñas, niños y adolescentes y el Protocolo Alba para determinados casos de mujeres desaparecidas.
El problema no es, por tanto, la inexistencia absoluta de instrumentos legales o administrativos.
La dificultad está en su aplicación.
El informe sobre trata de personas de 2025 señaló deficiencias en la identificación de víctimas, servicios insuficientes, problemas de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y casos de corrupción y complicidad que obstaculizan las investigaciones. También indicó que los datos oficiales contra la trata no eran plenamente confiables y que la falta de un sistema coordinado dificultaba evaluar resultados y asignar recursos.
El mismo reporte señaló que en octubre de 2024 solamente 30 de las 32 entidades federativas contaban con fiscalías o unidades especializadas en materia de trata, pese a que la legislación contempla esa obligación.
La coordinación también representa un problema en la atención de las víctimas. De acuerdo con el informe, los procedimientos de canalización no eran uniformes y, en muchos casos, los refugios dependían de decisiones de las fiscalías para admitir a víctimas adultas. En el caso de menores, las derivaciones dependían de las autoridades de protección familiar.
A esto se suma el temor a denunciar.
Las autoridades reportaron que muchas víctimas no acudían a las instituciones por desconfianza, miedo a represalias o temor a consecuencias migratorias, entre otras razones. En el caso de niñas, niños y adolescentes, el silencio puede estar relacionado además con la dependencia emocional respecto de la persona agresora, el chantaje y la ausencia de adultos de confianza.
La dimensión de género atraviesa todo el fenómeno.
Los datos disponibles muestran que las mujeres y niñas constituyen la mayoría de las víctimas identificadas de trata con fines sexuales. En el primer semestre de 2026, nueve de cada diez víctimas menores de edad de trata sexual fueron mujeres. En las desapariciones de menores ocurre algo distinto pero relacionado: las niñas y adolescentes representan una proporción mayoritaria de los registros históricos y, especialmente, existe una concentración importante durante la adolescencia.
La violencia tampoco termina cuando una víctima es localizada.
La explotación puede dejar consecuencias físicas, psicológicas, económicas y sociales, además de exposición a nuevas agresiones. Para una niña o adolescente, regresar a su comunidad sin atención especializada puede significar enfrentarse nuevamente al entorno en el que fue captada o a la persona que ejerció control sobre ella.
Por ello, la protección no puede limitarse a localizarla.
Implica garantizar alojamiento seguro cuando sea necesario, atención médica y psicológica especializada, asesoría jurídica, acompañamiento durante la investigación, protección frente a los agresores y condiciones para que pueda reconstruir su proyecto de vida.
En el papel, México cuenta con obligaciones legales para prevenir y atender estas violencias. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a las autoridades a adoptar medidas para prevenir, atender y sancionar distintas formas de violencia contra la infancia, incluido el abuso sexual. El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2026-2030 contempla entre sus objetivos la protección integral de la niñez frente a las violencias en los diferentes entornos donde se desarrolla.
La pregunta está en la distancia entre esa arquitectura institucional y lo que sucede cuando una familia llega a denunciar una desaparición.
Cada hora de búsqueda puede resultar relevante. Una alerta que no se activa oportunamente, una ficha que tarda en difundirse, una investigación que inicia bajo una hipótesis equivocada o la falta de coordinación entre fiscalías y autoridades de búsqueda pueden reducir las posibilidades de localizar a una persona en condiciones de seguridad.
En ese punto, desaparición y explotación sexual pueden encontrarse.
No porque una cosa explique automáticamente la otra, sino porque una persona desaparecida puede encontrarse en una situación de vulnerabilidad frente a redes de explotación, mientras que una víctima de trata puede ser trasladada, ocultada o sometida mediante mecanismos que dificulten su localización.
El desafío para las instituciones consiste en investigar todas las hipótesis posibles sin convertirlas en conclusiones anticipadas.
También implica reconocer que las estadísticas oficiales tienen límites.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública advierte que sus cifras de incidencia delictiva se construyen a partir de los delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías y procuradurías. Por ello, las estadísticas reflejan los hechos denunciados y registrados, no necesariamente la totalidad de los delitos ocurridos.
En materia de trata, ese límite es todavía más importante porque la identificación de una víctima depende de que las autoridades reconozcan los indicadores del delito.
Una persona puede ser localizada sin que necesariamente se determine que fue víctima de trata. Una adolescente puede regresar a casa sin contarle a nadie lo sucedido. Una familia puede denunciar una desaparición sin conocer las circunstancias que llevaron a ella. Una víctima puede negarse a declarar por miedo. Y una explotación puede permanecer oculta durante años.
De ahí que el número de carpetas, víctimas identificadas o sentencias no pueda utilizarse por sí solo para medir la totalidad del problema.
Los datos, sin embargo, permiten identificar patrones.
Adolescentes mujeres aparecen de manera reiterada entre los grupos más afectados. Las redes sociales se han convertido en espacios de reclutamiento forzado con mentiras. Las relaciones de confianza pueden ser utilizadas para generar control. Las zonas turísticas y fronterizas enfrentan riesgos específicos. La delincuencia organizada participa en algunos casos de explotación y utiliza mecanismos como amenazas, engaño, coerción y secuestro.
Frente a este panorama, el 23 de septiembre no solamente coloca la explotación sexual como un problema criminal, sino como una violación de derechos humanos que requiere prevención, búsqueda, protección y justicia.
El dato más importante quizá no sea únicamente cuántas víctimas han sido identificadas, sino cuántas pueden permanecer fuera de los registros.
En México, al menos 18 mil niñas, niños y adolescentes permanecían desaparecidos o no localizados al corte de junio de 2026. Al mismo tiempo, las autoridades habían identificado durante el primer semestre del año 30 menores víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Ambas cifras no pueden sumarse ni equipararse. No representan el mismo fenómeno ni permiten establecer cuántas desapariciones están vinculadas con trata. Pero juntas muestran dos dimensiones de una misma obligación estatal: localizar a quienes faltan, investigar qué ocurrió y garantizar que niñas, niños, adolescentes y mujeres no queden expuestos a nuevas formas de violencia.
La explotación sexual no comienza necesariamente cuando una víctima llega a un lugar de explotación. Puede comenzar mucho antes, con un mensaje, una promesa, una relación, una amenaza o una desaparición.
Y tampoco termina necesariamente cuando la víctima es localizada.
La respuesta institucional se mide también por lo que ocurre después: si se identifica a los responsables, si se protege a la víctima, si recibe atención integral, si se evita su revictimización y si existen condiciones para impedir que vuelva a quedar expuesta.
En un país con decenas de miles de reportes de desaparición de menores y con millones de adolescentes expuestos a formas de explotación o abuso sexual facilitadas por tecnologías digitales, la prevención requiere algo más que campañas.
Requiere que las alertas funcionen, que las denuncias sean investigadas desde el primer momento, que las fiscalías cuenten con personal especializado, que la información entre instituciones sea compatible y oportuna y que las víctimas puedan encontrar protección sin tener que demostrar primero que merecen ser auxiliadas.
Las cifras disponibles no permiten afirmar que el Estado sea responsable de cada desaparición ni que cada persona ausente sea víctima de explotación sexual. Sí permiten documentar otra realidad: existen instrumentos legales y mecanismos de búsqueda, pero persisten fallas de coordinación, identificación y atención señaladas por organismos especializados.
En esa brecha se encuentran las familias que siguen buscando.
Y también las mujeres, adolescentes, niñas y niños que, después de haber sido captados, explotados o violentados, todavía esperan que una institución consiga encontrarlos, protegerlos y garantizarles justicia.