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24.09.2026 S.L.P.— María de Jesús Vázquez Orduña, conocida como “Chuya”, fue asesinada a balazos el miércoles 23 de septiembre en San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, a la puerta de su casa, mientras participaba en las acciones emprendidas por familiares para localizar a Miguel Ángel Rocha Ríos, un joven de 21 años cuyo paradero se desconoce desde el 3 de septiembre.
Los primeros reportes señalan que la mujer se encontraba cerca de su domicilio, en el barrio de San José, cuando personas armadas que viajaban en una motocicleta se aproximaron y dispararon contra ella. Los agresores huyeron posteriormente y las autoridades desplegaron un operativo en calles y accesos del municipio.
Vázquez Orduña era familiar político de Miguel Ángel Rocha Ríos y, de acuerdo con los reportes locales, se había incorporado activamente a las acciones para exigir su localización. El joven fue visto por última vez el 3 de septiembre en el barrio Santiago de San Ciro de Acosta. Su motocicleta fue encontrada abandonada afuera de una capilla, de acuerdo con información publicada durante la búsqueda.
Un día antes del asesinato, familiares de Rocha Ríos acudieron a Rioverde durante la visita del gobernador Ricardo Gallardo Cardona con motivo de su Quinto Informe de Gobierno para solicitar intervención ante la falta de resultados en la localización del joven. La Comisión Estatal de Búsqueda informó posteriormente que las diligencias continuaban en San Ciro y en las zonas limítrofes con Querétaro.
El comisionado estatal de Búsqueda de Personas, Héctor Edgar Mar del Ángel, confirmó que las acciones para localizar a Rocha Ríos no se habían suspendido y que la Fiscalía General del Estado había realizado detenciones y asegurado un vehículo presuntamente relacionado con los hechos. Sin embargo, aclaró que corresponde a la Fiscalía determinar si existe alguna relación con delincuencia organizada. Hasta ahora tampoco se ha confirmado oficialmente que la desaparición del joven y el asesinato de Vázquez Orduña formen parte de una misma investigación criminal.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate publico la seguridad de las personas que participan en búsquedas de desaparecidos. En México, ante la omisión de los tres niveles de gobierno, familiares —en particular mujeres— han asumido tareas de localización, documentación y exigencia de justicia en un contexto en el que miles de personas continúan sin ser encontradas.
ARTICLE 19 documentó, entre 2010 y mayo de 2026, 37 asesinatos y ocho desapariciones de personas buscadoras, para un total de 44 agresiones letales. La organización señala que los casos se concentran principalmente en Guanajuato, con 13, seguido por Sinaloa y Jalisco, con cuatro cada uno. El registro considera agresiones contra personas buscadoras vinculadas con su labor de búsqueda y defensa de derechos humanos.
El mismo registro identifica 2025 como el año con mayor número de agresiones letales dentro del periodo analizado. Durante ese año fueron asesinadas 17 personas buscadoras y otra fue desaparecida. Para 2026, ARTICLE 19 había documentado hasta mayo tres asesinatos: Patricia Negrete Tafoya y Cecilia García Ramblas, en Guanajuato, y Rubí Patricia Gómez-Tagle, en Sinaloa.
Los casos no se limitan a quienes tienen actualmente un familiar desaparecido. Algunas personas continúan colaborando con colectivos después de localizar a sus propios familiares y participan en búsquedas de otras víctimas, lo que amplía el universo de personas expuestas a amenazas y agresiones por esta actividad.
Entre los casos que han generado pronunciamientos de organismos públicos se encuentra el de Teresa González Murillo, integrante del colectivo Luz de Esperanza de Jalisco, asesinada en marzo de 2025. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el crimen y la identificó como madre buscadora.
También está el asesinato de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, ocurrido en abril de 2025. La CNDH documentó el caso y ARTICLE 19 señaló que Morales buscaba a su hijo desaparecido, Ernesto Julián Ramírez Morales.
En el caso de Teresa González Murillo, ARTICLE 19 señaló que había recibido tres amenazas de muerte antes del ataque y que había solicitado apoyo al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La organización utilizó este caso para cuestionar la capacidad de los mecanismos existentes para atender de manera preventiva los riesgos específicos de las personas buscadoras.
Amnistía Internacional también ha documentado la situación de las mujeres buscadoras y las distintas formas de violencia que enfrentan, entre ellas amenazas, hostigamiento, estigmatización y ataques relacionados con su actividad. Su investigación de 2025 advirtió que la violencia contra estas mujeres ocurre en un contexto marcado por la crisis de desapariciones en México. (
La preocupación también ha llegado a organismos de Naciones Unidas. En una comunicación de 2026 sobre México, procedimientos especiales de la ONU señalaron que las personas buscadoras, particularmente las mujeres, han enfrentado estigmatización, vigilancia, intimidación, difamación y agresiones físicas. El documento refiere que, según estadísticas de organizaciones de la sociedad civil citadas por los expertos, 19 personas buscadoras habían sido asesinadas desde 2020 y otras 20 habían sobrevivido intentos de asesinato.
Las cifras difieren entre organizaciones porque utilizan periodos, definiciones y metodologías distintas. ARTICLE 19, por ejemplo, amplió su registro a 37 asesinatos y ocho desapariciones hasta mayo de 2026, mientras que otros informes utilizan únicamente el concepto de madres buscadoras o consideran determinados periodos. Por ello, los números no deben sumarse entre sí.
El Estado mexicano cuenta con instrumentos específicos para la búsqueda de personas desaparecidas. El Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas establece que, cuando la persona desaparecida es mujer, niña, niño, adolescente, periodista o defensora o defensor de derechos humanos, debe realizarse una búsqueda individualizada de manera paralela a la búsqueda inmediata. El protocolo establece además que debe presumirse la comisión de un delito desde el primer momento.
En 2026 también entró en vigor el Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda señala que este mecanismo permite difundir de manera inmediata fichas de personas desaparecidas o no localizadas y coordinar a instituciones públicas y privadas. Actualmente participan más de 600 instancias, incluidas las 32 fiscalías estatales, según la propia CNB.
La existencia de estos mecanismos, sin embargo, no elimina los riesgos que enfrentan las familias durante las búsquedas. El informe anual 2025 de ARTICLE 19 sostiene que los mecanismos de protección no han incorporado de manera eficaz a las personas buscadoras y advierte sobre la falta de medidas preventivas, asesoría legal y acompañamiento especializado para quienes desarrollan esta actividad.
El problema adquiere otra dimensión por el volumen de personas desaparecidas en el país. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas mantiene una plataforma pública con información sobre personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, además de variables por entidad, municipio, edad y otros factores.
La Comisión Nacional de Búsqueda también realiza búsquedas generalizadas mediante el cotejo de información de hospitales, centros de reinserción, albergues, fosas comunes, cuerpos de agua y otros lugares donde pueden existir indicios sobre el paradero de personas.
En San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2026, la Comisión Nacional de Búsqueda asignó 22.7 millones de pesos a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para contribuir a las acciones de localización. El convenio federal establece que esos recursos deben destinarse a las labores de búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas en la entidad.
El asesinato de María de Jesús Vázquez Orduña ocurre, por tanto, mientras la búsqueda de Miguel Ángel Rocha Ríos continúa abierta. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente que la agresión contra la mujer haya sido consecuencia directa de su participación en la búsqueda ni han informado el móvil del ataque.