Denise Dresser
Los hechos. Una diputada plurinominal de Morena es captada en un avión gubernamental, en compañía de su familia, siendo trasladada a un evento del partido. La diputada participa activamente en la campaña de un precandidato presidencial y entonces secretario de Gobernación. Ante el cuestionamiento que suscita el uso irregular de un bien público, la diputada primero acusa “Photoshop” y “guerra sucia en su contra”. Conforme aumentan las pruebas, cambia su versión, y afirma que rentó un “aerotaxi”. La duda sobre el préstamo del avión despierta preguntas de interés público: ¿Quién se lo presta y por qué? Decenas de columnas, tuits y memes especulan sobre los motivos detrás de un privilegio concedido a un miembro de la élite morenista. En este contexto, una analista sugiere que “en la narrativa pública” se habla de una relación personal entre el precandidato y la diputada, sin afirmar que eso sea cierto. Acto seguido, la diputada demanda a la analista por “violencia política de género” ante el INE. Demanda sólo a la analista crítica del gobierno, e ignora a otros u otras que se refieren a la supuesta relación personal de manera más explícita. Es la segunda vez que la diputada acosa judicialmente solo a esa analista.
El proceso legal. El INE impone medidas cautelares a la analista y obliga a bajar de las redes tanto la porción del programa de internet donde se debatió el tema, así como el tuit donde aclara que la supuesta relación personal es irrelevante; el tema de fondo es el influyentismo y el avión. La analista impugna las medidas cautelares por considerarlas inhibitorias a la libertad de expresión. Mientras su proceso recorre diversas instancias institucionales, el Tribunal Electoral declara que el INE no tiene competencia para sancionar a Ricardo Salinas Pliego por “violencia política de género”, a pesar de sus múltiples agresiones misóginas contra una senadora de Morena. Después, la Sala Especializada del Tribunal Electoral falla en contra de la analista, y se le imponen las penas más severas: una multa de 20,748 pesos, una disculpa pública, un curso sobre violencia política de género, y su colocación -durante año y medio- en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
La impugnación. La analista impugnará el fallo ante la autoridad electoral, porque es incongruente no tocar al señor Salinas Pliego, pero sí sancionarla a ella. Impugnará porque las sanciones son desproporcionadas ante la supuesta falta, y no han sido aplicadas en consistencia con otros casos: el Registro Nacional evidencia que los ciudadanos son sancionados en 95% de los casos denunciados, pero los funcionarios solo 30.4% de las veces. Impugnará porque las sanciones a particulares deben estar acotadas por la protección de la libertad de expresión, especialmente cuando la crítica se centra en actos indebidos de servidores públicos, al margen de su género. Impugnará porque de ninguna manera se han afectado los derechos político-electorales de la diputada, quien presumirá su “triunfo histórico” sobre la analista para saltar a otra posición política, y habrá logrado que no se hable del uso ilegal del avión. La analista impugnará porque la Constitución establece que los funcionarios deben estar sujetos a un mayor escrutinio público, incluso de sus vidas privadas cuando éstas se entrelazan con el uso de recursos públicos para fines personales.
Las implicaciones antidemocráticas. La analista reconoce que puede equivocarse y usar palabras criticables e incluso imprudentes. Pero cree que no merecen ni la intervención legal ni la sanción desproporcionada por parte de la autoridad electoral, sobre todo en un país con tanta violencia real por razones de género. Ojalá la Sala Superior del Tribunal Electoral no caiga en la trampa tendida y reconozca lo que realmente está ocurriendo. El abuso de un instrumento diseñado para proteger a las mujeres, instrumentalizado para coartar la crítica legítima a las mujeres. La distorsión de la legislación, mal utilizada para cuidar a una militante del partido gobernante, mientras se inhibe la crítica de ciudadanos y periodistas. Para el poder hay protección, para los analistas hay sanción. Para el poder hay impunidad, para los ciudadanos hay intimidación. Eso sí es un fallo histórico, pero no es un triunfo. Es una aberración.
