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/ Escrito por Wendy Rayón Garay /
12.05.2026 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- Ayer, 10 de mayo, se llevó a cabo la XIV Marcha de la Dignidad Nacional “Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia” donde familias buscadoras que viajaron desde varias partes del país se congregaron para exigir al Estado mexicano aceptar el apoyo internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la crisis de desapariciones en el país.
Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reportan que, hasta el corte del 11 de mayo de 2026, México acumula 133 mil 936 personas desaparecidas y no localizadas, 29 mil 56 son mujeres. Un registro que va aumentando, estimaciones de organizaciones y colectivos muestran que cada día se suman 90 personas, evidenciando una crisis que el Estado mexicano no ha podido erradicar.
Desde hace catorce años atrás, familias buscadoras, colectivos y organizaciones de la sociedad civil de Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Querétaro, estado de México y otros estados, comenzaron esta Marcha de la Dignidad Nacional como una movilización nacional donde se reitera la demanda a respuestas, acceso a justicia y reparación integral sobre la crisis, según señala Amnistía Internacional.
Sin embargo, este año una nueva demanda se une: que México acepte el apoyo técnico, apoyo financiero y asistencia especializada en áreas de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva sobre desapariciones forzadas y los vínculos entre servidores públicos con el crimen organizado. Fue el pasado 2 de abril cuando el Comité sobre Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU solicitó al Secretario General remitir urgentemente la situación de desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.
La decisión se tomó luego de todo un año, tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, una casa de seguridad donde se encontraron 400 pares de zapatos, vestimenta y pertenencias personales de personas desaparecidas. El Comité sobre Desapariciones Forzadas (CED) planteó activar su artículo 34° en México por primera vez lo que significó pedir al Estado mexicano toda la información al respecto.
Tras un año de recibir información, el Comité sobre Desapariciones Forzadas (CED) confirmó que existe participación entre servidores públicos con las desapariciones forzadas, así como colusión de grupos criminales además de patrones en estados como Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco. Aunque se trata de una situación que se replica en todo el territorio y por ello tiene carácter «generalizado», el CED ONU reafirmó que no se necesita que suceda en todo el país para alcanzar dicha categoría.
El CED ONU también describió las desapariciones forzadas en México de carácter «sistemático» porque sigue patrones repetidos y no aleatorios como detenciones ilegales para la entrega a grupos criminales, el uso de fuerzas especiales, fosas clandestinas usadas con conocimiento de autoridades forense.
Se destaca que los casos de «aquiescencia» o conocimiento de las autoridades cumplen con la definición propuesta por México donde se detalla que el Estado tenía conocimiento previo de riesgo real e inminente, pero se mantuvo sin actuar facilitando activamente los crímenes. También se remarcó la impunidad en varios casos de desaparición como consecuencia de la falta de investigaciones suficientes, los tipos penales aplicados que diluyen el delito y los estándares probatorios exigentes.
Aun así, el Comité no señaló que existe una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas, es decir, que aunque se confirma la existencia de crímenes de lesa humanidad en México esto no significa que sean ordenados desde el más alto nivel del Estado, sino que la responsabilidad se acredita en la participación de autoridades locales, municipales y estatales frente a las organizaciones criminales.
Las familias buscadoras instaron al Estado mexicano a aprovechar la cooperación del Comité sobre Desapariciones Forzadas (CED) para recibir asistencia internacional y garantizar verdad, justicia para las familias buscadoras.
La protección a las madres buscadoras
La ayuda del Comité sobre Desapariciones Forzadas (CED) también pretende establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias buscadoras, organizaciones y personas defensoras que los acompañan. Esto ante el peligro inminente al que se enfrentan, tan solo en los últimos 15 años fueron asesinadas 22 mujeres buscadoras y 2 fueron desaparecidas, de acuerdo con datos de la Fundación para la Justicia.
Buscar a una persona desaparecida en México se considera una actividad de alto riesgo, sobre todo cuando se trata de mujeres, ya que enfrentan violencia institucional, riesgos particulares ante su papel como personas defensoras de derechos humanos, aumento en condiciones de vulnerabilidad y violencia de género, de acuerdo con el informe «Desaparecer otra vez. Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México» de Amnistía Internacional.
La organización refiere que entre las violencias que enfrentan, se encuentran amenazas, ataques, extorsiones, desplazamiento forzado, desapariciones y feminicidios.
Además, son propensas a experimentar afectaciones en su salud como depresión, ansiedad, trastornos del sueño e incluso padecimientos físicos derivados del desgaste emocional y el llanto prolongado. A esto se suman implicaciones sociales como afectaciones económicas relacionadas con la pérdida de empleo, las jornadas de búsqueda y el uso de recursos propios para continuar con su labor.
Datos del mismo informe indican que el 67% de mujeres buscadoras son madres quienes asumen esta tarea como una extensión del trabajo de cuidados. Además, las mujeres conforman el 90% de los colectivos de búsqueda y casi siempre son abuelas, hijas, esposas, hermanas, tías o sobrinas en quienes recae esta actividad, a su vez, han logrado impulsar leyes, políticas públicas e instituciones especializadas ante la falta de respuestas efectivas del Estado, advirtió Amnistía Internacional.
Ante este panorama, las familias buscadoras exhortaron a las autoridades mexicanas en los distintos niveles de gobierno a adoptar medidas integrales y efectivas que garanticen la protección, el reconocimiento y la participación de las madres y familias buscadoras en las labores de búsqueda e investigación.
“En México cada día desaparecen 90 personas, que son buscadas por sus propios familiares, especialmente mujeres: madres, hijas esposas, hermanas, abuelas y queremos poner el foco en lo que enfrentan. El Estado mexicano las debe reconocer como defensoras de derechos humanos lo que activaría mecanismos de protección tanto nacionales como internacionales.”, precisó Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México.
