Fantasmas en Islas Marías .

LINOTIPIA

/ Peniley Ramírez /

El 8 de mayo de 2008, se constituyeron varias empresas en una notaría en Ciudad Guzmán, Jalisco. La mayoría de los que aparecían como dueños eran electricistas, amas de casa, empleados de bajo nivel. Las direcciones de los accionistas son de casas pobres en Ciudad Mante, Tamaulipas. Un mes más tarde, crearon otra empresa. Con ella, el grupo se conformó por Alta Ingeniería Civil, Grupo Constructor Banderaz, Ga-Castel Construcciones, Grupo Alcaim, Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC.

Al menos, estas fueron las que pude localizar. Entre 2021 y 2022, estas empresas ganaron más de 2 mil 500 millones de pesos con la Secretaría de Marina, aparentando que competían. Estas sociedades tienen direcciones y apoderados en común. Sus sedes son casas con fachadas en mal estado, terrenos vacíos, apartamentos en edificios derruidos. También tienen en común que participaron en los mismos concursos de invitaciones a tres compañías y adjudicaciones directas. En unos contratos ganó una, en otros, las demás.

Los contratos fueron para dos de los proyectos que más ha promovido la administración obradorista: la construcción de infraestructura en Dos Bocas y la conversión de Islas Marías en un destino turístico.

Hay poca información pública sobre las asignaciones. Los enlaces a las copias de los contratos están rotos en las páginas de transparencia y los registros de licitación aparecen como “no disponibles”.

Para llegar a las conclusiones que expuse en los párrafos anteriores, tuve que rastrear una por una las portadas de los registros de contrataciones, ya que los documentos completos no estaban disponibles, y cruzarlos con las inscripciones de las empresas en los registros de comercio, en el mínimo historial que había de estas compañías en fuentes abiertas.

Casi ninguna de las empresas de este grupo tiene página web con número telefónico de contacto. En las que tienen, no atienden las llamadas. En la oficina del abogado que las representa en Jalisco me dijeron que no podían responder por él, ni darme algún dato para localizarlo. No pude hablar con uno solo de los dueños, apoderados y representantes que hay en las inscripciones de más de una década de operación, al menos en papel, de las compañías.

En muchas ocasiones, los periodistas hemos encontrado historias como estas. Empresas casi desconocidas, con direcciones en casas pobres, sin ningún rasgo empresarial. En este caso, el perfil que mis colegas han documentado en casos como “Las empresas fantasmas de Duarte” o “La Estafa Maestra”, también se cumple.

Pero en esta historia hallé algo singular, que no encontré en mis investigaciones anteriores, ni leí en los hallazgos de mis colegas. Entre julio y agosto de 2019, los socios de estas compañías decidieron inyectar más de 600 millones de pesos en “capital social” a las empresas. Esto significa meterles dinero en efectivo a sus cuentas, como si tuvieran ganancias y fueran corporaciones exitosas. Poco después de que la operación se completó -según consulté en registros públicos- las empresas ganaron los contratos con la Marina.

“Es una operación muy inusual, como si quisieran capitalizarlas para cumplir algún requisito de una licitación o como si quisieran poner dinero en efectivo, del que no sabemos su origen, que luego se va a compensar con el dinero que van a cobrar del gobierno”, me dijo Luis Pérez de Acha, abogado especialista en empresas fantasmas y lavado de dinero.

Llegué a esta historia gracias a un hilo en Twitter del periodista Jorge García, que se viralizó hace unos días. Antes, algunos medios publicaron historias sobre los contratos de la Marina, pero no hurgaron en las empresas, los nexos, los perfiles de las sedes ni los dueños. “Me da tristeza que el gobierno siga haciendo compras a empresas de dudosa procedencia. Es algo inaceptable”, me dijo García.

La Marina no ha respondido a ninguna de las publicaciones, ni ha explicado cómo decidió elegir a estas empresas para esas obras multimillonarias. Ninguna de estas compañías está catalogada oficialmente como empresa facturera, o fantasma. La pregunta es por qué no operan como grupo, si lo son, y de dónde salió el dinero que inyectaron antes de convertirse en los contratistas favoritos de la Marina.

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