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12/01/2022/ Ante el asombro social la Fiscalía General de la República, presidida por Alejandro Gertz Manero, la FGR cerró la investigación por posibles irregularidades y corrupción de quienes le retiraron el cargo de delincuencia organizada
Del acuerdo con el cual el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, le fue obsequiado por la entonces PGR (en el gobierno de Enrique Peña Nieto), se le retirara los cargos de delincuencia organizada y se le impusiera una pena reducida no hay nada qu casyigar asegura la Fiscalía General de la República.
Por lo anterior (FGR) optó por no ejercer acción penal en contra de los funcionarios señalados por retirar el cargo de delincuencia organizada en contra de Javier Duarte, el cual podía haber aumentado su estancia tras las rejas entre 10 a 20 años, los fiscales habían sido acusados por incluso por el propio ex gobernador de haber recibido sobornos de su parte.
La institución encabezada por Alejandro Gertz Manero cerró la indagatoria pues concluyó que no existieron hechos delictivos que perseguir ni castigar.
Esto pese a que hay exfuncionarios de la PGR que reconocieron errores en la indagatoria, y a que el propio Duarte señaló que hubo extorsiones y sobornos detrás de este procedimiento.
La dependencia determinó que no se cometió ningún delito por reducir la pena del ex gobernador, quien pudo haber recibido hasta 29 años de prisión.
En oficio fechado el 30 de diciembre de 2021 y firmado por el fiscal Roberto Lara Vázquez se informa que se determinó el “no ejercicio de la acción penal” dentro de la referida carpeta de investigación que se había abierto desde finales de 2018 bajo el número FED/VG/UNAI/00000435/2018, de acuerdo al portal animal político.
Se explica que el “no ejercicio de la acción penal” es una determinación que el Ministerio Público toma luego de investigar un hecho y determinar que no hay irregularidades que pudieran constituir un delito, o que no haya pruebas que acrediten la participación de las personas denunciadas en estos.
La abogada Estefanía Medina, cofundadora de la organización TOJIL, que presentó la denuncia original que detonó esta indagatoria, reprobó la decisión y acusó a la fiscalía de actuar de manera negligente y opaca en esta indagatoria, y de encubrir una negociación que afectó los intereses del país.
“Es evidente, incluso se ha reconocido, que hubieron hechos de corrupción detrás de este proceso. Se requería de una investigación seria y compleja, a todos los niveles, para esclarecer este asunto pero no la hubo. Solo se taparon entre ellos y las víctimas quedamos a un lado”, indicó Medina.
TOJIL denunció desde octubre del 2018 que, debido a la reducción de sentencia de Javier Duarte, podría haber existido un intercambio de dinero, bienes o servicios que “dieron lugar a una solicitud de una pena completamente inadecuada y desproporcional”, según el oficio presentado por la organización en aquél año.
