*Rocha Moya está formalmente acusado por una corte de justicia en Estados Unidos por coogobernar con el cartel de Sinaloa entre muchos otros señalamientos.
*Sociedad Civil emplaza a la FGR a llamar a todos los morenistas vinculados al crimen organizado.
21.05.2026 Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República emitió un citatorio para que comparezca el gobernador de MORENA con licencia Rubén Rocha Moya por las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses, que lo señalan de presuntamente colaborar con el crimen organizado y facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa.
El citatorio ocurre tras que la propia Gobernadora de oposición al regimen fue notificada esta mañana para comparecer el próximo 27 de mayo por el caso de la presencia de dos estadounidenses de la CIA en un operativo llevado a cabo por fuerza federales y estatales para desmantelar un narco laboratorio en un municipio gobernado por Morena.
Además el citatorio a Rocha Moya se registra semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA presentaran una acusación formal ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, a quienes vinculan con actividades de narcotráfico, protección criminal y conspiración para introducir drogas a territorio estadounidense.
De acuerdo con información local, el citatorio fue entregado después del mediodía de este 23 de mayo y forma parte de las diligencias relacionadas con la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
La dependencia precisó que las entrevistas se realizarán “en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”.
De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal federal Jay Clayton, el mandatario sinaloense habría recibido apoyo político y financiero de facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente de “Los Chapitos”, a cambio de brindar protección institucional y permitir operaciones del grupo criminal en la entidad.
Entre los cargos mencionados por las autoridades estadounidenses se encuentran conspiración para importar narcóticos, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo y colaboración con organizaciones criminales consideradas terroristas por Washington.
La investigación estadounidense sostiene además que integrantes del crimen organizado habrían intervenido en el proceso electoral de 2021 mediante intimidaciones y presiones políticas, como amenazas secuestros, extorsiones y asta asesinatos, para favorecer la candidatura de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa.
Tras darse a conocer las acusaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición del gobernador y de otros funcionarios; sin embargo, la FGR rechazó inicialmente ejecutar las órdenes argumentando falta de pruebas documentales suficientes para sustentar una acción judicial inmediata en México.
Pese a ello, la Fiscalía mexicana abrió una carpeta de investigación propia y comenzó a solicitar información complementaria al gobierno estadounidense. En ese contexto se emitió el nuevo citatorio para Rocha Moya, quien desde el pasado 1 de mayo solicitó licencia temporal a su cargo “para facilitar las investigaciones”.
En un mensaje difundido tras las acusaciones, Rocha Moya negó cualquier relación con grupos criminales y sostuvo que el proceso en su contra responde a una ofensiva política contra la llamada Cuarta Transformación. “Tengo la conciencia tranquila”, afirmó al anunciar su separación temporal del gobierno estatal.
Las investigaciones también alcanzan a figuras cercanas al círculo político de Rocha Moya, entre ellas el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez y mandos de seguridad estatal, señalados presuntamente de brindar protección al Cártel de Sinaloa. Algunos exfuncionarios ya se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses, mientras otros permanecen bajo investigación en México.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el congelamiento preventivo de cuentas bancarias relacionadas con Rocha Moya y otros implicados, medida que el gobierno federal describió como una acción precautoria derivada de los señalamientos internacionales y de los protocolos contra operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La comparecencia ante la FGR se da además en medio de cuestionamientos por la ola de violencia registrada en Sinaloa desde 2024, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y la disputa interna entre facciones del Cártel de Sinaloa. Organizaciones civiles y grupos de abogados habían presentado desde febrero denuncias penales contra Rocha Moya por presunta delincuencia organizada, encubrimiento y uso indebido del servicio público.
COMUNICADO FGR
Con relación a investigaciones derivadas de noticias y hechos recientes, la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo las acciones pertinentes como parte de los respectivos planes de investigación en dos casos que son de interés público.
En el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad.
Por otro lado, en lo que se refiere a la indagatoria en curso en el estado de Chihuahua, además de las actividades ya realizadas y dadas a conocer, están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan. Lo anterior, derivado de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados.
En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso.
La Fiscalía General de la República refrenda su compromiso con la justicia, la verdad y el combate a la impunidad, por lo que seguirá comunicando de manera transparente y oportuna sobre los avances y resultados de las investigaciones en curso.