* Paralaje.
/ Liébano Sáenz /
La lucha por el voto necesariamente implica un ejercicio de diferenciación, esto es, por qué se debe apoyar a una opción y no a otra. Es un empeño básico de construcción de identidad que se da en un determinado entorno y con una historia previa, nadie parte de cero. Los candidatos son postulados por partidos y éstos aluden a proyectos políticos.
La elección de 2018 se desarrolló en circunstancias singulares y dio un resultado que regresó el país a la situación previa a la transición democrática, un presidente con una vigorosa mayoría en las Cámaras federales. El candidato triunfante no cedió a su condición de líder en disputa por el poder, un presidente militante en permanente contienda implicó que la polarización propia de la lucha por el voto persistiera en demérito de la investidura que implica gobernar para todos.
Hay diversos criterios para calificar al poder presidencial. El más común es el respaldo popular, otro más complejo es la capacidad del presidente para ejecutar su proyecto político. Sin embargo, lo que más importa en la circunstancia son los resultados, aunque para muchos, bajo perspectiva histórica, lo relevante es el legado, tema que se resuelve en las transformaciones que trascienden al tiempo.
Al actual gobierno le sucedió lo que a todos los presidentes del periodo propiamente democrático: ver reducida su fortaleza parlamentaria en la elección intermedia. Frente a lo que ahora acontece no es un asunto menor porque se perfila una realidad política y un mapa de poder muy diferente al actual: el regreso de la pluralidad al Congreso y a los gobiernos locales, además de la incertidumbre en los cargos ejecutivos, propia de toda contienda democrática.
La polarización como recurso de la disputa y ejercicio del poder da muestras de agotamiento. Razones de economía, de carácter social y políticas llevan al fin de la polarización una vez concluido el proceso electoral, en el que a diferencia de hace seis años, se perfila un poder repartido que será virtuoso en la medida en que cada parte asuma su responsabilidad con claridad hacia el interés general, apego riguroso a la Constitución y lealtad a la institucionalidad democrática.
