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11.11.2026, Chihuahua.- La fiscalía de Chihuahua aseguró que no cuenta con elementos que acrediten que la gobernadora conociera o hubiera autorizado la participación de ciudadanos estadounidenses en operativos contra el narcotráfico.
El deslinde ocurre después de que The New York Times publicara testimonios que contradicen la versión de la mandataria sobre la presencia de agentes de inteligencia de Estados Unidos en Chihuahua.
La postura de la Fiscalía adquiere relevancia luego de que el diario estadounidense publicara una investigación sobre la presunta colaboración clandestina entre funcionarios de Chihuahua y personal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que habría rebasado el intercambio de información para involucrarse directamente en acciones contra organizaciones criminales.
El reportaje, firmado por Steve Fisher y Jack Nicas, sostiene que Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y excomandante de la Policía Estatal, habría facilitado durante más de seis meses la incorporación de agentes estadounidenses a actividades de capacitación y operativos de seguridad en Chihuahua.
Uno de los aspectos más delicados de la publicación es la declaración que Zuany habría enviado a los periodistas mediante mensajes de texto, en los que aseguró que Maru Campos sí estaba enterada de la presencia de integrantes de la CIA en la entidad.
Esta versión contradice directamente lo sostenido por la gobernadora, quien ha negado haber conocido, gestionado o autorizado la participación de agentes extranjeros en operaciones realizadas en territorio estatal.
Campos ha atribuido las irregularidades a funcionarios que habrían actuado sin informarle y ha insistido en que las responsabilidades deben establecerse mediante las investigaciones judiciales. Ante los señalamientos de Zuany, también ha sostenido que debe comparecer ante un juez si tiene información que aportar.
El caso tiene su origen en el operativo realizado en abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, donde autoridades localizaron instalaciones utilizadas para la producción de drogas sintéticas.
Durante el regreso de esa operación, una camioneta en la que viajaban dos ciudadanos estadounidenses y dos funcionarios mexicanos cayó a un barranco y se incendió. Los cuatro ocupantes murieron. Posteriormente se conoció que los estadounidenses estaban vinculados con la CIA.
La revelación provocó cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades estatales y los mecanismos de autorización para que personal extranjero participe en actividades de seguridad dentro de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que la cooperación con Estados Unidos debe respetar la legislación mexicana y que ninguna agencia extranjera puede realizar operaciones en territorio nacional al margen de las autoridades del país.
Por su parte, la investigación de la Fiscalía de Chihuahua continúa abierta. La ausencia de pruebas contra Campos, de acuerdo con la postura atribuida a la dependencia, no equivale a una resolución definitiva sobre lo sucedido ni elimina la necesidad de esclarecer quién permitió la participación de los estadounidenses, qué funcionarios conocían sus actividades y por qué no se informó oportunamente a las instancias federales.
El expediente mantiene así dos cuestiones centrales: determinar cómo se incorporaron agentes de inteligencia estadounidenses a operaciones estatales y establecer la cadena de responsabilidades dentro de las instituciones que participaron.
Mientras tanto, las versiones contrapuestas de la gobernadora y del exfiscal Guillermo Zuany mantienen bajo escrutinio un caso que trascendió el ámbito estatal y abrió un debate nacional sobre soberanía, cooperación bilateral y los límites de la intervención de agencias extranjeras en tareas de seguridad pública.