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/ Eduardo Sadot /
Lo que está ocurriendo en Sinaloa y las tensiones públicas surgidas alrededor de mandos militares y autoridades civiles revelan algo profundamente preocupante: el deterioro de la relación institucional entre el poder político y las Fuerzas Armadas mexicanas, consecuencia de años de decisiones improvisadas y del uso político de instituciones fundamentales del Estado. El caso del General Gerardo Mérida Sánchez refleja hasta qué punto la crisis de seguridad en Sinaloa ha colocado a las Fuerzas Armadas en el centro de la tensión política nacional. La exposición pública del tema, el nivel de especulación y las reacciones políticas evidencian una situación extraordinariamente delicada para el Estado mexicano.
Pero adicionalmente, las versiones surgidas alrededor de diferencias entre autoridades civiles de Sinaloa y el comandante de la Novena Región Militar, General Santos Gerardo Delgado Soto, así como la percepción de incomodidad dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, abren otro frente todavía más sensible: el desgaste institucional provocado por la creciente politización de las Fuerzas Armadas. Si efectivamente existieron tensiones derivadas del trato político hacia mandos militares en medio de una crisis de seguridad, el hecho sería extremadamente delicado, porque exhibiría los límites de una relación que durante años fue sometida a presiones impropias de la naturaleza militar.
La crisis de Sinaloa también exhibe otro problema profundo del sistema político mexicano: la improvisación en la selección de cuadros de gobierno. En entidades sometidas a presión del crimen organizado, violencia y tensión institucional con las Fuerzas Armadas, no basta la lealtad partidista ni los mecanismos internos de reparto político; se requiere experiencia, capacidad de conducción y comprensión del Estado.
Durante años se normalizó la idea de que cualquier persona podía gobernar únicamente por cercanía política o popularidad, minimizando la importancia de la preparación, la experiencia administrativa y el conocimiento técnico. La propia narrativa política de las “tómbolas” y de los cargos distribuidos bajo criterios predominantemente partidistas terminó enviando el mensaje de que la capacidad podía ser sustituida por obediencia política. Hoy comienzan a verse las consecuencias.
Sinaloa no es un estado cualquiera. Es una entidad atravesada por problemas de seguridad nacional, crimen organizado, presión internacional y crisis de gobernabilidad. En un contexto así, un error político puede convertirse rápidamente en un conflicto institucional de enormes dimensiones. La llegada de perfiles sin experiencia suficiente para enfrentar crisis de seguridad y gobernabilidad termina trasladando el costo de la inexperiencia a las instituciones de la República. Y cuando esa falta de capacidad toca la relación con las Fuerzas Armadas, el riesgo para el Estado mexicano se multiplica.
El trato dado a las Fuerzas Armadas en los últimos años también merece una reflexión profunda. Se les asignaron funciones ajenas a su naturaleza esencial: construcción de obras públicas, administración de aeropuertos, hoteles, aduanas y líneas aéreas, mientras se justificaba la opacidad bajo el argumento de la seguridad nacional. Esa expansión de tareas no fortaleció institucionalmente al Ejército; por el contrario, lo expuso políticamente y lo colocó en zonas de desgaste que no corresponden a su misión constitucional.
Por eso resulta especialmente importante recordar lo que establece la Ley de Disciplina del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. El artículo 14 señala con claridad que ningún militar debe obedecer órdenes cuya ejecución constituya un delito y que tanto quien la emite como quien la cumple son responsables conforme al Código de Justicia Militar. El artículo 17 prohíbe expresamente a los militares en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos. Esos principios existen para proteger a las instituciones armadas de convertirse en instrumentos de intereses políticos o personales. La fortaleza del Ejército mexicano históricamente ha descansado en su institucionalidad, disciplina y subordinación al Estado, no a proyectos políticos temporales.
Al interior de las Fuerzas Armadas también comienza a percibirse una preocupación legítima sobre los límites de la subordinación política cuando ésta amenaza con convertirse en degradación institucional. Ninguna institución armada puede preservar prestigio, cohesión y autoridad moral si es utilizada para funciones políticas, administrativas o propagandísticas ajenas a su naturaleza constitucional.
México necesita Fuerzas Armadas fuertes, respetadas y alejadas de la confrontación política. Pero también necesita gobiernos que comprendan los límites constitucionales del poder y la enorme responsabilidad que implica utilizar a las instituciones militares como herramientas de operación política o administrativa. La historia demuestra que cuando los gobiernos confunden lealtad institucional con obediencia política absoluta, terminan debilitando precisamente a las instituciones que dicen defender.
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