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06.11.2026.- Las denuncias que Gabriel Rivas Ríos realizó desde el Cabildo de Cuernavaca sobre presuntas irregularidades inmobiliarias, posibles beneficios a funcionarios municipales y amenazas en su contra forman parte de los antecedentes que ahora exigen esclarecer sus compañeros de lucha y organizaciones sociales, luego de que el regidor de Morena fuera asesinado el pasado miércoles 4 de noviembre.
El caso adquirió una nueva dimensión después de que salieron a la luz sus intervenciones públicas y los señalamientos que había realizado contra decisiones del gobierno municipal relacionadas con desarrollos habitacionales, particularmente los promovidos por la empresa Portenta, vinculada al proyecto Altoverde, en el predio conocido como La Cazahuatera.
Horas antes de su asesinato, Rivas Ríos volvió a cuestionar las facilidades administrativas que, según denunció, recibía la inmobiliaria para avanzar con sus proyectos. También acudió al Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos para pedir explicaciones sobre una resolución que favorecía la continuación de los trámites de la empresa.
El regidor había advertido que no se trataba únicamente de una discusión sobre permisos, sino de posibles relaciones entre empresarios y servidores públicos que debían investigarse.
Uno de los antecedentes más delicados salió a la luz a partir de una intervención del propio Rivas durante una sesión del Cabildo, en la que relató que había recibido advertencias para moderar sus posicionamientos sobre los establecimientos que operaban en Cuernavaca.
Según el testimonio recuperado por N+, el regidor contó que la también integrante del Cabildo, Paz Hernández, le habría recomendado bajar el tono de sus cuestionamientos porque, presuntamente, la situación relacionada con grupos delictivos era peligrosa.
Rivas explicó que el señalamiento surgió después de que votó en contra de asuntos relacionados con bares, dentro de la comisión correspondiente. De acuerdo con su relato, existía resistencia a que quedara asentado su voto en contra o incluso su nombre en el registro, bajo el argumento de que esa postura podía traer consecuencias por la presencia de grupos criminales.
El regidor relató que, ante esa advertencia, preguntó directamente a la funcionaria qué sabía sobre los riesgos que enfrentaba.
Estas declaraciones adquieren relevancia después de su asesinato, pues muestran que Rivas había expresado públicamente su preocupación por las posibles presiones y amenazas relacionadas con las decisiones que se discutían en el gobierno municipal. No obstante, hasta ahora no se ha establecido que las advertencias mencionadas en aquella sesión tengan una relación directa con quienes perpetraron el homicidio.
También había denunciado amenazas y tuvo escoltas
El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, confirmó que el regidor había presentado una denuncia aproximadamente un año y medio antes, luego de recibir amenazas atribuidas a un grupo delictivo.
Como consecuencia de aquella denuncia se le asignaron escoltas; sin embargo, la protección fue suspendida meses después porque las medidas tenían carácter provisional.
Urióstegui reconoció que desconocía por qué dejó de mantenerse el acompañamiento de seguridad y señaló que ese antecedente también debía ser considerado dentro de las investigaciones.
La interrupción de las medidas de protección abre interrogantes sobre la evaluación del riesgo que enfrentaba el funcionario y el seguimiento que las autoridades dieron a sus denuncias.
Las denuncias contra el proyecto inmobiliario
Otro de los asuntos que Rivas Ríos cuestionó reiteradamente fue el desarrollo Altoverde, promovido por la empresa Portenta en el predio La Cazahuatera, una superficie de aproximadamente cinco hectáreas de selva baja caducifolia que alberga alrededor de mil 600 árboles nativos.
El proyecto contempla seis torres de departamentos y ha enfrentado la oposición de habitantes y organizaciones ambientalistas por sus posibles consecuencias sobre el ecosistema.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Cuernavaca había negado la licencia ambiental municipal debido a las restricciones del ordenamiento ecológico. Posteriormente, una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa permitió que la empresa continuara determinados trámites, sin que ello significara una autorización para iniciar la construcción.
El 4 de noviembre, horas antes de ser asesinado, Rivas acudió nuevamente al Tribunal para exigir explicaciones sobre la resolución y cuestionar las facilidades que, desde su perspectiva, estaba recibiendo la inmobiliaria.
También había señalado públicamente que existían testimonios sobre presuntos beneficios para funcionarios municipales mediante la entrega de departamentos de desarrollos de la compañía. Aclaró que no le constaba personalmente, por lo que se trataba de señalamientos que requerían investigación.
Fiscalía revisará las actuaciones del Cabildo
El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que entre las líneas de investigación se encuentra la revisión de las actividades oficiales de Rivas, sus intervenciones en el Cabildo y las reuniones que sostuvo antes del homicidio.
La Fiscalía no descartó citar a integrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y directivos de la empresa inmobiliaria para obtener información relacionada con los asuntos que el regidor había cuestionado.
El Ministerio Público también deberá esclarecer las amenazas que había denunciado, las advertencias que relató ante sus compañeros del Cabildo y las circunstancias en las que dejó de recibir protección.
Las posibles comparecencias no implican que las personas mencionadas sean responsables del asesinato, pero forman parte de las diligencias que la Fiscalía considera necesarias para reconstruir los hechos y determinar si existió alguna relación entre sus denuncias y el ataque.
Este viernes, durante las movilizaciones para exigir justicia, compañeros de lucha y organizaciones sociales reclamaron resultados y dieron un plazo de ocho días a las autoridades para presentar avances y detener a los responsables. Advirtieron que, si no obtienen respuestas, buscarán llevar el caso ante la presidenta Claudia Sheinbaum y solicitarán la intervención de la Fiscalía General de la República.
El homicidio de Gabriel Rivas Ríos no solamente dejó sin respuesta las denuncias que había planteado sobre el desarrollo urbano y las posibles irregularidades en el municipio. También puso bajo cuestionamiento la protección que reciben los servidores públicos y activistas que advierten sobre amenazas y presiones relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
Ahora, la investigación deberá determinar si las advertencias que el regidor hizo en el Cabildo, las amenazas denunciadas anteriormente y su oposición a los intereses inmobiliarios forman parte de un mismo contexto o corresponden a hechos distintos.
La exigencia de sus compañeros es que no se investigue únicamente a quienes dispararon, sino también a quienes pudieron haber ordenado el crimen y a quienes, en su caso, facilitaron que se hiciera saliendo del cabildo.