*Ello por omisión, indolencia y falta de capacidad institucional: Amnistía Internacional.
*En tres años de gobierno de la 4T, 19 mil desapariciones, 70 asesinatos contra quien busca y negativa a declararla actividad esencial.
Sara Lovera 1ª.parte
SemMéxico, Cd. de México, 12 de agosto, 2021.- Las buscadoras de hijas e hijos, o maridos desaparecidos, cruzaron la línea roja y su riesgo es la muerte, así dijo en entrevista Marcela Villalobos de Amnistía Internacional México, tras el asesinato de una buscadora en Sonora el 15 de julio último.
Y es que, como señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, en boletín, las condiciones para ellas –las buscadoras- son cada vez más adversas y riesgosas y, lo peor, es la ausencia de respuestas oficiales.
Mientras una centena de grupos y colectivos, actúan en todo el país, en algunos casos sólo quieren saber ¿qué pasó?
Grupos que están en un proceso de reformulación de sus demandas y apuntan a convertirse, en una cadena de rebeliones, señalan los investigadores Miguel A. Martínez y Francisco Díaz Estrada en un análisis denominado La búsqueda de personas en tiempos de pandemia, donde este grave problema no es considerado en el gobierno como esencial.
Ello a pesar de que en esta administración ya asesinaron a 70 activistas por los derechos humanos y del medio ambiente, y en dos meses una mujer y un hombre de los colectivos de búsqueda, perdieron la vida a manos de criminales.
Marcela Villalobos afirmó que muchas buscadoras, ante la falta de opciones institucionales, se están entrenando con capacitaciones y talleres, búsqueda de cuerpos y antropología forense, porque no pueden esperar más. Están en el frente buscando a las y los más de 85 mil desaparecidos.
Las y los buscadores, en toda la República así, explicó, están sustituyendo al Estado en la identificación de sus familiares. Marcela Villalobos dijo que en México, en esta administración hay más de 19 mil personas desaparecidas, por omisión, indolencia y falta de capacidad institucional, que obliga a las mujeres a salir a la búsqueda.
Y es que son las mujeres las abocadas a esa tarea, aseguran Martínez y Díaz. Ellas son quienes reciben amenazas y son vigiladas, probablemente por la misma gente que mató a sus hijos, hermanos y maridos.
Las buscadoras, en colectivas que trabajan en las 32 entidades del país, siempre han tenido miedo. Van a parajes remotos, sitios abandonados donde se cometen crímenes terribles. Pero hasta ahora no había pasado nada y tendían a ignorar las amenazas.
Eso cambió, las amenazas dieron paso a las balas, dirigidas a estas buscadoras, verdaderas geólogas forenses, mujeres que resultan ser mucho más efectivas que las autoridades en la detección de fosas clandestinas y sitios donde queman a las víctimas, sitios de los que se cree que hay miles.
Los asesinatos
Dos crímenes contra quienes buscan, se perpetraron en los últimos dos meses. Aranza Ramos Gurrola, asesinada el 15 de julio último, quien llevaba un año buscando a su marido, Bryan Celaya Alvarado, desaparecido el 6 de diciembre del 2020, que se sumó a las 87 mil 855 desapariciones que hay en México.
Dos semanas antes fue asesinado Jorge Aguiluz quien buscaba a su hijo de 23 años desaparecido el 30 de marzo de 2014 en Navolato, Sinaloa.
Algunos colectivos temen continuar con su trabajo. Por ello la CNDH anunció ayer que acompañará a la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas, para que puedan ingresar al predio de “La Bartolina” en Matamoros, con el objetivo de iniciar la búsqueda de sus familiares, unas 200 personas desaparecidas en un predio localizado en la zona del mar donde se han descubierto 500 kilogramos de restos humanos desde el año 2017 a la fecha, informa la institución oficialmente.
Estas mujeres buscadoras han planteado una tregua a “Los Ciclones”, un grupo delincuencial que controla esa zona de Tamaulipas, para que las dejen buscar restos de familiares y anunciaron que colocarán bandera blanca en La Bartonila y portarán pañuelos blancos para identificarse. Ruegan por la tregua.
Se cree que estos familiares en mayoría fueron asesinados/as por los carteles de las drogas y sus cuerpos fueron enterrados o quemados.
De esta situación, que creció en la presente administración, la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas en México ante la imparable desaparición y violación a los derechos, afirmó que “Cuando un estado no logra cumplir con este deber, coloca a las familias de personas desaparecidas en una situación de riesgo”.
También la CNDH alude al asesinato de Aranza Ramos, y demandó que las autoridades estatales y federales den una respuesta, mientras el Colectivo Madres Buscadoras de Sonora se unió a diversos colectivos de búsqueda, para sumar a las exigencias de justicia por el asesinato de Aranza Ramos Gurrola y solicitó, a través de un escrito compartido en redes sociales, la protección de los colectivos de familiares en el estado de Sonora.
También manifiesta “la falta de la debida diligencia y respuesta de todas las autoridades responsables de buscar, localizar e identificar a nuestros familiares”, algo que se ha venido dando desde hace 5 años.
Frente a ello, la CNDH reconoce la desesperación e impotencia que abrigan estas madres víctimas, y se declara lista para apoyarlas, acompañándolas en sus tareas de búsqueda.
Llamó a la Fiscalía General del estado de Tamaulipas, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Búsqueda, para unir esfuerzos coordinados para atender a las víctimas, en un plan de búsqueda ininterrumpida, con las debidas garantías y condiciones de seguridad.
Amnistía Internacional sostiene que “Las mujeres son quienes generalmente encabezan la lucha por averiguar lo ocurrido durante los minutos, días y años que transcurren desde la desaparición, exponiéndose ellas mismas a sufrir intimidación, persecución y violencia” y agrega que son incansables estas buscadoras y se trata de víctimas silenciadas.
Sobre el asesinato en Sonora la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dávila escribió: “He girado instrucciones para darle seguimiento al caso de Aranza Ramos Gurrola, a nivel federal y local, para garantizar que se esclarezca su homicidio y no quede impune”.
Sentir la pandemia de la desaparición en México
Miguel A. Martínez y Francisco Díaz Estrada en su análisis denominado La búsqueda de personas en tiempos de pandemia: desaparición forzada y resistencias colectivas, publicado en mayo último, sostienen que la pandemia generada por la COVID-19 ha retrasado los procesos de verdad, justicia y reparación, pero no las búsquedas.
Y señalan que en marco de la búsqueda de personas desaparecidas los colectivos se muestran más expuestos a las hostilidades y la violencia debido a las restricciones gubernamentales, por el detenimiento de actividades esenciales en algunos espacios lo que incrementa el problema de la identificación para la que el gobierno tiene los medios que permitirían realizar el procedimiento, pero lo ha relegado.
Advierten, tras un análisis de hechos que el discurso del gobierno es una cosa; las acciones, otra; esos colectivos reclaman que se procuren las formas de incrementar la búsqueda, especialmente en los tiempos donde el confinamiento suspendió muchas actividades.
Y en el marco de la hostilidad de las buscadoras señalan que ésta debería ser una actividad esencial. Ya que los familiares “son víctimas, que sienten dolor por advertirse ignorados, instrumentalizados y estigmatizados”, al asumir como propia la tarea de búsqueda, sobre todo las mujeres.
Los investigadores identifican encuentros diversos de las Brigadas Nacionales de Búsqueda, así como caravanas de búsqueda. Hablan del diálogo constante entre organizaciones como Los Otros Desaparecidos, Familiares en Búsqueda María Herrera, Colectivo Independiente de Buscadores de Culiacán: María Herrera. Por ti y Por Todos, El Colectivo Cerezo, Sabuesos y Guerreras A.C.
Y definen, al considerar el tamaño del conflicto, que su trabajo no se circunscribe a las fuentes documentales y periodísticas, sino principalmente a la escucha de una voz impulsada por el dolor e indignada ante las desapariciones, no solo de sus familiares sino de la sistemática omisión del gobierno en turno. Piden desaparezca la victimización o instrumentalización de ese dolor.
