*Ciudad de México.- En medio de la tensión generada por la solicitud de detención provisional con fines de extradición emitida por autoridades de Estados Unidos, el gobierno federal confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta actualmente con un dispositivo de seguridad proporcionado por fuerzas federales.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó en conferencia de prensa que la medida responde a evaluaciones técnicas de riesgo que se aplican de forma periódica a funcionarios y exfuncionarios públicos, particularmente en contextos de alta exposición mediática o política.
“No es un trato especial. Son análisis que se hacen de manera constante y, en este caso, se determinó que debía contar con protección”, señaló la mandataria, al insistir en que este tipo de decisiones forman parte de protocolos institucionales y no de una respuesta excepcional al caso.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el esquema de seguridad está a cargo de elementos de la Guardia Nacional y fue implementado sin que existiera una solicitud directa por parte del propio Rocha Moya.
“El gobernador con licencia no pidió la protección. Es resultado de las evaluaciones que realiza el gobierno federal”, puntualizó el funcionario, quien también aclaró que hasta el momento no se tienen indicios concretos de amenazas en su contra.
“No hay datos de inteligencia, ni información específica que indique un riesgo inminente o una agresión directa”, explicó García Harfuch, al tiempo que subrayó que, aun en ausencia de amenazas identificadas, los protocolos permiten anticipar escenarios y actuar de manera preventiva.
La decisión se da en un contexto marcado por la solicitud del Departamento de Justicia estadounidense, que ha colocado a Rocha Moya en el centro de la atención pública y diplomática. Aunque el gobierno mexicano ha señalado que dicha petición aún debe cumplir con requisitos legales y ser respaldada con pruebas suficientes, el caso ha generado repercusiones tanto en el ámbito político como en el de seguridad.
De acuerdo con autoridades federales, la asignación de protección no implica una valoración sobre la culpabilidad o inocencia del funcionario, sino que busca garantizar su integridad física mientras se desarrollan los procesos legales correspondientes.
El uso de elementos de la Guardia Nacional para este tipo de tareas forma parte de las facultades del Estado en materia de seguridad, especialmente cuando se trata de figuras públicas que, por su posición o circunstancias, pueden estar expuestas a distintos riesgos, incluidos los derivados de la atención mediática o de posibles tensiones políticas.
En ese sentido, la presidenta reiteró que su gobierno mantendrá una postura basada en el respeto al debido proceso y la soberanía nacional. “Se actuará conforme a la ley, con responsabilidad y sin presiones externas”, afirmó.
El caso de Rubén Rocha Moya se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades mexicanas analizan la solicitud estadounidense y continúan los procedimientos legales correspondientes, en paralelo a las medidas de seguridad implementadas por el gobierno federal.
