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24.08.2026 Un despliegue coordinado de fuerzas federales permitió detener a 20 personas presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante acciones simultáneas realizadas en 36 inmuebles de Hidalgo, Jalisco y Michoacán, informó este lunes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
A través de sus redes sociales, el funcionario explicó que el operativo fue posible mediante la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.
“La coordinación entre @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_ permitió realizar acciones simultáneas en 36 inmuebles de Hidalgo, Jalisco y Michoacán, donde fueron detenidas 20 personas vinculadas con el CJNG”, informó García Harfuch.
De acuerdo con el titular de la SSPC, durante las diligencias también fueron aseguradas armas de fuego, droga, dinero en efectivo, equipo de comunicación y 113 vehículos, además de un dron y un inhibidor de drones. En algunos de los inmuebles fueron localizados también tigres, panteras, otras especies animales y aves que se encontraban, según la información difundida por las autoridades, bajo condiciones inadecuadas de cuidado.
El aseguramiento de los animales constituye uno de los elementos que más llamó la atención del operativo, debido a que entre los objetos encontrados en los inmuebles había ejemplares de fauna exótica. Las autoridades señalaron que los animales y aves quedaron bajo resguardo de las instancias correspondientes.
El operativo forma parte de una serie de acciones recientes dirigidas contra estructuras del CJNG. García Harfuch informó que, sumando las 20 detenciones realizadas en esta nueva operación con las capturas efectuadas durante la llamada operación de precisión del pasado 19 de agosto, encabezada por el Ejército Mexicano, el número de integrantes de esa organización detenidos asciende a 32.
La operación del 19 de agosto se desarrolló en Michoacán y estuvo relacionada con acciones contra una estructura regional del CJNG. Entre los detenidos de esa intervención se encuentran personas vinculadas con Heraclio “N”, alias “El Tío Lako”, señalado por autoridades como uno de los objetivos de seguridad en la región.
El nuevo despliegue ocurre además en un momento de presión de las autoridades federales sobre las estructuras del CJNG en distintas regiones del país. Michoacán ha sido uno de los principales escenarios de operaciones contra células de esta organización, particularmente después de episodios de violencia y bloqueos registrados en municipios del noroeste de la entidad.
La estrategia federal, sin embargo, no busca únicamente incrementar el número de detenciones, sino afectar las condiciones que permiten a las organizaciones criminales mantener sus operaciones. Así lo planteó García Harfuch al explicar el objetivo de los operativos.
“El objetivo del @GabSeguridadMX no es únicamente detener generadores de violencia, sino debilitar de manera sostenida las capacidades operativas, logísticas y financieras de las organizaciones criminales”, señaló.
La declaración refleja uno de los ejes de la estrategia de seguridad del Gobierno federal: utilizar inteligencia e investigación para identificar no sólo a quienes participan directamente en hechos violentos, sino también las redes de apoyo, logística, movilidad y financiamiento que permiten a los grupos criminales mantener su capacidad de operación.
En este caso, el número de vehículos asegurados adquiere especial relevancia debido a que 113 unidades fueron incautadas durante las acciones en los 36 inmuebles. También fueron localizados equipos de comunicación y dispositivos tecnológicos que, de acuerdo con la información oficial, formaban parte de los objetos asegurados.
El hallazgo de un inhibidor de drones también destaca dentro del aseguramiento, debido a que este tipo de dispositivos puede utilizarse para impedir o dificultar la vigilancia aérea mediante sistemas no tripulados.
García Harfuch sostuvo que la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales depende de la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad, la investigación y la procuración de justicia.
“La fuerza del Estado está en sus instituciones, en la inteligencia y la investigación, y en su capacidad de actuar de manera coordinada para proteger a la población”, afirmó.
La operación representa, de acuerdo con el Gobierno federal, un nuevo avance en el intento de reducir las capacidades del CJNG mediante acciones simultáneas en diferentes entidades. La intervención en 36 inmuebles permitió concentrar esfuerzos de distintas instituciones y realizar las detenciones y aseguramientos de manera coordinada.
Aunque las autoridades identificaron a los detenidos como personas vinculadas con el CJNG, su situación jurídica deberá ser determinada por las autoridades ministeriales y judiciales correspondientes. Las detenciones por sí mismas no equivalen a una sentencia y será necesario que la Fiscalía presente ante los tribunales los elementos que sustenten las imputaciones.
El Gobierno federal sostiene que la ofensiva busca afectar las estructuras criminales de manera sostenida, particularmente sus capacidades para movilizar personas y recursos, adquirir armamento, mantener redes de comunicación y generar ingresos.
Con las 32 detenciones contabilizadas a partir de los operativos del 19 y del 21 al 23 de agosto, según el balance presentado por García Harfuch, las autoridades buscan mostrar que la estrategia no se limita a acciones aisladas, sino que pretende dar seguimiento a las redes que integran la estructura del CJNG.
El siguiente paso corresponderá a las autoridades ministeriales, que deberán determinar la situación jurídica de las 20 personas detenidas y continuar con las investigaciones derivadas de los objetos y sustancias asegurados durante los cateos.
El despliegue en Hidalgo, Jalisco y Michoacán coloca nuevamente al CJNG como uno de los principales objetivos de las operaciones federales contra el crimen organizado. Para el Gabinete de Seguridad, el desafío consiste ahora en convertir las detenciones y aseguramientos en investigaciones que permitan desarticular las redes operativas, logísticas y financieras de la organización y evitar que sean rápidamente sustituidas.