*Las FARC reclutaron a miles de niños y niñas antes de firmar los acuerdos de paz y les convirtieron en soldados y los disidentes siguen haciéndolo.
/Redacción/
Calí, Colombia, 21 junio 2021.- En Colombia, las Naciones Unidas verificaron el reclutamiento y la utilización de 116 niños y niñas por parte de grupos armados en 2020, pese al proceso de paz con las FARC.
Según el Gobierno, 144 niños y niñas fueron separados de grupos armados e ingresaron en el programa de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Un total de 69 niños fueron asesinados (48) y mutilados (21) por autores no identificados (36), grupos disidentes de las FARC-EP (18), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (7), las Fuerzas Armadas de Colombia (4) y otros grupos.
“Me preocupa que los grupos armados sigan reclutando y utilizando a niños, en particular los grupos disidentes de las FARC-EP y el ELN, y el aumento de la matanza y mutilación de niños”, dice el Secretario General en su informe sobre niños y conflictos armados.
“Insto a todos los grupos armados a que pongan en libertad inmediatamente a todos los niños y adopten y apliquen compromisos para hacer cesar y prevenir todas las violaciones graves”, añade.
No hay una cifra real de los menores reclutados y menos un numero desglosado sobre las niñas reclutadas pero se estima que las menores capturadas por las Farcs eran violadas, acusa Lorena Murcia, una de las víctimas y hoy presidenta de Rosa Blanca, quien denuncia que los excomandantes de las FARC que reclutaron y violaron a menores gozan de impunidad y hoy están en el Congreso.
Las violaciones a niñas y los abortos obligados eran prácticas habituales dentro de las FARC, no obstante tales delitos contra mujeres y niñas fueron calificados como ‘delitos de guerra’ en el tratado de paz y las víctimas no tienen ningún derecho ni reparación.
Tan sólo la Corporación Rosa Blanca tiene registrados más de 1.200 casos por los que lucha para que se haga justicia y se condene a los 25 excomandantes, actualmente senadores del país, contra los que tienen pruebas, señalan medios locales.
Las heridas del conflicto armado en Colombia continúan abiertas a pesar de que en 2016 el gobierno firmase un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (las FARC). Miles de personas critican las concesiones que se han hecho al grupo armado en este tortuoso proceso de paz. Entre ellas, Lorena Murcia, presidenta de la Corporación Rosa Blanca, que lucha para que se reconozcan como delitos de lesa humanidad las agresiones sexuales cometidas dentro del grupo armado.
Las violaciones a niñas y los abortos obligados eran prácticas habituales dentro de las FARC, pero esos delitos fueron calificados como ‘delitos de guerra’ en el tratado de paz y las víctimas no tienen ningún derecho ni reparación.
Quienes se quedaban embarazadas tenían dos opciones: abortar o ser fusiladas. Las más ‘afortunadas’ podían dar a luz a sus hijos y entregarlos a alguna familia, pero “eso solo ocurría con los hijos de algunos altos mandos como ‘El Tornillo’ o Catatumbo”. Hoy denuncian que muchas que tuvieron hijos con los jefes son perseguidas para matarlas y a sus hijos para desaparecer las pruebas.
