* Zurda .
/ Ruth Zavaleta Salgado./
El sospechoso asesinato del joven normalista Yanqui Khotan Gómez Peralta, el 7 de marzo, fue la gota que derramó el vaso en Guerrero. Porque el homicidio se sumó a los agravios de los que han sido víctimas los estudiantes desaparecidos y los muertos de septiembre de 2014, pero, también, porque a casi 10 años de esos dolorosos crímenes, Guerrero vive una de sus peores etapas de violencia y terror.
Tan sólo en enero se reportaron más de 165 homicidios dolosos, la mayoría, presuntamente por las confrontaciones entre los grupos criminales, pero entre los muertos no sólo hay sicarios, sino también las personas que son víctimas de los actos de los criminales. Para tener un parámetro del incremento de la violencia y la inseguridad fatal, vale la pena comparar los datos sobre homicidios dolosos del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a diciembre de 2021 a 2023: En 2021: mil 546; 2022, mil 576; y 2023, mil 822; en promedio hubo entre 4.2 y 4.3 homicidios al día, en los primeros dos años, pero, en 2023 se disparó a cinco homicidios al día.
No obstante el terror que implica pensar en la posibilidad de morir violentamente, psicológicamente hay otras formas de someter a la población a un estado de pánico permanente, por ejemplo, la extorsión en su modalidad “cobro de piso”, que significa que las personas, además de pagar impuestos, tienen que pagar una contribución periódica a los criminales. Esto le ha pasado, tanto a las personas que venden fruta en sus carretillas, o tamales y atole en su triciclo, como a los que ejercen algún oficio o profesión, sean albañiles, carpinteros, herreros, maestros, o médicos, o enfermeras, o los que tienen un negocio establecido, ya sea tienda de abarrotes, tlapalería, jarciería, o a los propios taxistas. Incluso, en este último caso, la impunidad ha llegado a tal grado, que los mismos criminales graban videos que luego suben a las redes sociales, mostrando cómo torturan y violentan físicamente a los que no cumplen. Algunas de estas grabaciones han sido publicadas en el noticiario de Ciro Gómez Leyva, y han causado repudio nacional, sin embargo, ni las autoridades federales, ni las estatales han dicho algo al respecto.
Frente el estado de terror que viven la mayoría de los guerrerenses, y el asesinato del joven Yanqui Khotan, el martes pasado, integrantes del PAN, solicitaron la desaparición de los Poderes en el estado de Guerrero. No es la primera vez que lo hacen, también lo hicieron en 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas, pero, en ese entonces, el Senado de la República, el 29 de octubre, dictaminó que no procedía la petición. Algunos de los considerandos fueron las respuestas de los titulares de los Poderes constituidos del estado, pero lo determinante fue que el gobernador Ángel Aguirre Rivero pidió licencia al cargo (24 y 25 de octubre) y fue sustituido por el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, esto representó para la Cámara alta del Congreso, que es facultada para declarar la desaparición de Poderes de un estado: “…un elemento tangible, de ejercicio de funciones y de pleno y reconocido derecho, que en el ámbito soberano, las autoridades del estado de Guerrero dan cuenta de su actuar como autoridades locales”.
Quizás fue en ese contexto que la gobernadora Evelyn Salgado, ante la pifia de que se les escapó el asesino y del estado de crisis de violencia que se vive, decidió cesar de sus funciones a la fiscal estatal de justicia, y “aceptar” la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el de Gobierno, Rolando Solano Rivera, sin embargo, en el primer caso, Sandra Luz Valdovinos Salmerón expresó que no aceptaba porque el procedimiento no era el correcto, por lo que todo parece indicar que va a comparecer ante el Poder Legislativo local ¿Qué va a decir la fiscal?, ¿sabremos quién fue el asesino?, ¿estará vivo?, ¿quién le ordenó disparar a la camioneta de los estudiantes que un día antes habían participado en el derribo de una de las puertas de Palacio Nacional?
