Estela Casados.
Este miércoles 15 de junio de 2020 se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Como ya es sabido, el punto a tratar que causó mayor expectación fue el referente a la “Autorización del presupuesto modificado, derivado de la reducción de 75% del presupuesto disponible al 24 de abril de 2020, de las partidas de servicios generales (capítulo 3000) y materiales y suministros (capítulo 2000)”.
Desde diciembre de 2018 soy integrante de la Junta de Gobierno del Inmujeres y formo parte del Consejo Consultivo de ese Instituto nacional. Gracias a la silla que ocupo con carácter honorario (sin pago ni estímulo alguno), he participado en nueve sesiones de esta instancia de gobierno. Pocas han sido las sesiones en las que he visto desfilar a funcionariado de primer nivel. El 15 de julio tuvieron gran afluencia y sus participaciones estuvieron enfocadas en argumentar a favor de la reducción presupuestal propuesta.
Cabe destacar que algunas diputadas del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y de Morena expusieron su extrañeza, rechazo y molestia ante la sola idea de que se pusiera en consideración el punto mencionado en el orden del día que nos ocupaba esa tarde.
¿Por qué estas reacciones ante la disminución de dos capítulos que aparentemente no afectan las acciones sustantivas del Inmujeres? ¿Por qué someter a votación algo que desde la Secretaría de Hacienda ya se había decidido y ejecutado? ¿Qué papel juega la Junta de Gobierno en estos casos?
Este año ha sido complejo para las mujeres, en todo sentido. Por un lado, desde 2019 ha tocado defender los presupuestos para las instancias gubernamentales y programas federales que aterrizan en los municipios del país e incluso en regiones indígenas; los cuales permiten defender la vida, los derechos y el futuro de las mujeres. Esta defensa ha mostrado mediano éxito: para los partidos políticos, sobre todo cuando están en el poder, los dineros destinados a las mexicanas siempre serán excesivos. Es por ello que en 2020 cuarenta refugios para mujeres que viven violencia han quedado prácticamente sin recursos.
Por otro, el 23 de abril el Presidente de la República emitió un decreto que establece medidas de austeridad para reducir el gasto público federal para hacer frente a la pandemia. Con ello se han afectado programas importantes porque no se consideran prioritarios. Un ejemplo de ello son las Casas de la Mujer Indígena, conocidas popularmente como CAMI. Prácticamente se habían quedado sin recursos para trabajar en treinta y cinco regiones indígenas de México, incluyendo a la CAMI de Zongolica que se encuentra en el estado de Veracruz.
Así, hemos visto que los presupuestos con perspectiva de género solo son un traje de etiqueta que viste bien.
La Junta de Gobierno del Inmujeres es, entre otras cosas, un espacio político con representación de integrantes de la Sociedad Civil y de la academia a través de dieciséis representantes de los Consejos Consultivo y Social para hacer uso de la voz y emitir su voto. También la integran las y los titulares de catorce secretarías de Estado, así como la Presidenta del Instituto, quienes también tienen derecho a voz y voto.
Ante el panorama del recorte presupuestal y de que, en los hechos, las mujeres que habitamos este país no somos consideradas prioritarias como tampoco lo son los problemas que nos atraviesan, a algunas consejeras provenientes de pueblos indígenas, academia y sociedad civil, nos pareció de una total incongruencia reducir los magros recursos que se le otorgan al Inmujeres.
Incongruente que las feministas de la sociedad civil que trabajaron por la creación del Inmujeres fueran las mismas quienes, a partir de sus propios intereses y perspectivas, permitieran que le quitaran a la dependencia parte del magro presupuesto, bajo la obligatoriedad de hacer más con menos recursos. Preferimos votar en contra de esa máxima misógina que exige a las mujeres estirar el gasto tanto en lo privado como en lo público.
Antes de votar en contra tuvimos que escuchar al funcionariado en pleno, tratando de justificar lo injustificable. También escuchamos posturas dignas y coherentes como la de la legisladora Wendy Briseño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputadas y Diputados. O las intervenciones de las Consejeras de San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán e Hidalgo que hicieron evidente el despropósito de esa votación.
El país entero sabe lo que sucedió. Medios de comunicación lucieron que tenían en su poder la grabación de la Sesión Ordinaria. Las redes sociales manejan con sorpresa algunos nombres y los acompañan con reproches.
Reitero, la Junta de Gobierno es un espacio político. Si lo sabremos las feministas. Es la oportunidad para ser sororas y hacer política feminista… o de ser rehenes de las decisiones misóginas, esas que son tan fáciles de tomar.
