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/Nicolás Cruz Hernández/
Xalapa Ver. 19 marzo 2021.- El abogado de la ex magistrada y ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia Sofía Martínez, Alfonso Loyo Olivares, consideró que hay revanchismo político e inconsistencias.
“Lo que si entendemos es que aquí hay una serie de inconsistencias un revanchismo político derivado de la renuncia que le solicitó el secretario de gobierno y que en efecto la licenciada Sofía denunció ante la fiscalía general del Estado, la fiscalía General de la República y sin embargo no le han dado tramite”.
Sostuvo que entendía las razones, pero a partir de eso y la propia amenaza el propio secretario de gobierno Eric Cisneros, le dijo que iban hacer hasta lo imposible que se atuviera a las consecuencias.
A juicio de la defensa el día 23 de octubre Sofía Martínez Huerta fue destituida del Poder judicial, se inició un procedimiento fuera de norma, sin dar cumplimiento a la ley de juicio político y denuncia que las Comisiones unidas de gobernación y puntos constitucionales emiten un dictamen previo y en un inicio dicen fue denunciada por usurpación de funciones, lo que resulta una inconsistencia.
Explicó que si es que los diputados aprueben el dictamen, lo tienen que turnar a la Secretaría General de acuerdos del Tribunal Superior de justicia y este a su vez al pleno, para que el pleno lo turne a su vez a la sala Constitucional “y ellos nos den la oportunidad de formular alegatos, formular un dictamen y lo turnen a una sesión del pleno dónde habremos de comparecer nuevamente a exponer las ilegalidades”.
Indicó que dados los términos judiciales esto será en un plazo entre diez y quince días, y Alfonso Loyo Olivares agregó que sería a inicios del mes de abril, tomando en cuenta los días inhábiles y demás y serán tres los magistrados que emitan un dictamen y quien resuelve es el pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Sin embargo dijo que hay un problema ahí, por que el pleno del Tribunal, “está integrado por magistrados que tienen un conflicto de intereses porque recordemos que ellos fueron los que validaron la destitución ilegal, entonces de entrada ellos se tendrían que excusar de conocer del asunto”.
