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03.11.2026., Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) se encamina a llevar ante la Fiscalía General de la República (FGR) las presuntas irregularidades detectadas durante la administración de Guadalupe Taddei, luego de que las diez consejerías acordaron emprender acciones legales para que se investiguen posibles responsabilidades de quienes participaron en las decisiones administrativas y contractuales del organismo.
La presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, informó este martes que los equipos jurídicos del instituto trabajan en la integración de una denuncia que podría presentarse a más tardar este miércoles 4 de noviembre ante la Fiscalía, con el propósito de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público y permitir que se determine si existen conductas constitutivas de delito.
La funcionaria precisó que la acción no estará dirigida exclusivamente contra la expresidenta del organismo, sino que abarcará a cualquier servidor público, actual o anterior, cuya actuación pudiera estar relacionada con las anomalías señaladas.
“Las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades de a quien corresponda”, explicó.
Cruz García subrayó que el INE no tiene facultades para establecer anticipadamente quién cometió un delito ni para determinar responsabilidades penales, por lo que corresponderá a la FGR realizar las investigaciones y establecer si existen elementos para proceder contra funcionarios o exfuncionarios.
Incluso confirmó que Guadalupe Taddei está comprendida entre las personas cuya actuación podría ser revisada, junto con quienes ocuparon cargos en la Secretaría Ejecutiva, direcciones ejecutivas, unidades técnicas y otras áreas administrativas.
La determinación representa un cambio en la respuesta institucional frente a los señalamientos que rodearon la salida de Taddei, quien presentó su renuncia el pasado 26 de octubre, después de que se difundieran informaciones sobre presuntos conflictos de interés y relaciones con proveedores que obtuvieron contratos millonarios del instituto.
Uno de los principales focos de atención son las operaciones con empresas proveedoras, cuyos contratos superarían los mil 800 millones de pesos. Entre los señalamientos figura la relación del empresario José Alfredo Hernández Casillas con personas cercanas a la entonces presidenta del organismo, así como la aparición de ambos en reuniones y celebraciones privadas.
Estos hechos han colocado bajo escrutinio los procedimientos de contratación, las adjudicaciones y los posibles vínculos entre funcionarios y proveedores. Sin embargo, hasta ahora los señalamientos no constituyen por sí mismos una resolución judicial ni acreditan responsabilidades penales.
Treinta funcionarios han presentado su renuncia
Paralelamente a la revisión jurídica, el INE enfrenta una reconfiguración de su estructura administrativa. Blanca Cruz confirmó que ya se contabilizan 30 renuncias de funcionarios, en un proceso de renovación que alcanza particularmente a personas que ocuparon puestos durante la gestión de Taddei.
De acuerdo con la información difundida por el propio instituto, 17 de esas renuncias corresponden a integrantes de la oficina de la entonces presidenta, entre ellos Carlos Daniel Luna Rosas, quien se desempeñaba como jefe de esa área.
Otros movimientos alcanzaron posiciones estratégicas, como las áreas de informática, comunicación social, vinculación con organismos electorales locales, igualdad de género y administración de recursos materiales.
La salida de estos funcionarios ha sido interpretada como parte del desmantelamiento de la estructura de colaboradores que acompañó a Taddei durante su presidencia. No obstante, el número de renuncias no significa que las 30 personas estén involucradas en las presuntas irregularidades ni que exista una responsabilidad acreditada en su contra.
La presidenta provisional explicó que la revisión no se limitará a los integrantes de la antigua oficina presidencial, pues también comprende los nombramientos y las condiciones en que se desempeñaron distintos mandos del organismo.
Auditoría y revisión de contratos
La intervención de la FGR se suma a las revisiones que realizan otras instancias de fiscalización y control. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) prepara una revisión de las operaciones del INE, mientras que el Órgano Interno de Control también participa en el análisis de posibles anomalías administrativas.
El instituto ha manifestado su disposición para entregar documentación y facilitar las investigaciones. Asimismo, el Consejo General tiene previsto discutir nuevas medidas administrativas para fortalecer la supervisión de las áreas directivas y los procedimientos de contratación.
La crisis se produce a pocos meses de las elecciones del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán miles de cargos públicos en el país, por lo que la revisión de la estructura interna y la recuperación de la confianza en la autoridad electoral adquieren especial relevancia.