Son 27 depósitos investigados por la FGR
22.11.2026. México.- Una nueva revelación sobre la investigación federal contra la exconductora de televisión Inés Gómez Mont puso al descubierto movimientos bancarios por 178 millones 723 mil 428.06 pesos, distribuidos en 27 depósitos realizados por dos empresas a cuentas personales de la presentadora.
Las operaciones son investigadas por su posible relación con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos que en México se conocen comúnmente como lavado de dinero.
La información, difundida el 21 de noviembre por El Financiero a partir de documentos de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), detalla que el dinero habría ingresado a dos cuentas bancarias a nombre de Gómez Mont, mediante transferencias de compañías con las que, de acuerdo con la indagatoria, no existía una relación contractual que justificara los movimientos.
El desglose de las operaciones identifica a Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, S.A. de C.V. como una de las empresas que habría transferido recursos a la exconductora. Según el expediente, esta compañía realizó 12 depósitos, cada uno por siete millones 395 mil pesos, que en conjunto representan 88 millones 740 mil pesos.
La segunda empresa señalada es Gupea Construcciones, S.A. de C.V., a la que se atribuyen otros 15 movimientos bancarios por un monto total de 89 millones 983 mil 428.06 pesos. De estos, 14 depósitos habrían sido de seis millones 348 mil 816.29 pesos cada uno, dirigidos a una de las cuentas de Gómez Mont, mientras que otro movimiento por un millón 100 mil pesos habría llegado a una segunda cuenta.
De esta manera, las autoridades investigan un flujo de recursos que asciende a 178 millones 723 mil 428.06 pesos, cuya procedencia y justificación comercial forman parte de las diligencias ministeriales.
Uno de los aspectos que la Fiscalía considera relevantes es la presunta ausencia de contratos, facturas y comprobantes que acrediten la prestación de servicios entre la exconductora y las compañías que realizaron las transferencias.
La hipótesis ministerial apunta a que los movimientos podrían formar parte de un mecanismo de simulación de operaciones comerciales mediante empresas que presuntamente emitían comprobantes fiscales por actividades inexistentes.
La investigación busca establecer si los recursos estaban relacionados con contratos públicos y si se utilizaron distintas operaciones financieras para ocultar su origen y destino.
La indagatoria también contempla la posible existencia de un perjuicio a las finanzas públicas, derivado de contratos relacionados con servicios para centros penitenciarios federales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Este caso tiene antecedentes desde noviembre de 2019, cuando la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada abrió una investigación que involucra a Inés Gómez Mont, a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, y a diversas personas y empresas.
En enero de 2022, la entonces Fiscalía General de la República informó públicamente que investigaba una presunta estructura de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionada con contratos del entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
En aquella investigación se identificaron dos contratos por aproximadamente dos mil 950 millones de pesos para la prestación de servicios en centros federales. La sospecha de las autoridades era que se habían utilizado empresas y comprobantes fiscales para aparentar operaciones que no correspondían con servicios efectivamente realizados.
Los nuevos datos sobre los 27 depósitos permiten conocer con mayor precisión parte de los movimientos financieros que la Fiscalía atribuye a Gómez Mont y que ahora forman parte de las líneas de investigación sobre el presunto manejo de recursos de procedencia ilícita.
La situación jurídica de la exconductora se complicó nuevamente tras su detención por autoridades migratorias estadounidenses el 30 de octubre de 2026, en Florida, después de permanecer fuera de México durante varios años.
El 2 de noviembre, la fiscal general Ernestina Godoy confirmó que existen tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra, una relacionada con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otras dos por el delito de defraudación fiscal equiparada.
La funcionaria explicó que la detención realizada en Estados Unidos obedeció a cuestiones migratorias y que las autoridades mexicanas mantenían gestiones para conseguir que Gómez Mont fuera puesta a disposición de la justicia en México.
La investigación sobre los depósitos millonarios añade un elemento financiero a un expediente que durante años ha estado relacionado con presuntas operaciones irregulares, contratos públicos y el posible uso de empresas para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
Sin embargo, las acusaciones continúan sujetas al proceso judicial. La existencia de transferencias bancarias y las hipótesis de la Fiscalía no constituyen por sí mismas una sentencia.

