** Paralaje .
/ Liébano Sáenz /
Las precampañas anticipadas, consentidas por todos, incluso por las mismas autoridades electorales, se han sobrepuesto a los tiempos legales. Aunque justo ahí radicaban las razones de la ilegalidad, uno de los argumentos para no prohibir o sancionar los procesos de selección de candidatos promovidos por los partidos, fue que no había iniciado el período electoral, por lo que no se respetaron reglas ya establecidas para regular aspectos fundamentales de una competencia interna, como es el financiamiento.
Con el inicio del proceso electoral concluye el umbral de la ilegalidad. Ahora los partidos y las aspirantes ya perfiladas deberán tener cuidado mayor en la observancia de la ley. El senado es una buena cobertura para Xóchitl Gálvez y desde allí puede desplegar su activismo al estar constitucionalmente protegida en función de su investidura. Claudia Sheinbaum es la coordinadora de la llamada cuarta transformación, cargo informal que seguramente servirá para continuar en su lucha por ganar la presidencia de la República.
En los próximos días Marcelo Ebrard resolverá qué hacer. Más que la figura de candidato independiente debe estar pensando en Movimiento Ciudadano. Para muchos esta decisión es para ser comparsa al oficialismo y dividir a la oposición. No está claro que así sea. De cualquier manera, la incursión de Ebrard en MC sería una fractura del oficialismo y sus efectos electorales son inciertos, especialmente porque lo más fuerte de la oposición se ha centrado en Xóchitl Gálvez a grado tal que si Marcelo fuera candidato, en el tiempo habría una fuerte presión para llevarlo a declinar.
La polarización ha tenido un efecto colateral negativo. Prácticamente todo tiende a trasladarse a la disputa electoral, y hoy más que nunca urge una iniciativa para que el proceso electoral transite en la normalidad del respeto riguroso a la norma.
El inicio del proceso electoral y la observancia de la ley convoca a todos, no solo a las autoridades electorales y a las partes en competencia, también a los ciudadanos, a quienes corresponde exigir respeto a las autonomías del INE y del Tribunal Electoral, pero también conductas imparciales de quienes habrán de organizar y resolver eventuales litigios por los resultados del 24.
