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/Por Miguel Ángel Cristiani G/
Tenemos un talento extraordinario: anunciar que seremos líderes mundiales antes de resolver los problemas elementales que arrastramos desde hace décadas. Nos encanta declararnos “a la vanguardia internacional”, aunque la realidad termine recordándonos que muchas veces seguimos atrapados en la retaguardia institucional.
Ahora llegó el turno de la Inteligencia Artificial.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la apertura de un debate nacional sobre el futuro tecnológico de México y la regulación de la Inteligencia Artificial. La respuesta no tardó. Desde la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, la legisladora Claudia Rivera Vivanco aseguró que el país enfrenta “una oportunidad histórica” para colocarse a la vanguardia internacional y manifestó la disposición de su grupo parlamentario para comenzar el análisis de una iniciativa presentada semanas atrás.
Hasta ahí, el anuncio resulta no sólo legítimo sino necesario. La Inteligencia Artificial está transformando la economía, la educación, la medicina, la seguridad, el empleo, la producción industrial y hasta la forma en que los ciudadanos consumen información. Ningún Estado responsable puede permanecer indiferente frente a una revolución tecnológica de semejante magnitud.
El problema comienza cuando el entusiasmo político sustituye al conocimiento técnico.
Regular la Inteligencia Artificial no consiste en redactar una ley llena de conceptos grandilocuentes. Implica comprender algoritmos, modelos generativos, protección de datos personales, propiedad intelectual, ciberseguridad, responsabilidad civil, transparencia algorítmica, derechos digitales y competencia económica. Es uno de los desafíos regulatorios más complejos que enfrenta cualquier democracia moderna.
La experiencia internacional ofrece suficientes lecciones. La Unión Europea tardó varios años en construir su Ley de Inteligencia Artificial, consultando universidades, empresas tecnológicas, organismos reguladores, especialistas en derechos humanos y expertos en innovación. Estados Unidos mantiene un modelo basado en lineamientos ejecutivos y regulación sectorial, mientras otras naciones apenas comienzan a definir sus propias estrategias.
México no puede improvisar.
El riesgo es que la discusión termine convertida en otro espectáculo legislativo donde predominen las consignas políticas sobre el conocimiento científico. Ya conocemos esa película. Se convoca a foros, se organizan mesas de trabajo, abundan los discursos sobre el futuro y, al final, aparece una ley llena de buenas intenciones, conceptos ambiguos y disposiciones imposibles de aplicar.
Lo verdaderamente preocupante es que el Estado mexicano todavía enfrenta enormes rezagos en materia de digitalización gubernamental. Existen dependencias que continúan operando con expedientes físicos, archivos desordenados, sistemas incompatibles entre sí y trámites que obligan al ciudadano a recorrer ventanillas como si internet nunca hubiera sido inventado. En esas condiciones, hablar de liderar la regulación mundial de la Inteligencia Artificial resulta, por decir lo menos, optimista.
La tecnología avanza a una velocidad que rebasa los tiempos tradicionales de la política. Mientras un Congreso discute una iniciativa durante meses, las plataformas tecnológicas ya desarrollaron nuevas versiones de sus modelos. Cuando finalmente se publica una ley, es frecuente que parte de su contenido haya quedado rebasado por la realidad.
Eso no significa renunciar a legislar. Significa legislar con inteligencia.
México necesita reglas claras para evitar el uso de la Inteligencia Artificial en campañas de desinformación, fraudes digitales, suplantación de identidad, manipulación electoral o discriminación algorítmica. También necesita impulsar la innovación científica, fortalecer la investigación universitaria y generar condiciones para que las empresas desarrollen tecnología nacional competitiva.
La regulación debe proteger derechos sin asfixiar la innovación. Debe ofrecer certeza jurídica sin convertirse en un obstáculo burocrático. Y, sobre todo, debe construirse escuchando a quienes verdaderamente conocen el tema, no únicamente a quienes levantan la mano cuando su partido les indica que es momento de opinar.
La Inteligencia Artificial no distingue colores partidistas ni obedece mayorías legislativas. Funciona con datos, evidencia, ciencia y desarrollo tecnológico. Precisamente los elementos que con demasiada frecuencia escasean cuando algunas decisiones públicas se toman más desde la lógica política que desde el conocimiento especializado.
Ojalá esta vez el Congreso sorprenda para bien. Ojalá el debate sea serio, plural y técnicamente sólido. Porque México sí necesita una legislación moderna. Lo que no necesita es otra colección de discursos triunfalistas destinados a anunciar una grandeza que después termina estrellándose contra la realidad administrativa.
Porque el mayor riesgo para México no es la Inteligencia Artificial: es seguir creyendo que la improvisación política puede sustituir al conocimiento y luego vender cada ocurrencia legislativa como si fuera un logro histórico.
La deuda que nunca debió durar 28 años
Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay noticias que merecen aplauso. Y hay noticias que, antes del aplauso, exigen memoria.
La cancelación definitiva de la bursatilización de los 199 municipios de Veracruz es, sin duda, una buena noticia. Lo sería para cualquier alcalde que, sin haber firmado un solo documento en 2008, estaba obligado a seguir pagando una deuda heredada hasta 2036. Lo es también para los ciudadanos, porque esos recursos ya no saldrán de las participaciones federales que deberían destinarse a pavimentar calles, reparar escuelas, mejorar sistemas de agua potable o fortalecer la seguridad pública.
Pero celebrar el final no debe hacernos olvidar el origen.
Porque la bursatilización no fue un accidente financiero. Fue una decisión política.
En 2008 se presentó como una fórmula moderna para adelantar recursos a los municipios y acelerar el desarrollo. El discurso era seductor: obtener dinero inmediato respaldando ingresos futuros. Lo que pocos explicaron fue el costo real de ese “adelanto”. La deuda inicial fue de mil 208 millones de pesos, pero la ingeniería financiera —indexada a UDIS, con tasas superiores al mercado y un esquema de retención automática de participaciones— convirtió ese compromiso en una pesada losa para varias generaciones de administraciones municipales.
Los números hablan por sí solos.
Los municipios ya habían pagado dos mil 573 millones de pesos y todavía les faltaban otros dos mil 266 millones hasta 2036. Es decir, terminarían desembolsando casi cuatro veces el monto originalmente contratado.
Eso, financieramente, tiene un nombre.
Y políticamente también.
La diferencia es que los ciudadanos fueron quienes pagaron la factura.
Platicamos al término de la ceremonia en Palacio de Gobierno con el alcalde de Álamo, José “Pepe” Arenas quien nos explicó que durante casi dos décadas, presidentes municipales de todos los partidos llegaron y se fueron con un porcentaje de sus participaciones federales retenido automáticamente para cubrir una obligación que ellos no contrataron. Gobernaron con menos recursos, mientras la deuda seguía intacta como una hipoteca perpetua sobre el futuro de sus municipios.
Señaló que lo verdaderamente relevante del anuncio realizado por la gobernadora Rocío Nahle no es únicamente que se haya liquidado la deuda.
Es la explicación de cómo fue posible hacerlo.
La revisión del fideicomiso permitió localizar mil 085 millones de pesos existentes en cuentas de participaciones, soporte y fondo de reserva que, según la información oficial, no habían sido transparentados ni al Gobierno del Estado ni a los propios municipios. A esos recursos se sumó una aportación cercana a los 500 millones de pesos para extinguir completamente el pasivo.
Pancho López el filósofo ateniense xalapeño asegura que la pregunta resulta inevitable.
¿Cómo pudieron permanecer más de mil millones de pesos dentro de un fideicomiso sin que durante años nadie explicara con claridad su existencia, su destino o su disponibilidad?
Responder esa pregunta vale tanto como haber liquidado la deuda.
Porque la transparencia no consiste únicamente en informar cuánto se paga.
También exige explicar cómo se administran los recursos públicos durante todo el proceso.
Los alcaldes tienen razones para celebrar. Recuperan recursos que antes desaparecían automáticamente hacia un fideicomiso financiero. Podrán destinar ese dinero a infraestructura, servicios públicos y obra social. Para municipios pequeños, donde cada peso cuenta, el beneficio será tangible.
Pero la lección trasciende el alivio financiero.
La bursatilización se convirtió durante años en un ejemplo de cómo un mecanismo diseñado para facilitar inversión puede terminar hipotecando el futuro cuando prevalecen condiciones financieras desfavorables, contratos poco transparentes y supervisión insuficiente.
No basta con cerrar el expediente.
Hace falta abrir el de las responsabilidades políticas.
Porque alguien diseñó ese esquema.
Alguien lo aprobó.
Alguien lo promovió como una solución extraordinaria.
Y durante casi veinte años nadie corrigió un modelo que obligó a los municipios a pagar mucho más de lo que originalmente recibieron.
La política tiene un extraño talento para socializar los costos y privatizar los aplausos. Cuando un proyecto fracasa, nadie aparece como responsable. Cuando finalmente se corrige, abundan quienes buscan fotografiarse con el resultado.
La diferencia entre administrar y gobernar consiste precisamente en eso: un administrador paga deudas; un gobernante procura que esas deudas nunca vuelvan a nacer.
La verdadera tragedia no fue que hoy se haya liquidado una deuda: fue que durante dieciocho años miles de veracruzanos pagaran, con obras que nunca llegaron, el precio de una decisión financiera que jamás debió convertirse en herencia para generaciones enteras.