- Rúbrica .
/ Por Aurelio Contreras Moreno /
El daño que el régimen encabezado –por lo menos, formalmente- por Claudia Sheinbaum Pardo le está haciendo al país es de proporciones incalculables.
La deriva autoritaria en la que la presidenta de la República decidió sostenerse en el inicio de su sexenio no solo significa la demolición del Poder Judicial y en consecuencia instantánea, de la división de poderes. Es la destrucción del estado de Derecho, con todas las implicaciones que eso tiene para la convivencia social en una nación asolada por la violencia.
Al negarse a acatar la suspensión que le ordena bajar del Diario Oficial de la Federación la publicación del bodrio de reforma judicial y entrar en un desacato abierto, la primera mujer presidenta opta por la vía del autoritarismo en lugar de la de las leyes. Porque en todo caso, cuenta con vías jurídicas para combatir la resolución si la considera arbitraria o que excede las atribuciones de la jueza de distrito de Coatzacoalcos que la emitió.
En lugar de eso, Sheinbaum amenazó con someter a juicio político a la juzgadora, la exhibió en su “mañanera reloaded” –otra prueba más de que no llegaron todas al poder, como reza la propaganda oficial, sino solamente las que pertenecen a su camarilla política- y simple y llanamente desobedeció el mandato judicial, rompiendo con eso el orden constitucional y metiendo al país en un brete autocrático, en el que la voluntad del poderoso está por encima de cualquier estamento legal. Literalmente, fue su “no me vengan con que la ley es la ley”, digno de una república bananera y no de un Estado democrático.
De por sí, el estado de Derecho en México siempre ha sido frágil debido a lo endeble que son sus instituciones, fácilmente corruptibles y sometidas por el poder presidencial, lo cual se ha agudizado en los últimos años con la restauración del viejo régimen proto-priista que ha representado el morenato gobernante, idéntico en sus formas e ideas a los gobiernos del nacionalismo revolucionario que no admitían oposición real y que creían que tenían el “derecho” de gobernar para siempre y como les diera la gana.
La embestida del régimen no solo contra el Poder Judicial, sino contra cualquier orden jurídico que se le oponga y en términos prácticos, contra la normalidad democrática, es una invitación al caos: abre la puerta para que nadie respete la de por sí enclenque legalidad en este país. Que se imponga la ley del más fuerte como forma de “convivencia”. Y eso solo puede llevar a elevar los niveles de violencia, de por sí fuera de control y que a menos de un mes de su inicio, ha exhibido a un gobierno rebasado, incapaz, sin respuesta a los problemas y, en buena medida, cómplice. Solo ver lo que pasa en Sinaloa y el apoyo a un gobernador claramente coludido con criminales.
Y las consecuencias van, más temprano que tarde, a pegar en el ámbito económico. Si la presidenta de México abierta, públicamente, anuncia que no va a cumplir con la ley, ¿quién en su sano juicio va a considerar arriesgar su dinero invirtiendo en México? ¿Qué garantía va a tener una empresa de que no le van a expropiar sus inmuebles porque un buen día se aduzcan “razones de Estado”, “soberanía” o cualquier pretexto de los que suelen utilizar los gobiernos populistas?
El mensaje que está dando Claudia Sheinbaum es el de que en México priva la ley de la selva. Y al final, los principales afectados seremos todos los habitantes de este país, regalado a una camarilla de corruptos autoritarios a cambio de limosnas que quién sabe hasta cuándo se puedan seguir repartiendo.
Cuando finalmente se abran los ojos, ya será tarde.
De pena ajena
Vaya perfiles está incluyendo la gobernadora electa Rocío Nahle en lo que será su gabinete: desde el principal operador de la construcción de la refinería que no refina -pero costó tres veces más de lo estimado- e implicado en las transas de Odebrecht con Pemex, a un eximio representante de la filosofía del 99.9 por ciento de lealtad y 0.1 por ciento de capacidad, rechazado cinco veces por incompetente para varios cargos federales y que ahora va a “aprender” de derecho ambiental con cargo al erario de Veracruz.
Tampoco es que nos deba extrañar mucho.
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