El Gobierno debe extender la prohibición de inmovilizar a las embarazadas a otros casos.
Abril 2024.- Durante una sesión de la Cámara de Representantes la semana pasada, el Ministerio de Justicia de Japón anunció la ampliación una directiva enviada inicialmente a todas las instituciones penitenciarias en 2014 que prohibía el uso de medios de coerción en las mujeres embarazadas encarceladas dentro de las salas de parto. La reforma es un paso muy necesario para proteger los derechos de las mujeres en las prisiones japonesas.
La nueva directiva, publicada el 18 de marzo, incluye ahora la prohibición efectiva de esposar a las mujeres embarazadas durante “el transporte a instituciones médicas externas” y “a su llegada a la institución sanitaria y hasta entrar en la sala de partos” como “situaciones en las que el uso de medios de inmovilización es inadecuado”.
La revisión se produce después de que el ministro de Justicia, Ryuji Koizumi, admitiera durante una sesión de la Cámara de Representantes en febrero que las autoridades penitenciarias violaron la directiva de 2014 en seis ocasiones entre 2014 y 2022. En ese momento, el ministro de Justicia dijo que el gobierno japonés tomaría “medidas apropiadas.”
En noviembre, Human Rights Watch publicó relatos de mujeres anteriormente encarceladas que describieron violaciones de este tipo ocurridas a otras mujeres en prisión.
Sujetar a las personas encarceladas durante el parto contraviene las normas internacionales. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) establecen que “nunca se utilizarán instrumentos de coerción con las mujeres durante el trabajo de parto, el parto o inmediatamente después de éste”.
Además, los comentarios de los expertos sobre las Reglas de Bangkok afirman que utilizar ” las ataduras corporales, como los grilletes … en las mujeres embarazadas durante los traslados a los hospitales, los exámenes ginecológicos y el parto … viola las normas internacionales”.
Durante la sesión, la legisladora de la oposición Mizuho Fukushima presionó al gobierno para que aclarara la prohibición de las ataduras. “Entendemos que las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok establecen que no se deben utilizar medios de coerción con las mujeres en trabajo de parto, y nuestra nueva directiva las tiene en cuenta”, respondió un funcionario del Ministerio de Justicia.
El gobierno japonés debería ampliar aún más la prohibición, prohibiendo el uso de medios de atadura con las reclusas embarazadas durante las revisiones médicas, incluidos los exámenes ginecológicos, e inmediatamente después del parto. Las autoridades deben garantizar que las personas encarceladas están adecuadamente informadas de su derecho legal a solicitar permiso para tener a su hijo consigo en prisión, sujeto a la aprobación del director de la cárcel, y animar a los directores de las prisiones a considerar estas solicitudes con rapidez y comprensión.
El gobierno también debe animar a los fiscales a utilizar el Código de Procedimientos Penales de Japón y suspender las condenas de las personas encarceladas que lleven 150 días o más de embarazo, entre otros motivos.
Fuente: hrw.org
