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25.09.2026 Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.— La seguridad pública de Juchitán de Zaragoza quedó bajo responsabilidad de fuerzas estatales y federales, luego de la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano y del despliegue de un operativo en las instalaciones de la Policía Municipal, en medio de una investigación por presuntos vínculos de servidores públicos con una estructura dedicada a la extorsión y otros delitos.
La intervención se intensificó este viernes 25 de septiembre, cuando elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal ingresaron a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal para revisar las instalaciones, al personal, las patrullas y el armamento de la corporación.
El despliegue ocurre dos días después de la aprehensión de Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, quien fue detenido el 23 de septiembre junto con otra persona durante una operación coordinada por instituciones federales y estatales. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, ambos contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.
La investigación federal señala que las indagatorias están relacionadas con una presunta red dedicada al cobro de piso y extorsión a comerciantes y empresarios, además de narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios. Las autoridades también investigan posibles esquemas de protección que habrían permitido la operación de grupos delictivos en la región.
La detención del alcalde abrió además un problema de conducción política del municipio. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció este viernes que instruyó al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, para solicitar formalmente al Congreso estatal la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza.
La medida todavía requiere el procedimiento correspondiente ante el Poder Legislativo estatal. El anuncio del gobernador no significa, por sí mismo, que el ayuntamiento haya desaparecido jurídicamente. En caso de que el Congreso apruebe la solicitud, se contempla la designación de una persona encargada de la administración municipal para conducir temporalmente los asuntos públicos.
El planteamiento del Ejecutivo estatal se produce ante la falta de una autoridad que haya asumido formalmente la conducción del gobierno municipal después de la captura del alcalde. El suplente registrado de Sánchez Altamirano es Mariano Rosado López, quien no había tomado protesta y cuya situación permanece bajo atención pública en medio de las investigaciones.
En paralelo, las instituciones de seguridad reforzaron su presencia en el territorio juchiteco. El Gobierno de Oaxaca informó que más de 250 elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá fueron desplegados en coordinación con Marina y Defensa, mediante patrullajes, puestos de control y recorridos de vigilancia.
La intervención de la Policía Municipal también incluye una revisión de los agentes. Los elementos fueron convocados en la Comisaría y se les solicitó presentarse con sus respectivas patrullas y armas de fuego. Hasta el momento, los reportes disponibles no indican que se hayan producido detenciones durante esta revisión específica.
La situación se agravó después de la captura del alcalde, cuando policías municipales y civiles realizaron bloqueos en algunos accesos carreteros con la intención de impedir el traslado de Sánchez Altamirano. La Fiscalía de Oaxaca abrió una investigación para establecer quiénes participaron en esas acciones.
A la detención del presidente municipal se sumó un segundo arresto relacionado con la estructura de seguridad de Juchitán. El 24 de septiembre, la Fiscalía General del Estado informó la captura de John Keny Moreno Segura, quien había ocupado el cargo de comisionado de la Policía Municipal.
Según la Fiscalía estatal, Moreno Segura es investigado por su probable responsabilidad en delitos contra la investigación y seguridad del Estado y por presuntamente brindar protección al grupo denominado “Los Cromos”. La autoridad oaxaqueña sostiene que esa organización opera como una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo de Tehuantepec. Se trata de imputaciones de las autoridades que deberán ser acreditadas dentro de los procedimientos judiciales correspondientes.
El caso tiene antecedentes. En junio de 2025, fuerzas estatales y federales ya habían intervenido la Policía Municipal y el Centro de Control y Comando (C2) de Juchitán mediante la denominada Operación Sable. En aquella intervención se realizaron revisiones de armamento, equipos y sistemas de vigilancia.
En esa ocasión, la Fiscalía de Oaxaca reportó el hallazgo de armas, municiones y chalecos sin registro, además de irregularidades en el sistema de videovigilancia. La autoridad informó que las imágenes de las cámaras municipales eran transmitidas en espejo a personas que no estaban autorizadas para recibirlas, situación que fue investigada como una posible forma de vigilancia utilizada por grupos delictivos.
El nuevo despliegue, por tanto, ocurre en un municipio que ya había sido objeto de una intervención de seguridad y que ahora enfrenta simultáneamente una crisis en su gobierno municipal, una revisión de su Policía y nuevas investigaciones contra servidores públicos.
El Gobierno de México informó que la captura de Sánchez Altamirano formó parte del Operativo Enjambre, mediante el cual participan Marina, Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y autoridades estatales. La investigación federal también derivó en el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera a personas relacionadas con los hechos.
La detención del alcalde constituye uno de los hechos más relevantes de una investigación que ha llevado a las autoridades a revisar no solamente la actuación de integrantes de la Policía Municipal, sino también posibles redes de protección dentro de la administración pública. Una interrogante es quien sostenía a este alcalde Morena y cuantos más en la misma condición, no solo en Oaxaca, sino en todo el país.
Juchitán, ubicado en el Istmo de Tehuantepec, es uno de los principales municipios de Oaxaca y tiene relevancia económica y regional por su actividad comercial y su ubicación estratégica en el corredor del Istmo.
La intervención de las fuerzas de seguridad ocurre mientras las autoridades estatales buscan mantener las actividades económicas y administrativas y evitar que el conflicto derivado de las investigaciones genere un vacío de autoridad.
La decisión definitiva sobre el futuro del gobierno municipal corresponderá al Congreso de Oaxaca, mientras las investigaciones penales contra el alcalde detenido, el excomisionado policiaco y otras personas señaladas por las autoridades continúan su curso.