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/ Itzel Arellano Cruces*/
El reciente proceso electoral del 2 de junio de 2024 ha encendido alarmas sobre un problema que amenaza la integridad de nuestra democracia: la sobrerrepresentación parlamentaria. Con un 58.4% de la votación, la coalición de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México busca ocupar el 75% de los escaños en la Cámara de Diputados, es decir, 372 de los 500 diputados. Este intento descarado de manipulación desafía la lógica democrática y viola las normas constitucionales.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 54, establece un límite del 8% a la sobrerrepresentación. Esto significa que, con el 58.4% de los votos, la coalición gubernamental debería tener un máximo de 332 diputados, no los 372 que a la mala buscan adjudicarse. Este exceso no es solo cuestión de matemáticas, sino una agresión directa a la voluntad del pueblo mexicano.
La sobrerrepresentación es más que un número inflado de escaños; es una distorsión peligrosa de la representación popular. Permite a una coalición política consolidar un poder excesivo, anulando efectivamente las voces de millones de ciudadanos que no votaron por ellos. Atenta en contra de la confianza en nuestras instituciones democráticas y amenaza con transformar nuestro sistema de gobierno en una dictadura de facto, donde un solo grupo puede modificar la Constitución a su antojo sin contrapesos efectivos.
La división de poderes es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Cuando un partido o coalición sobrepasa los límites de representación justa, se destruye la pluralidad y se fomenta un ambiente de desconfianza y polarización. Las implicaciones son profundas: una mayoría calificada permite a Morena y sus aliados aprobar reformas constitucionales sin necesidad de negociar ni consensuar con otras fuerzas políticas y abre la puerta a cambios que pueden ser perjudiciales para la diversidad de pensamiento y el equilibrio democrático que tanto valoramos.
En momentos como estos, es crucial que las instituciones electorales y la ciudadanía estemos vigilantes. Defender la equidad en la representación es un deber legal y un acto de protección de nuestra democracia. No podemos permitir que el poder se concentre de manera desproporcionada, ignorando la voluntad popular y los principios fundamentales que rigen nuestro sistema político.
La historia nos ha enseñado que la concentración de poder en manos de unos pocos rara vez conduce a resultados positivos para la mayoría. Es nuestra responsabilidad, como ciudadanos y como nación, asegurar que nuestras instituciones funcionen conforme a los principios constitucionales y que la voz de cada mexicano sea escuchada y respetada.
*Jefa de Oficina de la Coordinación del GPPAN en la Cámara de Diputados
