**Paralaje.
/ Liébano Sáenz /
Finalmente, en la Corte, la mayoría del pleno resolvió sobre la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica. Los votos, aunque mayoritarios, no fueron suficientes para declararla como tal, y en la conciencia de cada ministro queda el sentido de su decisión. Las palabras del Presidente López Obrador el día previo, no tuvieron el mejor sentido sobre el valor supremo de la legalidad y fueron una presión innecesaria a un órgano colegiado que con la votación, demostró autonomía y responsabilidad.
De hecho, el que se mantenga la ley eléctrica no significa que los particulares queden expuestos a la arbitrariedad. Queda abierta la vía del amparo para que se salvaguarden los derechos constitucionales de los gobernados y de las empresas. La afrenta al medio ambiente y a la libre competencia habrá de resolverse por esa vía.
La determinación de la Corte debería modificar la urgencia del gobierno sobre la aprobación de la reforma constitucional. Pero mañana tendrá lugar la consulta para la revocación de mandato y es un tema que presiona de forma natural a la polarización del país. El resultado de ese ejercicio será menos relevante que el de todo el proceso, a lo largo del cual se exhibió un grave daño a la legalidad y a la institucionalidad democrática.
La revocación no tuvo una afortunada redacción en la Constitución y consecuentemente en la ley reglamentaria. Más allá de la previsible retórica triunfalista, prevalecerá en muchos el sentimiento de oportunidad perdida y hasta de fracaso.
Debe preocupar que la magnitud y gravedad de las infracciones previas a la consulta robustecen la posibilidad de que, quienes impugnen y acrediten violaciones, logren que se anule el conjunto del procedimiento, sobre todo si ocurre una movilización desenfrenada y, desde luego, ilegal.
Lo más delicado de la consulta no es la polémica, ni siquiera la baja participación ciudadana. Es que lo ocurrido se vuelva precedente e implique que se puede ignorar la ley, especialmente por las autoridades. Esto significaría tanto como regresar a los peores momentos de la historia política del país. Por lo pronto será fundamental la defensa del INE ante el previsible embate del gobierno y sus personeros.