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/Ana Laura Magaloni Kerpel./
El Poder Judicial federal (PJF), sin duda, está viviendo una encrucijada política muy complicada de conducir. Para navegarla de mejor manera es indispensable analizar el contexto en el que se inserta y buscar moverse de una conversación polarizada, como las que le gustan al Presidente, a una en donde se dibuje “otra” agenda de justicia, más cercana a lo que siente la gente.
López Obrador hereda un sistema de justicia cuya arquitectura y funcionamiento cimientan la desigualdad social y generan desconfianza en la ciudadanía. En un contexto como el actual, estas asignaturas pendientes juegan en contra y vulneran la capacidad de las cabezas del Poder Judicial para hacerles frente a los ataques, los recortes y las reformas que se proponen llevar a cabo el Presidente y su partido.
Nuestro sistema de justicia, en mi opinión, tiene dos grandes debilidades. En primer término, tal y como funciona y está diseñado, es un sistema inaccesible para al menos 70% de la población. Ello es así porque en México las puertas de acceso a la justicia siempre han estado cerradas para muchísimas personas: las defensorías públicas son insuficientes y de mala calidad y todos los procesos judiciales, hasta en los que se litigan cosas muy sencillas, son barrocos, complicados y requieren de abogados. Es así como el sistema de justicia deja en la marginalidad jurídica a la inmensa mayoría de las personas, que no pueden defenderse frente al abuso y atropello de otras personas o de las autoridades. El desamparo jurídico es la experiencia cotidiana de muchísimas personas en México. Aunque esta marginalidad tiene que ver centralmente con el mal funcionamiento de las instituciones locales (jueces, defensores, fiscales, etc.), muy posiblemente cuando el Presidente critica a la Corte, todas estas personas que viven en la marginalidad jurídica apoyan lo que él dice. ¿Cómo comunicar que las soluciones que propone el Presidente dejan intocada su marginalidad jurídica, pero, a la vez, que dicha marginalidad es muy injusta y grave en términos colectivos?
El segundo gran problema de nuestro sistema de justicia tiene que ver con su credibilidad: todos sabemos que en México es posible, para un grupo selecto de personas, incidir en el resultado judicial, bien sea a través del dinero, o por medio de las influencias políticas o ambas. Tratándose del PJF, la corrupción y el tráfico de influencias son mucho menores que en el caso de los poderes judiciales locales. Sin embargo, los electores no distinguen entre un juez federal y uno local. Además, existe una experiencia colectiva que nos dice que en México importa más quién eres y a quién conoces que lo que dice la ley. La tremenda impunidad en casos graves de corrupción es prueba de ello. Sin duda, esta percepción colectiva juega en contra de la Corte y el PJF en este contexto.
Le toca a la ministra presidenta, Norma Piña, y al resto de las cabezas del Poder Judicial, procurar que el embate de Morena no termine destruyendo lo que sí funciona en nuestro sistema de justicia. Ello creo que no va a suceder si la confrontación es polarizada, blanco o negro, todo o nada. Para salirse de ese encuadre, hay que hablar de la verdadera agenda de justicia pendiente, de las enormes y dolorosas asignaturas de acceso y de calidad, de la gran desconexión entre la justicia de arriba, en la Corte, y la de abajo, en los juzgados locales. También hay que hablar de los casos de corrupción y de cómo se deberían detectar y sancionar. Quizá de esta manera comencemos a hablar de lo que sí importa que suceda en materia de justicia y cuán lejos está de ello lo que proponen el Presidente y su partido.
