/ Ana Laura Magaloni Kerpel /
El Presidente no va a parar su campaña contra la Suprema Corte. Esa campaña es perfecta para su objetivo: cohesionar a los morenistas y sus votantes para enfrentar el proceso electoral del 2024. ¿Qué genera más cohesión entre las y los morenistas y sus votantes que sentir que se está peleando una guerra heroica movida por la indignación colectiva hacia las élites y sus privilegios? De eso está hablando otra vez el Presidente cuando critica a la Corte. Lo mismo sucedió en el caso del INE.
La campaña en contra de la Corte desde la cuenta de Twitter del Gobierno de México ha estado rudísima. Todo indica que de lo que se trata es de colocar a las y los ministros como parte de ese grupo de funcionarios públicos que se han beneficiado extraordinariamente de los recursos públicos y de sus posiciones de poder. Además, justo esta semana, la confrontación con la Corte subió de tono.
En primer término, el Presidente anunció que se va a llevar a cabo una consulta popular para preguntarle a la gente si se debe o no elegir a las y los ministros por voto popular. Además, cinco horas después de que el Pleno invalidara el artículo del decreto presidencial de 2021 que declaraba de interés público y seguridad nacional las obras prioritarias para esta administración, el Presidente emitió un nuevo decreto con el mismo contenido para algunas de sus obras. ¿Qué implicaciones tiene algo así?
No son buenas noticias para la autoridad y legitimidad del máximo tribunal. Si a la Corte la colocan como una “institución opositora”, ¿quién es el árbitro? Lo que está haciendo el Presidente es diluir de muchas maneras la autoridad del máximo árbitro del país. Si no es la Corte, entonces, ¿cómo se pacifican los conflictos entre quienes están en el poder y quienes no están de acuerdo con sus decisiones? ¿Quién puede entonces definir los límites de la “cancha de juego” en donde se disputa el acceso y el ejercicio del poder? En una democracia, el tamaño de la cancha del juego lo define la ley, no la política.
A diferencia de lo que sucedió con el INE, donde la Corte estuvo y está presente para ejercer control sobre las decisiones legislativas, en el caso de la propia Corte ya no hay otro árbitro. ¿Quién juzga y arbitra un conflicto entre Ejecutivo y Judicial? Lo que queda es el poder o la fuerza. Además, es importante considerar que amplios sectores de la población pueden hacer eco con las críticas del Presidente hacia la Corte. No porque tenga razón el Presidente, sino porque muchas personas tienen una mala percepción de las instituciones de justicia en general. Veamos, por ejemplo, cómo funcionan las fiscalías, los juzgados de primera instancia, las defensorías públicas locales, etcétera.
La inmensa mayoría de la población nunca accede a un tribunal federal, ni mucho menos litiga sus asuntos en la SCJN. Para ellos sólo existen las instituciones locales -fiscalías, juzgados y defensorías- para hacer valer sus derechos. Prácticamente todos los conflictos entre personas inician en la jurisdicción local y el acceso a la justicia federal sólo es para quien tiene posibilidades de pagar un juicio de tres instancias, es decir, para muy pocos. La justicia en México es inaccesible para la mayoría. ¿Cómo no estar indignados y enojados con el sistema de justicia?
Pero, además, en realidad la pregunta clave es cómo podemos recordar colectivamente lo que significa vivir en un régimen político sin contrapesos, donde el poder absoluto puede atropellar derechos de minorías, políticas de Estado, órganos autónomos o el más elemental cuidado por el medio ambiente, por decir algo. Lo más preocupante es ver cómo va subiendo de tono una confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial que pudiese generar escenarios de ruptura en el orden constitucional. ¿Cómo bajarle el volumen a la confrontación pública? ¿O será que todos los actores involucrados ya descontaron trasladarla al 2024? Ello me parece el mayor riesgo para la Corte, pero, sobre todo, para el futuro del país.
