*Paralaje.
/Liébano Sáenz/
Es de sentido común ver en la evaluación un medio indispensable para la calidad en cualquiera de sus expresiones. Se requiere método y técnica; las resistencias razonables no rechazan la evaluación, objetan la manera como se aplica y los resultados que no siempre son los deseables. Esas objeciones se atienden corrigiendo el instrumento, no suprimiéndolo. En materia educativa siempre habrá necesidad de un proceso que certifique la calidad, y debe estar presente en el aula, la escuela y fuera de ella.
Los mediocres rechazan la evaluación porque medir exhibe diferencias, insuficiencias y responsabilidades. Se ha caído en la trampa de confundir evaluación con sanción, cuando su propósito es producir evidencia para mejorar. El proyecto educativo del régimen adolece de fallas evidentes, y debilitar la evaluación es una de ellas, porque elimina referentes objetivos para conocer aprendizajes, desempeño docente, brechas educativas y eficacia de las políticas públicas.
Las observaciones al reciente reporte de PISA coinciden en un deterioro educativo difícil de desestimar. Comparto esa preocupación, con un reconocimiento al gobierno y una crítica a su política en la materia.
Fue encomiable la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum para mantener la participación de México en PISA; en el gobierno anterior se habían expresado reservas. Sin embargo, participar en una evaluación internacional debería ser apenas el punto de partida. Habría sido útil ampliar el ejercicio nacionalmente para contar con información desagregada por grupos demográficos, regiones, niveles de gobierno y educación pública y privada.
El balance es contundente: la llamada Escuela Mexicana ha fracasado. Una educación deficiente profundiza la desigualdad, limita la movilidad social y reduce la capacidad de las personas para enfrentar los desafíos de la modernidad y aspirar a una vida digna. Es especialmente injusto condenar al rezago a lo más preciado y prometedor que tiene un país.